La foto con pañuelo verde es un símbolo de la carrera presidencial de Gustavo Petro en 2022, pues marcaba una alianza entre el entonces candidato y el movimiento feminista. Repasamos el cuatrienio del primer gobierno de izquierda de Colombia para calificar su gestión en materia de género.

Los claroscuros de estos cuatro años se podrían resumir en nombramientos polémicos, respaldo tácito a hombres denunciados por violencias basadas en género y declaraciones misóginas, por un lado, y mujeres feministas ocupando cargos directivos, rompiendo techos de cristal como nunca antes, por otro. 

A pocos días de la posesión de Abelardo de la Espriella hace falta preguntarse por las iniciativas concretas y las apuestas medibles del periodo Petro, sus impactos, las deudas que deja y el clima de la conversación nacional sobre derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ que recibe el ultraderechista.

Violencias basadas en género en tiempos de masculinidad tóxica

Para Jennifer Pedraza –senadora de la República– es clave recordar que el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez difícilmente habrían ganado en segunda vuelta de no haber sido por el voto de las mujeres. “Y esto es importante porque ellos destinaron una estrategia de publicidad llamada ‘El cambio es con las mujeres’, una frase muy repetida en campaña, lo cual implicaba que estrenaríamos un gobierno que tuviese como prioridad nuestra agenda”. Pero, según la senadora, fue un discurso que empezó a traicionarse rápidamente, a través de nombramientos como el Daniel Mendoza en la Embajada de Tailandia, Hollman Morris en RTVC, Víctor de Currea en la Embajada de Emiratos Árabes, denunciados públicamente por misoginia, acoso y abuso sexual. El efecto de estos nombramientos, dice Pedraza, fue una ola de tolerancia frente a estas violencias machistas.

“Resultado de todo esto hay una pérdida de legitimidad de nuestra agenda en la sociedad colombiana”, reflexiona la senadora, pues insiste en que hubo instrumentalización de las banderas del feminismo y poco diálogo con el movimiento social.

La petición desde la curul de Pedraza durante el periodo legislativo pasado, en la Cámara de Representantes, fue dejar de premiar y concentrar el poder político en hombres denunciados. Agrega que en sus alocuciones el presidente también reprodujo lenguajes sexistas, refiriéndose a la apariencia física de sus funcionarias, por ejemplo. Por otra parte, en su último discurso en plaza pública el 20 de julio, Petro aseguró que el feminicidio había caído en el país. Sin embargo, datos de fuentes externas al gobierno revelan que 2024 fue un año crítico para las mujeres, por lo que no se puede dar un parte de avance a la ligera.

El promedio de feminicidios de 2018 a 2023 se mantuvo en los 606 casos por año. Incluso, el 2023 muestra una reducción. Esto según datos del Observatorio Feminicidios Colombia, de la organización Republicanas Populares. Pero para 2024 hubo un aumento del 47.8 por ciento de casos. Es decir que dos años después de posesionado el gobierno Petro, el Observatorio registró 896 feminicidios y transfeminicidios en el país. A ello hay que agregar otra cifra demoledora: 668 tentativas ese mismo año. La Defensoría del Pueblo registró un número distinto de feminicidios para 2024, pero superior al promedio: 745 casos. 

El feminicidio constituye la manifestación más extrema de las violencias basadas en género (VBG), y suele estar precedido por amenazas y agresiones. 

Jennifer Pedraza señala lo problemático de la declaración del presidente sobre la caída de este crimen porque es incongruente con las cifras de las organizaciones que hacen monitoreo, pero también con las de la Defensoría, que evidencian años críticos como el mencionado 2024. “Lo más grave no es solo que el feminicidio siga ocurriendo, sino que el Ministerio de Igualdad tenía una promesa de prevención y atención oportuna de la violencia machista. Eso nunca se concretó más allá de una línea de atención”, explica la senadora y agrega que esta línea no estuvo activa durante toda la vigencia del MinIgualdad.

