En el hogar, las redes sociales, la calle e incluso las instituciones, para miles de personas LGBTIQ+ en Colombia ningún espacio parece completamente seguro. Un informe sobre derechos humanos registró más de 4.000 hechos de violencia y alertó sobre la falta de respuesta estatal.

Imagínese despertar y revisar el celular antes de salir de la cama porque durante la noche pudieron publicar su foto sin permiso. Abrir sus redes sociales para comprobar si aparecieron nuevos insultos. Encontrarse con personas desconocidas opinando sobre si usted merece existir, trabajar, amar o caminar con tranquilidad por la calle. Luego, antes de salir de casa, tener que hacer cálculos que otras personas no suelen hacer. Pensar qué ropa ponerse para evitar miradas y no llamar “demasiado” la atención, o evitar agresiones. ¿Camisa ajustada o de colores llamativos? ¿Falda o pantalón? ¿Maquillaje o mejor no? Pensar dos veces si vale el riesgo darle la mano a su pareja en la calle. Medir lo que dice, la voz, los gestos y la manera de caminar.

Eso es lo que intenta retratar el informe “Sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+”, de Caribe Afirmativo, que expone la situación de derechos humanos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Durante 2025, se reportaron 270 homicidios y feminicidios en el país. Es decir, cada 32 horas una persona fue asesinada. Pero detrás de esa cifra hay mañanas como esta. Personas que salieron temprano a trabajar, tomaron un bus, respondieron mensajes, hicieron mercado o volvieron tarde a casa intentando esquivar las múltiples formas de violencia que enfrentan a diario.

Es en esa cadena de agresiones donde el documento habla de la “arquitectura de la violencia”. Para una persona diversa, no inicia ni termina con las agresiones físicas o el homicidio. Empieza desde el rechazo familiar, la discriminación cotidiana, las amenazas digitales, los entornos hostiles y la incapacidad institucional para proteger a quienes siguen viviendo en mayor riesgo.

Por ejemplo, al interior del hogar, se reportaron 1.531 casos de violencia intrafamiliar durante el año. Del total, 469 víctimas fueron mujeres lesbianas y 458 mujeres bisexuales, es decir, más del 60 %. Asimismo, se registraron 399 casos contra hombres gais, 109 contra hombres bisexuales, 15 contra mujeres trans, 16 contra hombres trans y 3 contra personas no binarias. En este escenario, se evidencia que el hogar se configura como el primer espacio de “castigo” frente a orientaciones sexuales e identidades de género que rompen expectativas tradicionales. Cada día se presentan al menos cuatro casos.

“La familia, el hogar, los espacios afectivos, son los espacios seguros que tenemos. Siempre hemos considerado, desde una visión tradicional de la violencia, que la violencia está de las puertas de la casa hacia afuera. Y el informe lo que revela es que en este país los hogares son lugares inseguros para las personas LGBTIQ+. Esos casos de violencia intrafamiliar, la mayoría de los agresores son padres, madres, tíos, abuelos, abuelas y, en algunos casos, compañeros o compañeras permanentes”, dice Wilson Castañeda, politólogo, filósofo y director de la organización, en conversación con El Espectador.

Ese ambiente hostil empieza a construirse antes de cualquier agresión física o verbal. En una madre que deja de hablarle a su hija cuando descubre que tiene novia. En un adolescente que aprende a borrar conversaciones antes de prestar el celular. En una mujer trans que termina durmiendo en otro lugar porque ya no puede volver a su casa. Cuando la violencia escala, denunciar tampoco es fácil, porque implica señalar a personas cercanas y enfrentar nuevas formas de rechazo. Por eso, advierte Castañeda, muchos casos nunca llegan a las instituciones o quedan fuera de los registros oficiales.

Fuera del hogar, la violencia no desaparece. Las amenazas y los hostigamientos ocuparon el segundo lugar entre las principales violencias contra personas LGBTIQ+, con 1.184 casos durante el año. Para la organización, este tipo de agresión tiene una dimensión particular porque busca alterar la vida cotidiana de quien la recibe. “Su capacidad para restringir movimientos, generar desplazamientos forzados y profundizar la vulnerabilidad demuestra que este fenómeno actúa no solo como antesala de agresiones más graves, sino como un daño autónomo que produce efectos inmediatos en la vida de quienes lo padecen”, se lee en el documento.

