Daira Martínez fue asesinada en Cali. Es la víctima número 53 de las registradas por la organización Caribe Afirmativo en lo que lleva del año.

Colombia enfrenta una nueva oleada de violencia sistemática contra personas LGBTQ, con al menos 53 asesinatos reportados en lo que va del año, según cifras de la organización Caribe Afirmativo.

Sara Millerey, de 32 años, fue atacada a plena luz del día en las afueras de Medellín el 5 de abril. Un video ampliamente difundido mostró cómo era lanzada a un canal tras haber sido brutalmente golpeada. Testigos presenciales afirman que los agresores impidieron que alguien la auxiliara. Murió al día siguiente.

El 22 de mayo, Nawar Jiménez, activista y trabajadora sexual de 30 años, fue hallada sin vida en una zanja de Carmen de Bolívar, zona controlada por el Clan del Golfo. La Policía aún no ha identificado al responsable.

Ambos crímenes ocurrieron en regiones donde grupos armados ilegales ejercen control social mediante campañas de “limpieza”, dirigidas históricamente contra personas en situación de calle, trabajadoras sexuales y minorías sexuales y de género. 

Un volante difundido en marzo de 2024 por estos grupo

A pesar de que Colombia cuenta con un marco legal progresista —que reconoce derechos como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y el cambio de identidad de género—, la brecha entre las leyes y la realidad en muchos territorios sigue siendo profunda.

Según Caribe Afirmativo, solo el 2 % de los homicidios de personas LGBTQ el año pasado resultaron en una condena judicial, frente al 9 % de la tasa general de esclarecimiento de homicidios.

Nuevo caso en Cali agrava la crisis

El caso más reciente ocurrió en Cali, Valle del Cauca, donde fue asesinada Daira Martínez, una mujer trans que se convirtió en la víctima número 53 de este año, de acuerdo con Caribe Afirmativo.

Su homicidio, cuyas circunstancias aún no han sido esclarecidas públicamente, generó una nueva ola de indignación en redes sociales y entre organizaciones de derechos humanos.s en La Guajira ya había amenazado explícitamente con ataques contra personas LGBTQ.

“Lamentamos profundamente su homicidio. Exigimos una investigación rigurosa, con enfoque de género, que garantice verdad, justicia y no repetición”, manifestó Caribe Afirmativo en un comunicado. 

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales y se solicitó su priorización dentro de los procesos investigativos relacionados con violencia por prejuicio.

Control social armado y cultura de impunidad

El fenómeno no es nuevo. Como reportó ‘CNN en Español’, los escuadrones de “limpieza social” operan en Colombia desde hace décadas y han sido usados por actores armados para imponer su autoridad y sembrar miedo.

En Medellín, por ejemplo, las bandas locales, agrupadas bajo la alianza conocida como “la Oficina”, controlan barrios enteros donde, según testimonios recogidos por el medio, los asesinatos de personas LGBTQ sirven para reforzar su poder e imponer códigos morales autoritarios.

El presidente Gustavo Petro condenó el asesinato de Millerey, y tras el crimen se presentó un proyecto de ley en su nombre que busca reforzar la acción del Estado frente a crímenes de odio.

Sin embargo, su trámite ocurre en medio de una creciente polarización social y una narrativa conservadora que rechaza la llamada “ideología de género”, con figuras públicas que cuestionan las políticas en favor de los derechos LGBTQ.

“Millerey como que se lo estaba buscando”, dijo a ‘CNN’ un ciudadano en Medellín, ilustrando el estigma que aún persiste en muchos sectores del país. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la esperanza de vida de una mujer trans en América Latina es de apenas 35 años, debido a la violencia y exclusión social.

El contraste entre las políticas del Estado y la violencia real es particularmente marcado fuera de las grandes ciudades. Bogotá, por ejemplo, fue pionera en elegir a una alcaldesa abiertamente lesbiana en 2019, pero departamentos como Antioquia y Bolívar figuran entre los más peligrosos para las personas LGBTQ.

La comunidad LGBTQ en Colombia continúa exigiendo justicia, protección efectiva y garantías de no repetición. Sin embargo, como señaló un experto de la ONU, la “brecha persistente entre las aspiraciones constitucionales y las realidades vividas” sigue siendo el mayor desafío.

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.

JOS GUERRERO

EQUIPO ALCANCE DIGITAL 

FUENTE: EL TIEMPO