En lo que va de 2026 se han registrado 30 feminicidios consumados y 154 tentativas, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Este número solo da cuenta de casos judicializados, es decir que seguramente evidencia subregistro. Preocupa también que la labor del Observatorio Feminicidios Colombia, única organización social con un trabajo de conteo permanente, se vio suspendida el año pasado por falta de financiación, lo que dificulta el contraste con cifras judiciales.

La estrategia SALVIA para frenar violencias que se cuentan por cientos y miles

En materia de violencia intrafamiliar y de pareja contra las mujeres, la tendencia es ascendente desde la pandemia. De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 se refiriera a esta problemática y diera paso a la creación del Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de Violencias Basadas en Género, SALVIA, una estrategia del viceministerio de mujeres del MinIgualdad. Su objetivo es fortalecer las capacidades del Estado para dar respuestas oportunas e integrales frente a las violencias machistas.

Además de incluirse en el articulado de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, que expide el PND 2022-2026, SALVIA tiene un decreto que lo regula y permite su articulación con los sectores salud, protección, educación y justicia. Este sistema opera a través de la línea 155, una plataforma y una aplicación. Cifras oficiales apuntan a que, entre 2025 y 2026, SALVIA ha brindado acompañamiento a más de 60.000 víctimas de VBG, otorgado 1.344 medidas de emergencia para la protección de mujeres en riesgo y contribuido a la protección de 200 mujeres en riesgo de feminicidio, con presencia en los 32 departamentos y 255 municipios.

SALVIA transformó la línea 155 en una estrategia con equipos especializados en monitoreo, atención psicosocial, abordaje de feminicidio, gestión de alertas, entre otros enfoques, con el fin de eliminar barreras institucionales y evitar la revictimización, factores que entorpecen la denuncia y aumentan el riesgo inicial. Con una inversión de más de 39.000 millones de pesos y la formación en enfoque de género de 2.000 integrantes de la fuerza pública, organizaciones sociales valoran la creación del Sistema pero ponen sobre la mesa sus bemoles.

Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer, opina que si bien SALVIA proporciona atención inmediata, esto no garantiza la prevención. Recuerda que SALVIA deriva los casos a las instituciones competentes que tienen dificultades de operación especialmente en los territorios. “SALVIA cumple un papel importante, pero tiene que ir aparejada con los entes territoriales, porque no todas las mujeres están en Bogotá”, explica. Agrega que la debilidad estatal genera que incluso a la Casa de la Mujer lleguen casos remitidos por la institucionalidad. Sánchez concluye que los avances y desafíos que deja este gobierno frente a violencias basadas en género también tienen que ver con la falta de acción y compromiso de gobiernos locales.

Por su parte, Ale Gómez, Coordinadore de incidencia de Fundación GAAT –organización que mantuvo un diálogo sostenido con el Ejecutivo–, resalta la importancia de SALVIA en tanto es un precedente de infraestructura institucional clave para la protección de personas trans y no binarias. Señala la falta de presupuesto y personal, así como las competencias de atención a personas LGBTIQ+ como un desafío en la atención. Pero recuerda que el fenómeno de la VBG y su prevención requieren el compromiso de entidades como la Fiscalía que, a día de hoy, tiene deudas tan importantes como el avance de la investigación y judicialización en el transfeminicidio Sara Miyerei González. 

Otra de las promesas del PND fueron las alertas tempranas de feminicidio, implementadas en SALVIA a través de un tamizaje que permite medir si la persona que ingresa al sistema, por cualquiera de sus canales, está en riesgo medio, alto o inminente. 

El problema es que esas acciones no sacudieron las cifras de feminicidio –que en 2025, año en que empezó a funcionar la estrategia, se mantuvieron en el promedio– y que, de nuevo, estas sean tan disímiles si comparamos los registros oficiales con los de la sociedad civil. 

Con un promedio de 59.686 casos de violencia intrafamiliar y de pareja contra las mujeres de 2020 a 2024, preservar lo ganado es urgente para defender la vida.

