Casa de la Mujer

Olga Amparo Sánchez Gómez

El patriarcado no desaparece cuando los varones llegan al poder, tampoco cuando se reconocen progresistas, defienden la igualdad o se identifican con proyectos de transformación social. Sus prácticas pueden permanecer intactas en las relaciones afectivas, sexuales, familiares, laborales y políticas, incluso cuando sus discursos dicen lo contrario. 

Por eso, las discusiones sobre la vida privada y la intimidad de quienes ejercen el poder merecen una reflexión que vaya más allá de la coyuntura política y de las lealtades partidistas. Desde el feminismo tenemos preguntas que no podemos dejar de hacer: ¿dónde termina la intimidad y dónde comienzan las responsabilidades públicas?, ¿qué relaciones de poder se reproducen detrás de determinadas prácticas sexuales y económicas?, ¿qué significa defender la emancipación de las mujeres mientras se conservan privilegios masculinos? No se trata de juzgar la vida íntima de las personas, sino de reconocer que ninguna identidad política exime a los varones de revisar sus prácticas y responder por las relaciones de poder que reproducen.

¿Cuál es la línea que separa la vida privada de la intimidad?

Los actos de un gobernante o una gobernante, líder o lideresa política pueden revelar su carácter, sus posibles conflictos de interés y su coherencia con las leyes y con el proyecto político al que se adscribe. Un hecho de la vida privada se convierte en objeto de escrutinio público cuando afecta el bien común, compromete el ejercicio de las funciones públicas o pone en cuestión la imagen de integridad ética y política construida en torno a quien gobierna.

La intimidad, por su parte, constituye un ámbito personal que merece especial protección. Abarca los pensamientos no expresados, los sentimientos afectivos, la vida sexual —siempre que no afecte los derechos de terceras personas—, las comunicaciones estrictamente familiares y las vivencias de la conciencia. Ni los fines políticos ni el derecho a la información justifican una invasión indiscriminada de este espacio. Si su exposición pública carece de relevancia para el interés general, no contribuye al debate democrático y vulnera la dignidad humana, no puede justificarse por el cargo que ostente la persona.

Revelar la intimidad de alguien, sin importar su origen o posición, puede convertirse en una forma de voyerismo, difamación o destrucción moral y, con el tiempo, en un instrumento de persecución política. Sin embargo, es importante no confundir la protección de la intimidad con el encubrimiento de conductas que comprometen el ejercicio del poder, el uso de los recursos públicos o los derechos de otras personas.

El patriarcado también habita la sexualidad y el mercado

Hay una reflexión en la que queremos centrarnos: las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro Urrego nos obligan a mirar la persistencia de las prácticas patriarcales en todos los resquicios de la sociedad colombiana: en la casa, en la cama, en los espacios laborales, comunitarios, educativos, políticos e institucionales.

Las mujeres vivimos rodeadas de puteros: abuelos, padres, hermanos, compañeros, esposos, amigos, jefes e incluso hijos. Reconocer esta realidad no minimiza ni justifica que los varones se crean con el poder y el derecho a pagar por sexo; al contrario, nos ayuda a comprender la dimensión política de estas prácticas y a dejar de verlas como comportamientos individuales, aislados o excepcionales.

Que los puteros paguen por sexo no es un asunto exclusivamente privado ni una simple transacción entre personas que, en teoría, son formalmente libres e iguales. Se trata de una práctica inscrita en un orden patriarcal de dominación, objetivación y cosificación de los cuerpos de las mujeres. Estas prácticas reproducen la idea de que los varones pueden disponer de nuestra sexualidad y satisfacer sus deseos y fantasías mediante el dinero, mientras que las mujeres quedamos reducidas a objetos de consumo y satisfacción.

