En Colombia, la falta de agua potable y de saneamiento no afecta a todos por igual. Son las mujeres quienes cargan el agua, cuidan a los enfermos que deja la contaminación del agua y administran la escasez. Una política hídrica que no considere esa realidad seguirá dejando atrás a la mitad del país.

Un problema que se mide en litros y en horas

Cuando se habla de agua y saneamiento en Colombia, el debate suele quedarse en las coberturas, las tuberías y los presupuestos. Todo eso importa. Pero detrás de cada punto porcentual sin acueducto hay una pregunta que las estadísticas rara vez responden: ¿Quién va por el agua cuando no llega por el grifo? En la mayoría de los hogares rurales y periurbanos la respuesta es la misma: una mujer o una niña.

No es una intuición. El informe más reciente del Programa Conjunto de Monitoreo de la OMS y Unicef señala que en la mayoría de los países con datos disponibles, las mujeres y las niñas son las principales responsables de recoger agua. Ese trabajo no aparece en las cuentas nacionales, no tiene salario y rara vez figura en los planes de desarrollo. Sin embargo, sostiene la vida cotidiana de millones de familias.

La brecha colombiana

Colombia suele presentarse como un país con una buena cobertura de agua. Las cifras urbanas lo confirman, pero también ocultan una desigualdad profunda. La Contraloría General de la República advirtió que más de cinco millones de personas aún carecen de agua potable, cerca de 12,5 millones no cuentan con alcantarillado sanitario y 8,6 millones no tienen recolección de basuras.

La geografía de esa carencia es elocuente. Según el mismo órgano de control, en 2024 la brecha urbano-rural fue del 36% en acueducto, del 78,4% en alcantarillado y del 67,5% en aseo, y la Amazonia sigue rezagada con apenas 46,8% de cobertura en acueducto, frente al 93,6% en la Región Andina. Incluso donde hay redes, el servicio es intermitente: en 190 municipios el acueducto solo funciona unas doce horas al día, mientras que en las principales ciudades supera las 23,5 horas.

Cada una de esas horas sin agua tiene una consecuencia concreta: alguien debe llenar tanques, hervir, almacenar, racionar y limpiar. Ese alguien, casi siempre, es una mujer.

El tiempo que el agua les roba

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE ofrece una radiografía precisa. En el período 2024-2025, las mujeres dedicaron, en promedio, 7 horas y 34 minutos diarios al trabajo no remunerado, frente a 3 horas y 13 minutos de los hombres. En la región Oriental, que incluye a Santander, las mujeres alcanzan 8 horas y 21 minutos diarios de trabajo no remunerado.

Buena parte de ese tiempo se dedica al agua: cocinar, lavar la ropa, limpiar la vivienda, bañar a los niños y cuidar a los adultos mayores. Cuando el agua no llega o llega sucia, cada una de esas tareas se multiplica. La falta de acueducto se convierte así en una carga de tiempo que les resta a las mujeres horas para estudiar, trabajar y generar ingresos, participar en política o simplemente descansar.

Además, hay un costo de salud que también recae sobre ellas. El agua contaminada provoca diarreas, parasitosis y enfermedades de la piel, sobre todo en la infancia. Y en Colombia, como en casi todo el mundo, el cuidado de los enfermos sigue siendo un asunto de madres, abuelas e hijas.

Saneamiento: dignidad, seguridad y salud menstrual

Si el agua es un problema de tiempo, el saneamiento es un problema de dignidad. Un hogar sin baño obliga a buscar un lugar al aire libre, con frecuencia de noche, lo que supone riesgos de violencia para mujeres y niñas. La ausencia de un baño privado y con agua también convierte la menstruación en un obstáculo.

El Programa Conjunto OMS-Unicef incorporó por primera vez datos de salud menstrual de setenta países y encontró que aunque la mayoría de las mujeres tiene materiales y un lugar privado, muchas no disponen de suficientes materiales para cambiarse con la frecuencia necesaria, y las adolescentes de 15 a 19 años participan menos que las mujeres adultas en actividades como la escuela, el trabajo o la vida social durante la menstruación. El dato es claro: sin agua ni baños adecuados en las casas y los colegios, las niñas pierden clases y oportunidades.