La violencia contra personas LGBTIQ+ inicia con el prejuicio que se tolera

En una escala del 1 al 10, la calificación en materia LGBTIQ+ del gobierno de Gustavo Petro es de 6.5 llegando a 7, según Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo. Las principales fortalezas: nombrar por primera vez a las personas LGBTIQ+ en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Eso es: sentar un precedente y abrirse al diálogo con el movimiento social. Fruto de esa inclusión se avanzó en la implementación de la Política Pública LGBTIQ+, que dejó el gobierno Santos, y el Conpes 4147. Para Castañeda, son avances en la identificación y nominación de derechos que, sin embargo, llegaron de manera tardía y dieron pocos resultados de implementación.

De ahí la principal debilidad del gobierno: la violencia por prejuicio contra personas LGBTIQ+ se mantuvo, sin transformaciones estructurales.

El aumento del 63 por ciento de casos de violencia letal de 2024 a 2025 (de 165 a 270 homicidios) no necesariamente responde a un aumento en el fenómeno, explica Castañeda. “Podemos estar en un escenario en que la gente denuncia más. Si vemos los picos de violencia se concentran en el Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, que también son territorios con una apuesta fuerte del movimiento LGBTIQ+. En lugares como Amazonas o la Orinoquía vemos menos casos”. Castañeda afirma que el comportamiento en Bogotá es particular: “La ciudad nunca reportaba más de 15 a 20 asesinatos por año, y en 2025 tuvo 41 casos, muy cerca a Antioquia y Valle del Cauca, que históricamente han tenido los picos”. La mayoría de los homicidios en la capital ocurrieron en el barrio Santa Fe. Sea un tema de aumento de registro o de casos, Colombia continúa siendo un lugar inseguro en la región para las personas LGBTIQ+, junto a Brasil y México, según el informe ‘Un sistema que falla’.

El mismo documento contiene una frase contundente: la violencia letal “no inicia con el arma que mata, sino con el prejuicio que se tolera”. En ese sentido, la transformación cultural también es una deuda del gobierno saliente. Para el director de Caribe Afirmativo, Petro perdió una oportunidad histórica de señalar las causas estructurales de la violencia cuando se conoció el transfeminicidio de Sara Miyerei González en Bello, Antioquia.

En abril de 2025 se difundió la noticia de esta mujer trans brutalmente golpeada, con los brazos y piernas rotos, encontrada en un riachuelo donde estuvo por lo menos dos horas luchando por sobrevivir. Castañeda afirma que el grado de crueldad evidenciado en su caso es muy común contra personas LGBTIQ+ en el país. Es decir que Sara no era la primera ni sería la última. “El gobierno tuvo en sus manos la tarea de liderar una gran acción de país que nos permitiera, a través de este doloroso caso, identificar las causas estructurales y proponer política pública”, dice Castañeda, pero lo que Petro atinó a hacer fue enviar al entonces ministro de igualdad, Juan Florian, a Medellín para organizar una marcha. “Nosotros siempre hemos marchado. No necesitamos que nadie nos organice para ello”, agrega el director de Caribe.

A manera de resumen, reconoce que el gobierno siempre escuchó y conversó con el movimiento LGBTIQ+, le dio espacio en la función pública, promovió su cualificación y estatus político, y se comprometió con su agenda internacional a través de la visita del Experto Independiente de Naciones Unidas para los derechos LGBTIQ+; la formulación de la Política Exterior Feminista y la copresidencia de la Equal Rigths Coalition.

El ministerio que no fue

A manera de breve cronología: el Ministerio de la Igualdad es una de las recomendaciones que dejó la Comisión de la Verdad en su Informe Final publicado en 2022. Como mandato de la Comisión –no como obligación jurídicamente vinculante– el Ministerio significaba la posibilidad de crear la institucionalidad necesaria para proteger poblaciones excluidas históricamente. Es así como en 2023 se creó la cartera mediante la Ley 2281, con la vicepresidenta Francia Márquez a la cabeza. En mayo de 2024, luego de una demanda por vicios de trámite, la Corte Constitucional anuló la creación pero dio un periodo para que un nuevo proyecto de ley se presentara, subsanando lo ocurrido en el procedimiento anterior.