En este punto, conviene retomar la reflexión de Michel Foucault sobre el poder y la sexualidad. Esta no es solo una realidad natural, individual y privada: también es un ámbito donde se construyen discursos, normas, jerarquías y relaciones de poder. El poder no se limita a prohibir o reprimir; también moldea la manera de entender los cuerpos, clasifica los deseos, define lo que se considera normal y organiza las posibilidades de vivir la sexualidad. Desde esta perspectiva, la mercantilización del sexo no puede analizarse únicamente como un intercambio económico; también es necesario preguntarse qué relaciones de poder la hacen posible y qué desigualdades e injusticias atraviesan ese intercambio.

La crítica feminista a la mercantilización del cuerpo de las mujeres permite profundizar aún más en esta discusión: cuando la sexualidad se convierte en mercancía, el dinero es vehículo para una relación desigual. La capacidad económica de unas personas se traduce en el poder de disponer de los cuerpos y la sexualidad de otras. Por tanto, no estamos ante un intercambio que pueda entenderse al margen de las condiciones materiales, sociales y políticas en las que se produce.

El intercambio sexual mercantilizado, aunque se presente como un acuerdo entre personas libres, no puede ocultar las relaciones de poder que lo atraviesan. Vale la pena preguntarnos quién cuenta con los recursos para pagar, quién se encuentra en la posición de intercambiar sexo por dinero y qué condiciones materiales y sociales limitan esa supuesta libertad. No podemos dar por sentada la autonomía cuando las desigualdades y las injusticias estructurales condicionan las decisiones, las opciones disponibles y las posibilidades reales de las mujeres.

La ética de los proyectos políticos también se juega en la vida cotidiana

Y aquí queremos plantear una reflexión que consideramos ineludible: ¿qué significa ser progresista? ¿Qué sentido tiene defender un proyecto político que se proclama transformador, emancipador y comprometido con la igualdad si sus prácticas reproducen las mismas relaciones de poder que dice combatir?

Una propuesta progresista no debe evaluarse únicamente por sus discursos, programas o reivindicaciones públicas. También es necesario examinar las relaciones que sus dirigentes establecen en el ejercicio del poder, el uso de los recursos públicos y la manera en que se relacionan con las mujeres. No hay transformación democrática posible si se mantienen intactos los privilegios masculinos, si se tolera la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres o si las reivindicaciones feministas se invocan únicamente cuando resultan convenientes para una disputa política.

No se trata de exigir pureza moral ni de alimentar linchamientos públicos. Se trata de algo mucho más importante: reconocer que la lucha contra el patriarcado no admite excepciones por afinidades ideológicas, lealtades partidistas ni simpatías personales. Ningún dirigente, por progresista que se declare, está por encima de la crítica feminista. Y ninguna denuncia debe ser desestimada por el cargo político que ocupa la persona señalada.

La coherencia ética requiere que se respeten los principios de igualdad, autonomía, dignidad y justicia, y que se apliquen también en las relaciones personales, sexuales, laborales y políticas. De lo contrario, el progresismo corre el riesgo de convertirse en un discurso de transformación social que, en sus propias prácticas, conserva las estructuras de dominación que pretende superar.

No queremos feminismos al servicio de gobiernos, partidos, dirigentes ni proyectos políticos. Queremos feminismos emancipatorios, con autonomía crítica, capaces de cuestionar al poder, venga de donde venga. La emancipación de las mujeres no puede quedar subordinada a ninguna lealtad política, y no habrá democracia radical mientras nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestra capacidad de decidir sigan siendo territorios de apropiación y disputa.

Tampoco habrá democracia ni progresismo mientras los varones mantengan sus prácticas puteras y reproduzcan entre sí pactos de complicidad e impunidad que protegen sus privilegios y perpetúan la dominación sobre las mujeres.

La invitación es a atreverse a romper con el patriarca que habita en cada uno, que orienta su quehacer político y determina sus relaciones con las mujeres. No basta con declararse progresista: hay que cuestionar y transformar las prácticas patriarcales que se reproducen en la propia vida.