Colombia enfrenta nuevas formas de violencia y control territorial con categorías de seguridad construidas para una criminalidad diferente al de hace 30 y 20 años. Mientras el Estado siga concentrando buena parte de su diagnóstico en indicadores como homicidio, hurto, lesiones y extorsión, tendrá dificultades para identificar cómo las organizaciones criminales controlan poblaciones, economías, territorios y decisiones, y por tanto para diseñar respuestas capaces de disputar ese poder.

Medir delitos no es suficiente para comprender la seguridad

Desde comienzos de la década de 1990, la política de seguridad ciudadana consolidó un conjunto relativamente estable de indicadores para conocer la criminalidad. Estos permitieron comparar territorios, orientar recursos y evaluar resultados. El problema aparece cuando aquello que resulta más fácil de medir termina definiendo aquello que el Estado considera prioritario.

El homicidio es un buen ejemplo. Su reducción puede ser una señal positiva, pero no necesariamente significa que un territorio sea más seguro. Una organización criminal puede disminuir la violencia visible mientras fortalece mecanismos de control social, extorsión, regulación de mercados, restricciones a la movilidad o captura de actividades económicas. El resultado puede ser menos violencia registrada y, al mismo tiempo, mayor capacidad criminal para ordenar la vida cotidiana.

El problema, entonces, no es solamente que falten indicadores. Es que seguimos mirando la seguridad principalmente desde el delito y no desde las capacidades de control que construyen las organizaciones criminales.

El poder criminal también se ejerce sobre la vida cotidiana

En distintos territorios, estas organizaciones ya no necesitan disputar abiertamente el poder estatal para ejercer poder. Pueden controlar corredores, mercados, economías informales e ilegales, resolver conflictos, imponer reglas, administrar rentas y establecer relaciones con actores legales. También pueden combinar coerción con corrupción, intermediación económica y formas de reconocimiento social.

Esta transformación exige cambiar la pregunta. No basta con saber cuántos homicidios, hurtos o extorsiones ocurrieron. Es necesario conocer quién controla qué, cómo lo controla, qué rentas obtiene, qué relaciones establece con las economías legales y qué capacidad tiene el Estado para disputar ese control.

La información disponible tampoco permite comprender suficientemente quiénes participan en estas economías y de qué manera. Las mujeres, por ejemplo, pueden aparecer como víctimas de violencia, pero también participan en distintos eslabones de economías criminales y desarrollan estrategias de supervivencia en territorios donde esas economías tienen un peso significativo. Lo mismo ocurre con jóvenes y otros grupos cuya relación con los mercados ilegales no puede reducirse a las categorías de víctima o victimario.

Una mirada feminista para comprender las relaciones de poder

Esto tiene una dimensión de género que no es secundaria. Como han mostrado Cynthia Enloe y Joni Seager, las formas en que los Estados producen conocimiento sobre seguridad no son neutrales: determinan qué violencias se vuelven visibles, cuáles reciben recursos y cuáles permanecen fuera de la agenda. Jacqui True ha mostrado, además, que las violencias contra las mujeres están relacionadas con estructuras económicas, políticas y sociales que atraviesan los conflictos y las economías ilícitas.

Por eso, incorporar un enfoque de género e interseccional no significa añadir algunas variables a las bases de datos. Significa preguntarse qué relaciones de poder estamos dejando fuera cuando medimos la seguridad y qué efectos diferenciados tienen las estrategias estatales sobre quienes viven en esos territorios.

Una perspectiva de justicia feminista exige reconocer que la seguridad no puede evaluarse exclusivamente por la reducción de determinados delitos, sino también por la capacidad de las personas para vivir sin violencias, ejercer sus derechos, participar en las decisiones que afectan sus vidas y desarrollar sus proyectos de autonomía. Esto implica identificar las formas diferenciadas en que el control criminal afecta a mujeres, niñas, jóvenes, personas sexo-género diversas y comunidades, así como evitar que las respuestas institucionales reproduzcan exclusiones, estigmatizaciones o nuevas vulneraciones de derechos.

Una agenda de seguridad que reconozca las capacidades desiguales de los territorios

El desafío es particularmente relevante para el próximo Plan Nacional de Desarrollo. Colombia necesita actualizar su marco estratégico de seguridad, defensa y justicia para pasar de una mirada centrada principalmente en la ocurrencia del delito a otra capaz de identificar riesgos, capacidades criminales y formas de control territorial.

Esto supone complementar los indicadores tradicionales con información sobre presencia y evolución de organizaciones criminales, economías bajo su influencia, fuentes de financiación, lavado de activos, vínculos con mercados legales, mecanismos de control social y capacidad institucional. También exige medir algo que suele quedar relegado: la capacidad efectiva del Estado para proteger a la población, garantizar derechos y disputar los espacios donde otros actores están ejerciendo autoridad.

La discusión no debería reducirse a si necesitamos más policías, más militares o más cárceles. Esas capacidades pueden ser necesarias, pero serán insuficientes si el Estado no entiende con precisión el fenómeno que pretende enfrentar y, además, desconoce las profundas diferencias en las capacidades de los territorios para hacerlo. Colombia no enfrenta al crimen organizado desde municipios con las mismas condiciones fiscales, técnicas, institucionales y de infraestructura.

Mientras algunos gobiernos locales cuentan con equipos especializados, mayores recursos de inversión, capacidad para producir y analizar información y mejores posibilidades de coordinación con las instituciones nacionales, muchos municipios rurales, dispersos, fronterizos o alejados de los grandes conglomerados urbanos operan con plantas de personal reducidas, alta rotación de funcionarios, menores ingresos propios y capacidades técnicas y financieras limitadas.

Allí, la distancia geográfica también se convierte en una desventaja institucional: la presencia estatal puede ser intermitente, los servicios de justicia pueden estar lejos y las autoridades locales pueden tener pocas herramientas para comprender y responder a estructuras criminales que, en cambio, conocen profundamente el territorio.

Las categorías municipales y las brechas de capacidad de inversión deberían, por tanto, formar parte del diagnóstico de seguridad. No es razonable exigir los mismos resultados ni diseñar la misma respuesta para un municipio con alta capacidad institucional y otro que enfrenta condiciones estructurales de precariedad estatal. Las estrategias de seguridad deben reconocer estas diferencias y fortalecer de manera diferenciada las capacidades de los territorios para producir información, prevenir, investigar, coordinar y responder al crimen organizado. De lo contrario, el Estado corre el riesgo de medir como ausencia de criminalidad lo que en realidad puede ser ausencia de capacidad para verla y enfrentarla.

El Plan Nacional de Desarrollo que está en formulación tiene la oportunidad de cerrar la brecha entre la transformación de la criminalidad y la capacidad del Estado para comprenderla y responder a ella. Esto exige reconocer las capacidades diferenciadas de los territorios y fortalecer, especialmente en los municipios con mayores brechas institucionales y menores capacidades técnicas, financieras y de coordinación.

La prioridad no debería ser simplemente aumentar la respuesta frente al delito, sino aumentar la capacidad del Estado para entender dónde, cómo y sobre quién se ejerce el poder criminal y la violencia. Solo así la seguridad, la defensa y la justicia podrán responder a las dinámicas que hoy están transformando los territorios y la vida cotidiana de quienes los habitan.

Por: Sonia Lucia Cardona

FUENTE: https://www.lasillavacia.com/