Francia Márquez no radicó el nuevo proyecto de ley. Carlos Rosero, segundo ministro de la cartera, radicó y retiró el proyecto. Y fue hasta 2025, con Juan Florian, tercer ministro, que se volvió a radicar el proyecto presentado por Rosero para iniciar los debates en el Congreso en diciembre de ese año.

A pesar del trabajo con la bancada del Pacto Histórico y los diálogos con otros sectores, promovidos por el cuarto ministro, Alfredo Acosta, el tiempo estaba en contra y el proyecto de ley se cayó con el fin de la legislatura. El ministerio entró en liquidación en junio de este año, dejando en vilo a los beneficiarios de al menos 30 programas y a 700 trabajadores.

Sobre las responsabilidades, Wilson Castañeda identifica tres problemas: primero, un alto nivel burocrático –MinIgualdad empezó con siete viceministerios y terminó con cinco, algo sumamente atípico en el Ejecutivo–; segundo, fue una cartera que se dedicó dos años y medio a diagnosticar cuando la sociedad civil viene haciendo esa labor hace décadas; tercero, limitar la inclusión a la vinculación laboral de personas LGBTIQ+. Sobre esto último, Castañeda agrega que haber tenido funcionarios en MinIgualdad fue un gran avance pero no solucionó problemas de fondo. Por su parte, Jennifer Pedraza señala las pésimas cifras de ejecución presupuestal, a pesar de tener recursos aprobados y comprometidos. 

Según datos oficiales recabados por Canal 1, al 31 de diciembre de 2025 el Ministerio de la Igualdad contaba con un presupuesto de 455.775 millones de pesos, de los cuales 107.397 se destinaron a pagos efectivos, lo que se traduce en una ejecución real del 23 por ciento. Por otra parte, con 360.155 millones destinados a inversión solo se pagaron 18.659 millones, es decir, un 5.18 por ciento.

Castañeda resalta que una gran oportunidad perdida tiene que ver con el momento neurálgico que vivieron muchas organizaciones de la sociedad civil cuando el gobierno Trump retiró las ayudas de USAID. Para las agendas LGBTIQ+ la cooperación estadounidense era fundamental. “Muchas acciones en territorios como el sur de Nariño, el Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo se finalizaron con la partida de USAID. Esa era la oportunidad para que el Estado asumiera la ausencia de cooperación, y no lo hizo”, reflexiona el director de Caribe Afirmativo.

A lo anterior hay que agregar que hoy las banderas insignia del Ministerio también están en riesgo de desaparecer bajo el gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella. Entre ellas están SALVIA y el Sistema Nacional de Cuidado. Recientemente, Caribe Afirmativo envió un SOS al gobierno Petro para que los programas LGBTIQ+, que antes estaban diseminados en distintos ministerios y pasaron a centralizarse en Igualdad durante sus años de funcionamiento, no queden acéfalos. La directriz de Petro es retornar programas a MinInterior y Prosperidad Social a través de decretos. El tiempo sigue en contra y la amenaza de reducción del Estado de ADLE es una seria amenaza.

El valor del cuidado

Expertas como Cecilia López, exministra de agricultura, aseguran que el trabajo cuidado representa el 20 por ciento del PIB del país. Es decir que se trata de un motor económico gigante pero no remunerado. Además, gracias a un fallo reciente de la Corte Constitucional, el cuidado tiene estatus de derecho fundamental autónomo en Colombia, por lo que el Estado debe garantizarlo de manera progresiva. Natalia Moreno Salamanca fue la encargada de crear el Sistema Nacional de Cuidado, bandera del gobierno Petro, adscrito al Ministerio de la Igualdad.

