Activistas feministas, defensoras de derechos humanos y congresistas de distintos partidos realizaron un acto simbólico en defensa del derecho al aborto. La acción fue convocada por las congresistas María Fernanda Carrascal y Jennifer Pedraza, junto al movimiento Causa Justa. Se sumaron las congresistas Catherine Juvinao, Aida Quilcué, Esmeralda Hernández, Natalia Moreno, Alejandra Omaña, Laura Beltrán (Lalis), Ana Erazo y el representante Mauricio Toro, entre otros.

En el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, este martes 29, activistas feministas, defensoras de derechos humanos e integrantes de Causa Justa (el movimiento de la sociedad civil que logró en 2022 la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24) ingresaron al Congreso y realizaron un acto simbólico junto a congresistas de distintos partidos comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres, antes de la plenaria. Las congresistas María Fernanda Carrascal y Jennifer Pedraza convocaron, junto al movimiento Causa Justa, la acción. Se sumaron las congresistas Catherine Juvinao, Aida Quilcué, Esmeralda Hernández, Natalia Moreno, Alejandra Omaña, Laura Beltrán (Lalis), Ana Erazo y el representante Mauricio Toro, entre otros.  

A pesar del intento de saboteo de una congresista antiderechos que llegó a empujar y agredir a las asistentes, entre ellas nuestra editora general, las asistentes y congresistas pro derechos finalizaron el acto con pañuelazo, arengas y firmando un compromiso por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho al aborto.

El acto se suma a las distintas actividades realizadas en todo el país por la despenalización global del aborto, exigiendo al Estado garantizar el acceso sin barreras al aborto legal, un derecho y un servicio esencial de salud. En Bogotá, la plataforma de articulación Somos un Rostro Colectivo convocó a cerca de 1000 personas, en su mayoría mujeres, en un plantón bajo la consigna “La marea verde crece. El aborto libre se defiende”. 

En vísperas del #28S, el movimiento Causa Justa también realizó un acto simbólico frente al Ministerio de Salud, “para recordarle a las instituciones de salud que garantizar nuestro derecho a la salud y nuestros derechos sexuales y reproductivos es su obligación, independiente del gobierno de turno, en todo momento”, como dijeron voceras del movimiento en su pronunciamiento. Y, a lo largo y ancho del país, organizaciones y colectivas integrantes del movimiento realizaron más de 26 actividades en 13 ciudades, en la séptima edición del Festival Causa Justa. 

El derecho al aborto en Colombia: un piso sólido de más de 2 décadas

En Colombia, el aborto es libre hasta la semana 24 desde 2022 (Sentencia C-055) y, a partir de ese punto, es legal en las 3 causales contempladas desde 2006 (Sentencia C-355) y cuenta con un respaldo constitucional construido a través de más de 30 decisiones de la Corte Constitucional durante las últimas dos décadas. Su reconocimiento como derecho no depende del gobierno de turno. Sin embargo, las demoras y las fallas en la prestación de los servicios de salud siguen dificultando su ejercicio.

La mayoría de quienes solicitan el servicio lo hacen durante las primeras 12 semanas de gestación; los casos que superan ese término se deben a barreras de acceso y falta de información asociada a estigmas sociales. Los registros de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización pionera del Movimiento Causa Justa, muestran cómo han cambiado las necesidades de acompañamiento desde la sentencia C-055 de 2022. Las barreras más frecuentes continúan siendo las demoras administrativas, remisiones sucesivas e inoperantes entre prestadores, falta de información sobre los servicios disponibles y desabastecimiento de medicamentos. En gestaciones avanzadas, a estas fallas se suman la necesidad de personal especializado, el estigma y los intentos de persuadir a las personas para que desistan del servicio.

Cuando la atención se demora, las desigualdades se profundizan

Las barreras no tienen las mismas consecuencias para todas las personas. En el caso de niñas y adolescentes, la intervención de terceros puede vulnerar la intimidad y la confidencialidad de la atención. Para quienes consultan en etapas avanzadas de la gestación, cada demora dificulta encontrar personal y servicios adecuados. Las personas migrantes, por su parte, pueden enfrentar cobros indebidos y requisitos que no se exigen al resto de la población.

Estas situaciones evidencian que el acceso al aborto no puede depender de la capacidad de cada persona para identificar una ruta, insistir ante una entidad o superar una remisión sin respuesta. Es deber del Estado garantizar el derecho al aborto en todo el territorio nacional.

FUENTE: VOLCANICAS