En Colombia la situación de las escuelas rurales es preocupante. Unicef señaló que, según el índice Welbin 2022, solo cinco de cada diez escuelas rurales del país cuentan con puntos de lavado de manos funcionales. Una escuela sin agua es una escuela que, poco a poco, expulsa a las adolescentes.

Las mujeres no son solo víctimas: son gestoras del agua

Sería un error presentar a las mujeres únicamente como afectadas. En miles de veredas son ellas quienes sostienen los acueductos comunitarios, recaudan las cuotas, vigilan las bocatomas, reforestan las microcuencas y exigen a las Alcaldías el cumplimiento de sus obligaciones. En el Pacífico, en la Sierra Nevada, en las provincias de Santander y en las comunidades indígenas y afrodescendientes, el conocimiento sobre el agua se transmite con frecuencia a través de la línea femenina.

Ese saber rara vez se traduce en poder de decisión. Las juntas directivas de las empresas de servicios, las mesas técnicas y los consejos de cuenca siguen siendo espacios mayoritariamente masculinos. Reconocer a las mujeres como gestoras del agua implica brindarles representación real, financiación a sus organizaciones comunitarias y asistencia técnica que respete sus formas de trabajo.

Lo que dice el derecho

El marco jurídico existe. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en 2010 el derecho humano al agua y al saneamiento. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Colombia, obliga, en su artículo 14, a garantizar a las mujeres rurales condiciones de vida adecuadas, incluido el abastecimiento de agua y los servicios sanitarios. La Constitución de 1991, en su artículo 366, establece que la satisfacción de las necesidades insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable es un objetivo fundamental de la actividad del Estado. Y la Corte Constitucional ha reiterado que el acceso al agua para consumo humano es un derecho fundamental.

El problema no es la ausencia de normas, sino la distancia entre el papel y la vereda.

Un presupuesto que retrocede

Esa distancia puede crecer. La Contraloría advirtió que el Presupuesto General de la Nación de 2026 contempla una reducción del 53% en los recursos de inversión del sector: los fondos para agua potable y saneamiento básico pasarían de $1,5 billones en 2025 a $0,7 billones en 2026. En un país donde la brecha rural ya es enorme, recortar la inversión en agua equivale a trasladar el costo a los hogares. Y dentro de los hogares, ese costo lo pagan las mujeres con su tiempo, su salud y sus oportunidades.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Hacerlo exige algo más que obras.

Cinco decisiones necesarias

Primero, medir con enfoque de género. Colombia necesita saber cuánto tiempo dedican las mujeres a conseguir agua, cuántas niñas faltan al colegio por falta de baños y cuántas familias dependen de acueductos comunitarios liderados por mujeres.

Segundo, dar prioridad a la inversión rural. Cerrar la brecha en el acceso al alcantarillado y al agua potable en el campo es, en la práctica, una política de igualdad para las mujeres.

Tercero, garantizar agua y baños dignos en todas las escuelas, con condiciones adecuadas para la salud menstrual.

Cuarto, fortalecer los acueductos comunitarios mediante recursos, asistencia técnica y seguridad jurídica, y asegurar la participación paritaria de las mujeres en su dirección.

Quinto, incorporar el cuidado en la planeación hídrica. Cada kilómetro de tubería que se construye libera horas de trabajo femenino. Ese beneficio debe medirse y valorarse en la evaluación de los proyectos.

El agua como medida de la igualdad

La forma como un país distribuye el agua dice mucho de cómo distribuye la dignidad. Mientras una niña de la Amazonia o de Chocó tenga que caminar por agua o dejar de ir a clase por no contar con un baño, la igualdad consagrada en la Constitución seguirá siendo una promesa incompleta.

Hablar de mujeres y agua no es hablar de un tema sectorial. Es hablar de tiempo, de salud, de educación, de seguridad y de poder. Es, en última instancia, preguntarnos quién sostiene la vida en Colombia y qué le está devolviendo el Estado a cambio.

FUENTE: https://razonpublica.com/