Moreno cumplió este papel en Bogotá en 2020, implementando un sistema distrital que funciona a partir de ‘Manzanas del cuidado’, un modelo mixto que involucra entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil y sector privado para brindar diversos servicios y espacios a mujeres cuidadoras. Sin embargo, su replicabilidad a nivel nacional es imposible, por lo que tuvo que adaptarse según las capacidades de los gobiernos locales y los desafíos en los territorios excluidos.

A pesar de los retos estructurales, el Sistema Nacional de Cuidado es una apuesta ambiciosa, contemplada en el PND, con un hito en materia presupuestal: el CONPES 4143 de 2025 compromete 25,6 billones de pesos a 10 años, articulando 35 entidades –ICBF, DNP, DANE– y 15 ministerios. Además, Moreno agrega que se trata de un modelo público-popular, es decir que no asumió a las comunidades como beneficiarias, sino como ejecutoras, implementando un enfoque étnico.

“Fueron dos años, un tiempo demasiado corto para pensar en la garantía de un derecho. Pero hay un plan: la Política Nacional de Cuidado, el CONPES 4143, que es una ruta a 10 años en la que varias entidades se comprometieron con recursos y diferentes acciones”, resume Moreno. Aclara que el CONPES es un primer paso pues hay reformas profundas pendientes

En este periodo hubo avances y una ejecución concentrada en cinco estrategias: la Red Territorial del Cuidado, que acompañó 77 entidades territoriales en el diseño e implementación de sistemas locales (como el bogotano, guardando las proporciones en cada municipio); las Comunidades del Cuidado, programa con el que se fortalecieron 239 organizaciones sociales; las Escuelas de Cuidado, con 14.735 personas formadas en fortalecimiento político y 15.899 en masculinidades cuidadoras y herramientas para la redistribución en los 32 departamentos; las Rutas del Cuidado Terrestres y Fluviales, con 1.222 personas atendidas en los pilotos de Montes de María y la Amazonía; y el diseño de instrumentos estadísticos inéditos enfocados en datos de cuidado.

El avance también es ético. Se trata de un compromiso sin precedentes con el cuidado desde todos los sectores. Las reformas laboral y pensional son prueba de ello. La presencia de feministas en cargos directivos tuvo mucho que ver con el clima favorable para esta conversación. El llamado de Moreno, entonces, es a la defensa del Sistema que ya está cursando su trámite en Cámara y Senado para convertirse en ley de la República. Advierte la incongruencia que entrañan las promesas de Abelardo de la Espriella: “¿Cómo se garantizan derechos sin Estado? Eso es una contradicción y un engaño”, haciendo referencia a los recortes que propuso el presidente electo.

Javier Pineda, profesor de la Universidad de los Andes y excoordinador del grupo Clacso sobre género y cuidados, resalta la reducción de semanas de cotización para mujeres madres en la reforma pensional como un hito del gobierno en materia de cuidado. Actualmente, la medida está en revisión de constitucionalidad. “Esto es incorporar un enfoque de cuidado en la seguridad social”, agrega. 

Respecto al Sistema, Pineda dice que lo más significativo es que puso énfasis en los cuidados comunitarios, tema poco abordado en América Latina. Sin embargo, sobre los retos, explica que es central que este desarrolle programas de alto alcance, que lleguen a los hogares y generen miles de empleos de cuidado remunerado.

En el balance no se evidencia la creación de programas con dichas características desde el Sistema, sino apuestas orientadas al acompañamiento de entes territoriales, organizaciones y comunidades. El asunto es que solo los primeros, explica el experto, permitirán un verdadero impacto sobre la redistribución del trabajo de cuidado y se traducirán en justicia de género para las mujeres. En esa línea, señala que el Sistema debe ser tan sólido como el de salud e integrarse a este para el cuidado masivo de la vejez y la discapacidad.

Pineda concluye que, siguiendo esta lógica, la política de cuidado más importante en el país sigue siendo la de Madres Comunitarias, que este gobierno fortaleció, después de 40 años, como ningún otro a través de la formalización de 2.300 mujeres como empleadas públicas del ICBF, con la promesa de que este número llegue a 40.000.

