Los asesinatos a las mujeres, a pesar de una ley que lo ordena, no siempre son investigados con perspectiva de género. La impunidad ronda el 90% de los casos

Colombia tiene leyes para todo, aunque sirven para poco. Desde hace siete años, existe la Ley Rosa Elvira Cely (1761 de 2015) que castiga el feminicidio como delito autónomo, con penas de entre 40 y 65 años, sin posibilidad de rebaja, y ordena al Estado documentar y hacer seguimiento a estos delitos con el fin de tener cifras sobre esta violencia. Como otras normas, la que marcó un hito en la lucha contra la violencia machista en el país tampoco se cumple del todo. Colombia llega este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, sin saber cuántas mujeres han sido asesinadas. La Fiscalía habla de 180, mientras el Observatorio colombiano de feminicidios, una iniciativa de la sociedad civil, dice que han sido 500.

Adriana Alquichides, abogada con experiencia en representación de víctimas de violencias, explica por qué todavía en algunas investigaciones la justicia colombiana no logra hacer una categorización correcta de los delitos contra las mujeres. “Hay casos que pueden ser hechos de feminicidio, pero que están siendo investigados por violencia intrafamiliar. Eso depende mucho del fiscal. Cuando hay ataques sexuales, aunque pudieron poner en riesgo la vida de la mujer, están siendo investigados por delitos sexuales, pero no como feminicidio”, señala.

Colombia, a diferencia de países como México que ante el terrible registro de feminicidios ha creado fiscalías especializadas, apenas tiene funcionarios expertos que sepan tratar casos de violencia de género. Los pocos que hay están en las ciudades grandes. En algunos juzgados y comisarías todavía se refieren a los feminicidios como “crímenes pasionales”. Ha fallado el Estado en comunicar sus propios lineamientos. Si se cumpliera con una directiva que expidió la Fiscalía, la impunidad no sería del 90%, según alerta ONU Mujeres. La orden de la entidad es que toda desaparición de una mujer se debe investigar de manera inmediata como un hecho de feminicidio y que la primera hipótesis de la muerte de una mujer debe ser el feminicidio. Pero no siempre ocurre así. A los victimarios los siguen acusando por homicidio o por tentativa de homicidio, en los pocos casos en los que hay condena. Tampoco hay cifras sobre cuántas sentencias existen por femicidios. Según la Fiscalía, de los 180 casos que dice haber registrado este año, en 176 ha habido “avances”.

Las amigas y los familiares de las víctimas asumen en solitario las búsquedas de las mujeres desaparecidas, ante lo difícil que es hacerlo con la compañía del Estado. Dennys, una mujer venezolana que emigró a Colombia hace tres años, cuenta cómo fue buscar a su amiga. “Por mi propia cuenta y sin tener siquiera para un bus, me propuse encontrar a Yajaira”, asegura Dennys por teléfono. La víctima tenía 23 años y era una vecina que se había vuelto más que una amiga. La quería como a una hija. Cuando desapareció, caminó durante horas buscándola en el barrio de Medellín en el que vivían. Fue a las clínicas, publicó su foto en redes sociales. Al final, la encontró en Medicina Legal, la habían matado de un disparo y su cuerpo había sido tirado un río. Un mes después de su asesinato, capturaron al presunto feminicida, un hombre que había sido su pareja. La investigación, cuatro meses después, no ha tenido mayores avances. Yajaira Herrera tenía dos hijos.

Olga Amparo Sánchez, directora de Casa de la Mujer, una organización que desde 1982 trabaja por los derechos de las mujeres, reconoce que el Estado ha hecho un esfuerzo por avanzar, pero no ha sido suficiente. “No hay un sistema nacional unificado que registre si una mujer que fue a Medicina Legal cuatro veces por lesiones personales o violencia sicológica logró ser atendida o si recibió alguna medida de protección. Hay muy poca información. No sabemos cuántos presos hay por violencia contra mujeres o en qué etapa están sus procesos. En los delitos contra las mujeres hay un 80% o un 90% de impunidad”, asegura Sánchez, que ha dedicado su vida a defender los derechos de las mujeres. “Persiste la idea de que la vida de las mujeres no vale nada y esto se replica en las familias, en las escuelas, en los medios”.

Sánchez dice que Colombia necesita una transformación cultural, un cambio de mentalidad que no dude en condenar la violencia machista. “En este país creemos que todo lo solucionamos vía ley. No necesitamos más leyes, necesitamos avanzar hasta que sea inadmisible, bajo cualquier mirada, la violencia contra la mujer”.

Este 25 de noviembre, como siempre, participará en las marchas que se tomarán las calles. La consigna será “Somos vidas, no somos cifras”, anuncia Sánchez. “Estamos cansadas de que cada 25 de noviembre nos llamen para preguntarnos cuántas mujeres fueron asesinadas. Los casos se quedan en una cifra y el 26 ya nadie recuerda lo que pasó”.

La Fiscalía y otras instituciones, como Medicina Legal, han identificado que en la mayoría de los asesinatos a mujeres hay un patrón de sevicia que cada vez es más frecuente. Mujeres desmembradas, arrojadas a la vía pública, víctimas de empalamientos. La abogada Adriana Alquichides dice que los victimarios usan crímenes para enviar un mensaje amenazante a todas mujeres. “Una empieza a sentir que está en un mundo inseguro, en un país inseguro y eso es lo que buscan las estructuras patriarcales”, reflexiona la abogada.

FUENTE: EL PAIS