Columna escrita por Angélica Beltrán, columnista invitada.

Una de las principales propuestas del actual gobierno para enfrentar la crisis penitenciaria y de seguridad en Colombia es la construcción de diez megacárceles. La iniciativa no busca únicamente reducir el hacinamiento, también pretende fortalecer la seguridad, bajo la premisa de que estos establecimientos permitirían aislar a personas consideradas de alta peligrosidad e impedir que continúen delinquiendo desde prisión. Pero hay una pregunta fundamental: ¿son realmente estos perfiles los que mayoritariamente llenan nuestras cárceles? ¿Es la construcción de megacárceles una respuesta efectiva para la reducción de la criminalidad?

La evidencia muestra una realidad distinta: una parte importante de la población privada de la libertad está vinculada a delitos de drogas y ocupa posiciones bajas dentro de las economías ilegales; además, las cárceles siguen siendo la medida privativa de la libertad más ineficiente para prevenir la reincidencia en conductas criminales, en contraste con medidas como la detención domiciliaria y la vigilancia electrónica.

Esta discusión no puede desligarse del contexto internacional actual. La propuesta aparece en un momento de renovada cooperación entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, mientras vuelve a circular la idea de un “Plan Colombia 2.0” y de recuperar a Colombia como aliado estratégico de Washington en la región. 

Hay un problema con esta propuesta, ya la intentamos y falló.

El Plan Colombia original dejó una huella profunda: militarización, securitización y fortalecimiento del aparato penal. Volver a profundizar esa lógica sin evaluar sus resultados sería insistir en una fórmula cuyos límites conocemos.

En el libro Entre rejas y violencias: Criminalización y violencias contra las mujeres en el sistema penitenciario colombiano se aborda cómo a comienzos de los años 2000, en el marco del Plan Colombia y de la llamada “Nueva cultura penitenciaria”, Estados Unidos apoyó técnica y financieramente la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en Colombia. La capacidad del sistema aumentó aproximadamente 40%, con más de 30.000 nuevos cupos lo que posibilitó una reducción del hacinamiento en un 25,5%,. Apenas diez años después, el hacinamiento volvió a niveles cercanos al 40%.

Más cárceles no permitieron superar el hacinamiento ni reducir la criminalidad. Significaron más capacidad para encarcelar.

La historia de la llamada “guerra contra las drogas” ofrece una advertencia todavía mayor. En el mundo, más de dos millones de personas están privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas. Según la iniciativa Count the Costs, en Estados Unidos, las personas encarceladas por estos delitos pasaron de unas 38.000 a más de 500.000 en cuatro décadas. La persecución penal recayó especialmente sobre los eslabones más débiles: consumidores, personas con problemas de dependencia y pequeños vendedores, sin que el encarcelamiento masivo haya desmantelado las grandes economías ilegales.

En el mundo y en Colombia, esta política tiene además un impacto diferenciado por género. El tráfico, fabricación o porte de estupefacientes ha sido históricamente el principal delito por el que las mujeres llegan a prisión: en 2018 representaba el 45,2% de las mujeres privadas de la libertad, frente al 18,9% entre los hombres, según la Corte Constitucional. Muchas ocupan posiciones marginales y fácilmente sustituibles dentro de las cadenas del narcotráfico; otras llegan a estas economías atravesadas por pobreza, responsabilidades de cuidado, violencia o dependencia económica. La propia Corte Constitucional ha señalado la necesidad de replantear la respuesta frente a los eslabones débiles del narcotráfico y desarrollar estrategias diferenciadas para las mujeres.

Por eso, antes de aumentar la capacidad del encarcelamiento debemos preguntarnos a quiénes estamos encarcelando y para qué. El problema no es solamente cuántos cupos nuevos tendrá el sistema, sino qué población los ocupará, en qué condiciones y con qué resultados. 

El costo no es menor. Una megacárcel no termina cuando se inaugura: exige de manera permanente recursos para personal, alimentación, seguridad, salud, mantenimiento, servicios públicos y administración. De acuerdo con Count the Costs, la experiencia estadounidense muestra la magnitud que puede alcanzar este gasto: los gobiernos estatales y locales destinan alrededor de 25.700 millones de dólares anuales a la justicia penal asociada a drogas.

A esto se suma un asunto que merece especial atención: se ha planteado la posibilidad de construir estas megacárceles mediante alianzas público-privadas. Esto introduciría un elemento novedoso en el sistema colombiano: la inversión privada directa en infraestructura penitenciaria. Advirtiendo que cuando actores privados obtienen rentabilidad de la infraestructura penitenciaria, más personas privadas de libertad pueden significar más ganancias.

Si queremos reducir el hacinamiento y mejorar la seguridad, necesitamos discutir mucho más que nuevos cupos. Debemos revisar el uso de la prisión para delitos menores y relacionados con drogas, fortalecer alternativas a la privación de la libertad, ampliar la justicia restaurativa y atender el problema del consumo con políticas de salud pública, la prevención y la reducción de daños.

El problema no es que Colombia necesite infraestructura penitenciaria. El problema es convertir diez megacárceles en la principal respuesta a una crisis cuya raíz está en nuestra política criminal.

El hacinamiento no apareció porque nos faltaran edificios. Apareció porque durante décadas hemos utilizado la prisión como respuesta generalizada a conflictos sociales cada vez más diversos, abusando de la medida de detención preventiva, restando recursos públicos a políticas preventivas y a la reducción de la desigualdad. 

Si construimos diez megacárceles sin transformar la política que las llena, dentro de diez o 15 años podríamos tener que inaugurar otras diez.

Es tiempo de hacerlo diferente.

Angélica Beltrán

Coordinadora línea Mujeres en cárceles y libres de la Corporación Humanas. Es politóloga feminista, magíster en Comunicación Política y doctorante en Conocimiento y Cultura en América Latina. Es activista por los derechos de las mujeres y la justicia social, cuenta con diez años de experiencia laboral en las áreas de coordinación de programas, organizaciones sociales e incidencia política nacional e internacional.

FUENTE: LA SILLA VACIA