La foto con el pañuelo verde que se nos quedó en la retina

Tres meses antes de la primera vuelta presidencial de 2022, el 21 de febrero, la Corte Constitucional tomó una decisión histórica luego de años de lucha feminista por la despenalización del aborto. A través de la Sentencia C-055 de 2022 se amplió el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, sin amenaza de cárcel, hasta la semana 24 de gestación, y después de ese plazo, bajo las tres causales contempladas en la Sentencia C-355 de 2006. Ese año, Gustavo Petro posó con pañuelo verde en su campaña. El símbolo fue contundente, al igual que la promesa: el eventual gobierno del candidato promovería la implementación de la sentencia.

Beatriz Quintero de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que hace parte de Causa Justa, asegura que hubo voluntad de parte del gobierno para avanzar en la implementación, pero que se quedó corto en materia de despenalización social, es decir que la tarea de revertir discursos antiderechos y brindar información pertinente para contrarrestar los mitos y falacias sobre el aborto se la echaron al hombro las organizaciones y colectivos feministas, con los pocos recursos de los que disponen. Quintero afirma que ni el Ministerio de Educación ni el de Salud ni el liquidado de Igualdad se comprometieron con la conversación social sobre IVE en Colombia, pues cada uno estaba resolviendo sus crisis internas. 

Para Laura Pedraza, abogada de la Mesa, el tema va más allá: “Incluso me atrevería a decir que fueron las organizaciones de la sociedad civil las que impulsaron la capacitación a funcionarios públicos y profesionales de salud en todos los territorios, para que conocieran qué fue lo que dijo la Corte Constitucional y cuáles son las actualizaciones que tiene el Ministerio de Salud para la prestación del servicio”.

El gobierno, por su parte, fue efectivo expidiendo normatividad –como la Circular 044 de 2022 y la Resolución 051 de 2023, ambas del Ministerio de Salud, la última para detallar la ruta y procedimientos para realizar IVE según semanas de gestación–, que debía respaldar la sentencia. Sin embargo, crisis como la de medicamentos en el sistema de salud generaron dificultades que se recrudecieron en los territorios periféricos y afectaron especialmente a las mujeres migrantes.

De cara a la posesión del nuevo gobierno, es urgente señalar las barreras que persisten y funcionan dilatando el acceso al derecho. El informe de Causa Justa, ‘Primer año del fallo histórico’, que toma datos del trabajo de la Mesa y los servicios de Oriéntame, desmiente un mito de los antiderechos: que con la despenalización hasta la semana 24 aumentarían los abortos tardíos. Eso no ocurrió. Tampoco se disparó el número de procedimientos. 93 por ciento de mujeres en Colombia acceden a aborto en las primeras 12 semanas, dato que se mantiene antes y después de la sentencia, según el informe. El número total de abortos aumentó solo un punto porcentual de 2021 a 2022. 

Quintero y Pedraza señalan la objeción de conciencia como otra de las grandes barreras históricas para el acceso al aborto que, una vez más, afecta de manera particular a las mujeres en territorios apartados, donde hay poco personal médico. Explican que el desafío con la objeción es que su regulación se ha dado solo a nivel jurisprudencial, pues el Congreso de la República ha sido aprehensivo al respecto. Pedraza agrega que el riesgo está en que los sectores antiderechos saben utilizar la objeción de forma estratégica. 

Este 28 de julio iniciaron los embates contra la despenalización del aborto en nuestro país con la radicación de un proyecto de acto legislativo de la llamada “Bancada Provida”, que busca reformar el artículo 11 de la Constitución Política para “proteger la vida desde la concepción”. Son mecanismos de vieja data y el movimiento feminista los conoce bien. “Es la pregunta que siempre nos han hecho: ¿Se puede retroceder en la sentencia?”, expone Pedraza y responde que es un temor que viene aparejado a la derogación de Roe vs. Wade en Estados Unidos en 2022. Sin embargo, aclara, nuestra Corte funciona de manera distinta y que es casi imposible que esta niegue su propio precedente.

FUENTE: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/