En el Día Internacional de los Cuidados, la directiva explica cómo un sector que aporta el 19,9% del PIB y más de $340 billones a la economía colombiana puede convertirse en la palanca clave de productividad, empleo formal femenino y sostenibilidad fiscal del país.

En el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para visibilizar la importancia del trabajo de cuidados, la discusión sobre el trabajo doméstico y asistencial no remunerado se sitúa en el centro del debate económico y de las políticas públicas en Colombia.

Lejos de limitarse a una agenda asistencial, el diseño de instrumentos de planificación territorial y nacional ha llevado este tema hacia un análisis de productividad, sostenibilidad fiscal e inserción laboral formal. En entrevista con Forbes Colombia, María Inés Salamanca, directora país de ONU Mujeres en Colombia, analizó el impacto macroeconómico de estas labores, las propuestas institucionales para su regulación, la articulación con el sector empresarial y las metas de cobertura territorial que busca fijar el país.

El trabajo doméstico y de asistencia no remunerado concentra una porción relevante de la actividad económica interna, superando en magnitud a sectores tradicionales de la producción nacional. Según las mediciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) citadas durante el diálogo, estas tareas equivalen a 340,5 billones de pesos.

Respecto a esta dimensión financiera, Salamanca señala:

“los cuidados representan el 19.9% del PIB del país. Eso indica también que el trabajo doméstico no remunerado, los cuidados, los apoyos representan incluso más que a sectores claves económicos del país”.

La directora sostiene que la formalización y descarga de estas actividades hacia servicios articulados permitiría dinamizar los mercados productivos y facilitar la inserción de capital humano a la economía formal.

Pese a que Colombia registra actualmente la mayor proporción de mujeres graduadas de la educación superior en su historia, esta formación no se traduce de manera proporcional en el mercado de trabajo, donde solo el 34,2% accede a empleo formal remunerado.

Salamanca asocia este desbalance con la pobreza de tiempo derivada de jornadas domésticas que superan las siete horas diarias. Para atender estas asimetrías geográficas y sociales, distintas administraciones territoriales han desarrollado respuestas descentralizadas. Salamanca explica que el país “ya cuenta con más de 24 sistemas locales de cuidados que han ido adaptando de acuerdo a las necesidades de los propios territorios”.

Como contraste operativo, detalla que mientras en áreas urbanas densas “Bogotá ha avanzado en las manzanas de cuidado, que esas manzanas de cuidado son reconocidas a nivel internacional”, en regiones rurales como Cumbal, en Nariño, se ha optado por implementar un esquema adaptado a comunidades indígenas dispersas.

En el análisis presupuestal, la destinación de recursos a infraestructura social opera bajo parámetros de rentabilidad medibles. Proyecciones técnicas internacionales refieren que subsanar los déficits de inversión en cuidado infantil y de largo plazo permitiría crear 299 millones de empleos a escala global hacia 2035.

Salamanca argumenta técnicamente:

“Invertir en cuidado no es un gasto, sino que una inversión que tiene retornos importantes a la sociedad”.

La directiva complementa que soluciones como las lavanderías comunitarias en Villavicencio devuelven disponibilidad de horario para la capacitación o los negocios de las mujeres, al tiempo que las adecuaciones de infraestructura física facilitan la autonomía y la inclusión laboral activa de las personas con discapacidad.

En materia de gobernanza pública, la representante advierte que la dispersión entre carteras de hacienda, salud, educación o trabajo suele generar duplicidades administrativas y trámites reiterados.

Ante ello, sugiere que los instrumentos de planeación contemplen “una sola entidad, que sea rectora y que articule todos los actores que deberían estar involucrados en esta construcción de la Agenda de Cuidados en Colombia”. Dicha entidad debe integrar al sector privado, la sociedad civil organizada y las instancias locales, emulando la jerarquía institucional que implementó Uruguay para coordinar la oferta institucional y evitar sobrecostos en escenarios de ajuste fiscal.

El sector privado también asume compromisos operativos a través de políticas de corresponsabilidad dentro y fuera de los hogares. Mediante la alianza con la Embajada de Canadá en el programa “Entornos que cuidan” y el trabajo con entidades gremiales como la Cámara de Comercio del Cauca, se han promovido tecnologías de ahorro de tiempo en el trabajo y esquemas de flexibilización laboral. Salamanca destaca que la redistribución del cuidado trasciende un beneficio sectorial:

Esta afirmación se respalda en estudios aplicados en 16 países, donde el 90% de los padres manifiesta que la atención familiar es altamente gratificante y el 89% coincide en que debe valorarse de forma equivalente a un empleo remunerado.

La agenda se vincula de igual forma con las garantías de seguridad territorial contempladas en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU.

En zonas de conflicto, la persistencia de amenazas directas y la falta de servicios de apoyo restringen la viabilidad comercial de los emprendimientos liderados por mujeres. Salamanca apunta que una política nacional articulada debe fijar metas concretas, como “ampliar el número y llegar, por ejemplo, a 50 sistemas locales de cuidado”, dotar con infraestructura a los municipios de sexta categoría, aprobar una ley con financiamiento permanente y conformar un registro único de personas cuidadoras.

De forma paralela, la reforma pensional de 2027 se perfila como una vía técnica para computar los años de servicio doméstico no remunerado y mitigar la desprotección económica en la vejez.

Frente al panorama presupuestal global, en el que se asignan anualmente 2,7 billones de dólares a gastos militares frente a un déficit de 420.000 millones de dólares para el financiamiento de la igualdad, Salamanca señala que el sostenimiento de la gestión técnica radica en el trabajo en territorio.

Al respecto, enfatiza: “Para mí lo que me llena de energía y optimismo es cuando uno está en contacto con las personas, con la gente”, haciendo referencia al seguimiento de iniciativas comunitarias en zonas como Chocó y el Catatumbo. Al proyectar los resultados estratégicos esperados de su misión en Colombia, Salamanca sostiene: “Yo diría si pudiéramos avanzar en esta agenda de cuidados, realmente dejarlo instalado, sería un hito muy importante”, complementado con avances sustanciales en la protección de las defensoras de derechos humanos.

La articulación entre las experiencias regionales acumuladas y una estructura legal unificada define el rumbo de la sostenibilidad socioeconómica del país. La meta de transferir los modelos locales a una política de Estado busca asegurar que las capacidades instaladas perduren con independencia de los ciclos electorales territoriales de 2027. En este marco, Salamanca cierra con una importante reflexión:

“Invertir en cuidados no es un gasto, sino que es una inversión con retornos importantes para el desarrollo y la productividad del país”

FUENTE: FORBES