Según expertas, el proyecto que originalmente buscaba proteger a las mujeres y personas LGBTIQ+ de la violencia de género digital, ahora podría agudizar la situación de las víctimas, atentar contra la libertad de expresión y beneficiar a funcionarios públicos bajo el concepto de “proteger la intimidad”.

Falta un solo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes para que se apruebe un proyecto de ley sobre violencia digital. Sin embargo, 18 organizaciones sociales, que en un principio participaron en el desarrollo del proyecto de ley, están pidiendo al Congreso que lo archive. ¿La razón? Denuncian que la forma como está presentada la iniciativa agravaría la situación de las víctimas de violencia de género digital, limitaría la libertad de expresión y de prensa y el acceso a la justicia.

En un principio el proyecto aprobado por el Senado buscaba establecer medidas de prevención, protección y reparación para la violencia de género digital, entendida como todo acto de violencia hacia mujeres, niñas y población LGBTIQ+ motivada por razones de género o por orientación sexual en entornos digitales. Tenía como objetivo “asegurar una vida libre de violencias por razón de género” en respuesta al llamado de la Corte Constitucional a legislar sobre esta materia.

El alto tribunal exhortó a diseñar mecanismos judiciales para la denuncia de hechos de violencia de género digital como, por ejemplo, la difusión no consensuada de videos sexuales o el ciberacoso; proporcionar asistencia jurídica; y crear protocolos de investigación y sanción. Así, el proyecto de ley también formulaba el delito por violencia de género digital y supondría penas de cárcel de hasta 100 meses.

Pero, tras el debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes, el objetivo se modificó y ahora la iniciativa buscaría “asegurar la intimidad personal en entornos digitales”. Si bien, en el texto se habla sobre la necesidad de implementar una perspectiva de género, uno de los puntos principales del articulado es crear el delito de “distribución de material íntimo y/o sexual sin consentimiento”. Este delito tendría una pena de hasta 36 meses y se agravaría si ocurre contra mujeres, niñas, niños y otras personas, motivada por razones de género, orientación sexual y/o identidad de género.

Es decir, se convirtió en un proyecto que busca la protección de la intimidad de todas las personas, incluidos los funcionarios públicos y políticos, dejando de lado la necesidad de atender principalemtne la violencia de género digital. Catalina Moreno, abogada y codirectora de la fundación Karisma, explica que este cambio desconoce el enfoque de género y el llamado de la Corte Constitucional a crear una normativa sobre este tipo de violencia y también crea una ambigüedad para su aplicación a raíz del concepto de “intimidad”.

“Cuando lo centran simplemente a un derecho como la intimidad y quitan este derecho más grande que era el derecho de una vida libre de violencia de género, no solamente están limitando el alcance, sino que no reconoce que existen unas desigualdades sociales que también se trasladan a contextos digitales. Y, en ese sentido, hablar de ‘material íntimo’ es muy amplio y abierto a la interpretación de lo que cada quien defina”, afirma Moreno en conversación con El Espectador.

El congresista Heráclito Landinez, ponente de la iniciativa, aseguró durante el debate que “este proyecto de ley se basa en la violencia digital contra las personas, cuando se le viola su derecho a la intimidad, ya sea en sus actividades privadas o incluso en actividades públicas, por temas sociales, culturales, laborales e incluso contra algunos actores políticos”. Por lo que, desde las organizaciones que piden archivar la iniciativa, afirman que esto abriría una puerta a que se sancione el compartir fotos, videos o conversaciones de políticos y funcionarios públicos.

Además, desde agosto del año pasado, el Consejo Superior de Política Criminal (CSPC) emitió un concepto desfavorable sobre la iniciativa en la que se pronunció sobre el uso de la expresión “contenido íntimo”. Según la entidad, el delito propuesto habla de contenido de naturaleza íntima o sexual, pero existe material íntimo que no tiene connotación sexual. Además, el CSPC menciona que el proyecto pasa por alto temas como el ciberacoso o el hostigamiento digital y se centra solo en la distribución de dicho “material íntimo”.

Esa ambigüedad de no definir explícitamente a qué se refiere por “contenido íntimo” llevaría no solo a arbitrariedades en la implementación, sino también a censura y vulneración de las víctimas, así lo menciona Luisa Isaza Ibarra, abogada experta en temas de libertad de expresión e internet de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). La experta argumenta que al ser una norma tan amplia, “en la que cabe de todo”, se podría usar “para evitar que periodistas presenten conversaciones sobre actos de corrupción o hacer públicas situaciones de acoso y violencia que ocurren en esa ‘intimidad’. Además, ya sucedió en otros países con leyes similares en donde agresores han iniciado acciones legales contra sus denunciantes diciendo que el contenido donde se prueba que hubo una violencia era íntimo”, dice Isaza a El Espectador.

En ese orden de ideas, uno de los aspectos que genera alerta en las organizaciones es que el proyecto pasó de hablar de “violencia de género digital” a “violencia digital de género”. Aunque desde el congreso argumentaron que la modificación respondía a un ajuste de redacción, “no es solo el orden de las palabras, es desconocer que las mujeres y personas LGBTIQ+ son sujetos de especial protección y que son violencias sistemáticas que afectan de manera diferenciada nuestras vidas”, dice en conversación con este diario Juliana Hernández de la Torre, directora ejecutiva de la organización Artemisas.

No nombrar explícitamente que se trata de violencias basadas en género que ocurren en lo digital y asociarlas a la protección de la intimidad refuerza el imaginario de que la violencia contra mujeres y diversidades son un asunto privado. Niega que este tipo de violencias tienen que ver con esas relaciones de poder que históricamente han sido mediadas por el género y, en palabras de Hernández, podría agudizar la situación de las víctimas al imponer barreras para denunciar o desconocer derechos que han sido ganados previamente como el no tener que ser confrontada con los agresores.

Por ejemplo, el articulado del proyecto no presenta una ruta de atención clara ni una autoridad responsable. Según el documento en trámite, las denuncias se recibirán a través de una plataforma virtual, sin embargo, no dice de donde saldrán los recursos para la creación y mantenimiento de esta. Además, al ser un mecanismo virtual, según las fuentes consultadas, existen riesgos graves de revictimización a través de la subida de videos o fotos como evidencia en la plataforma, y pone sobre las víctimas, una vez más, la responsabilidad de ser ellas mismas quienes tengan material para probar estas violencias.

Asimismo, el proyecto de ley habla de crear un Comité Rector conformado por quince entidades para formular una política pública en esta materia y reunirse una vez al mes para atender los casos. Pero, como se lee en la carta enviada por las organizaciones al Congreso, “cuando todas las autoridades son responsables, ninguna lo es en la práctica. Es posible que las víctimas se encuentren con una romería institucional en la que tengan que golpear diferentes puertas para ser atendidas”.

Las fuentes consultadas por este diario concuerdan que es urgente y necesaria una iniciativa que aborde la violencia de género digital. No obstante, consideran que no puede ser un tema tratado a medias y con el afán de sacar una ley, solo por sacarla, sin considerar las afectaciones que podría generar en las mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de este tipo de violencia. Asimismo, señalan que el enfoque punitivista no es el apropiado para abordar este tipo de problemáticas pues el sistema penal ha demostrado ser poco efectivo para ello.

FUENTE: EL ESPECTADOR