Melanie hizo todo lo que se suponía que debía hacer. Fue a un consultorio médico, retiró sus pastillas anticonceptivas y confió en el sistema de salud público. Meses después, estaba embarazada. Las pastillas le fallaron y el Estado chileno fue responsable.

‌No fue la única. En 2020, cerca de 277.000 anticonceptivos defectuosos fueron distribuidos a través del sistema público de salud de Chile. Algunas cápsulas del blíster llegaron vacías; otras contenían pastillas húmedas o trituradas. En varios casos, las pastillas activas y las de placebo estaban intercambiadas. Más de 200 mujeres quedaron embarazadas como consecuencia, aunque la cifra real probablemente sea mayor. En 2024, Women’s Link y nuestra aliada, la organización Miles Chile, acompañamos en la representación legal de siete de esas mujeres en una demanda contra el Estado chileno. En ella, ellas pedían que el país reconociera las consecuencias económicas, emocionales y vitales de haber privado a tantas mujeres de su autonomía reproductiva.

‌Muchas conversaciones se centran en el acceso: ¿cuántas mujeres tienen un método a su disposición?, ¿cuántas lo usan?, ¿cuánto ha crecido la cobertura? Son preguntas necesarias, sin duda. Pero casos como el de Melanie exigen que nos hagamos preguntas distintas: ¿qué pasa cuando tener acceso a un anticonceptivo no implica que sea seguro, efectivo y confiable? ¿Qué pasa cuando el Estado no cumple con su deber de verificar que lo sea?

‌Lo de Chile no es un hecho aislado. En Uganda, Emma recibió un implante hormonal a través de un programa de salud pública. Un mes después del procedimiento, estaba embarazada. Al igual que con Melanie, el método había fallado por falta de verificación en la cadena de suministro y por fallas de calidad. Detrás de su experiencia había un gobierno que no cumplió lo que había prometido: garantizar que los anticonceptivos que importaba, suministraba y distribuía a las mujeres realmente funcionaran. En Women’s Link, junto con nuestra aliada Women with a Mission, llevamos ante la Corte Constitucional de Uganda un caso en nombre de dos mujeres que exigen al Estado que reconozca esta falla y repare el daño causado.

‌Los datos de la región de África del Este confirman que esto no es excepcional. En Kenia, un anticonceptivo inyectable fue prohibido en 2012 por fallas de seguridad, pero sigue circulando en mercados informales, afectando principalmente a mujeres de bajos ingresos. En Ruanda, aunque el uso de anticonceptivos pasó del 17% al 64% entre 2005 y 2020, el sesgo de proveedores y la desinformación siguen empujando a muchas mujeres hacia embarazos no planeados ni deseados. En Tanzania, persisten vacíos en la cadena de suministro y estigmas culturales que limitan el acceso real, más allá de las cifras.

‌El patrón se repite también en América Latina y el Caribe: las mujeres más expuestas a productos defectuosos o a sistemas que fallan son las mismas que históricamente han sido excluidas de una atención médica de calidad. Son mujeres en situación de pobreza, mujeres rurales, mujeres indígenas y afrodescendientes cuyos cuerpos, han sido tratados como terreno de experimentación y no como sujetos de derecho con acceso garantizado a la salud. El mapa de las fallas anticonceptivas reproduce casi exactamente el mapa de la desigualdad. El acceso, por tanto, debe ir de la mano de la calidad y del deber de control por parte de los Estados.

‌Los casos de Chile y Uganda muestran que el acceso a los anticonceptivos no puede ser el punto final para los Estados. La autonomía reproductiva requiere sistemas de salud que funcionen, una regulación farmacéutica efectiva, un control de calidad real en cada eslabón de la cadena de distribución y mecanismos de rendición de cuentas cuando alguno de estos falla. Sin eso, el acceso se convierte en una promesa vacía o, peor aún, en una fuente de daño disfrazada de derecho adquirido.

‌Esto también nos obliga a mirar hacia la cooperación internacional y la filantropía que durante medio siglo han financiado buena parte de esta infraestructura: la píldora, el dispositivo intrauterino (DIU), los sistemas de distribución que llevaron anticonceptivos a millones de mujeres en países que no podían costearlos por sí solos. Después de décadas invirtiendo en ampliar el acceso, cabe preguntarse: ¿se está invirtiendo para garantizar que aquello a lo que las mujeres acceden sea también seguro, de calidad y responda a lo que ellas necesitan? ¿O se sigue midiendo el éxito solo en cifras de cobertura, sin mirar qué pasa después, cuando el sistema falla?

‌Las personas que toman decisiones deben plantearse la pregunta incómoda: cuando un sistema de salud falla y las consecuencias recaen sobre el cuerpo y la vida de una mujer, ¿quién responde? Melanie, Emma y cientos de mujeres en Chile y en Uganda esperan que la respuesta sea: que los Estados asuman la responsabilidad, rindan cuentas y las reparen. Nuestro trabajo como sociedad es acompañar estas luchas y exigir rendición de cuentas para que los sistemas de salud honren la autonomía reproductiva de todas las personas que depositan su confianza en ellos.

FUENTE: EL PAIS