Ese impacto se vuelve aún más alarmante en las vidas de personas defensoras de derechos humanos LGBTIQ+, pues se registraron al menos 80 amenazas de muerte directas. Las mujeres bisexuales concentraron 22 casos, seguidas por mujeres trans con 21, mujeres lesbianas con 16, hombres gais con 7, hombres bisexuales con 6 y personas no binarias con 4 casos. “Es una antesala para violencias más letales”, asegura el director. Detrás de esos mensajes hay vidas que empiezan a reorganizarse alrededor del miedo. Personas que dejan de asistir a reuniones, cambian de barrio, cierran redes sociales o dejan de ejercer su liderazgo con la intención de reducir sus niveles de exposición.

Sin irse muy lejos, la violencia también está en la palma de la mano: en el celular y en el mundo digital. La exposición forzada de identidades, el hackeo de cuentas, la divulgación de datos personales, las amenazas, la “sextorsión” y la circulación de imágenes íntimas sin consentimiento hacen parte de las agresiones. “Las redes sociales y plataformas digitales funcionan hoy como escenarios de producción y legitimación del prejuicio”, señala el informe.

Según el politólogo, varios de los casos comenzaron justamente ahí. “Las víctimas fueron contactadas por los victimarios a través de redes sociales. Algunas de las tentativas de homicidio y feminicidio y algunos de los casos de agresiones físicas empezaron a revelarse en las redes”, afirma. Entonces, las plataformas digitales aparecen como una extensión de esas violencias que ya atraviesan el espacio público y privado. Lugares donde las personas LGBTIQ+ reciben insultos y amenazas, pero donde también pueden ser ubicadas, expuestas y puestas en riesgo.

En cuanto a la violencia sexual, se rastrearon 628 casos, siendo las mujeres lesbianas y bisexuales las más afectadas, con un 60 %. “En este nivel, la violencia adquiere una dimensión particularmente grave, donde se causa daño y se reafirman jerarquías de género y sexualidad. En muchos casos, opera como una forma de castigo frente a identidades percibidas como desviadas, especialmente en personas trans y hombres gais”, señala la organización. Frente a esto, Castañeda explica que la violencia sexual aparece cargada de sevicia y crueldad porque, además de agredir el cuerpo, busca marcarlo, someterlo y enviar un mensaje simbólico sobre lo que la sociedad considera “aceptable” o “intolerable”.

Pero no termina ahí. A ese “continuum de violencias” se suman 360 actos discriminatorios, que van desde la negación de servicios, trato diferencial, expulsión de espacios, hasta barreras institucionales que afectan la vida de las personas LGBTIQ+ y “establecen las condiciones para que otras violencias ocurran”. El director sostiene que la discriminación en entornos cotidianos y por parte de las instituciones es el punto de partida de todas las violencias ya descritas. “No son hechos marginales ni simbólicos: son la expresión cotidiana de un orden social que excluye, degrada y limita el acceso a derechos”, dice.

Por otro lado, el informe incluye además 108 casos de violencia policial, 17 de desaparición forzada, 10 de trata de personas y 3 de reclutamiento forzado. En total, la organización registró más de 4.000 hechos de violencia contra personas LGBTIQ+ durante 2025. Detrás de esas cifras hay una sensación de frustración e impotencia que, según Castañeda, se repite entre víctimas y organizaciones sociales: “Quienes son receptoras de esta violencia tienen un profundo nivel de frustración, y quienes acompañamos a las víctimas tenemos un fuerte sentimiento de impotencia porque sentimos que, más allá de los compromisos, más allá de las tareas que se asumen, el Estado ha fallado en materia de proteger los derechos de las personas LGBTIQ+”.

Para Castañeda, una de las mayores preocupaciones es que los patrones se mantienen casi intactos desde hace más de dos décadas. Las formas de violencia siguen apareciendo bajo el mismo patrón: ataques con arma blanca, altos niveles de sevicia, violencia sexual, mayor afectación contra personas trans y agresiones concentradas en determinados horarios y espacios. “Llevamos más de 20 años dando cuenta de unos patrones criminales que son propios de la violencia que afecta a las personas LGBTIQ+, y el Estado solo aparece cuando la persona está asesinada, agredida o amenazada. Es un Estado que sigue actuando cuando se viola el derecho, pero no logramos tener un Estado que aparezca para prevenir”, afirma.

Y en medio de esa ausencia que denuncian, también se menciona la falta de un “sistema confiable” que registre y haga seguimiento a los casos, pues muchos quedan por fuera de las estadísticas. “Presentamos más de 160 derechos de petición a entidades como la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, Policía Nacional y personerías territoriales. Varias entidades presentaron limitaciones significativas para identificar y registrar adecuadamente las violencias contra personas LGBTIQ+; más de 20 derechos de petición nos los entregaron con información inconclusa, contradictoria e incluso victimizante”, concluye Castañeda.

FUENTE: EL ESPECTADOR