Colombia es un país feminicida y seguirá siéndolo mientras no comprendamos y abordemos el carácter social y las causas culturales de estos delitos basados en el odio. La sociedad está convirtiendo los feminicidios en paisaje colombiano.

Hace diez años en Colombia se promulgó la Ley 1761 de 2015, llamada Ley Rosa Elvira Cely en conmemoración a una de los miles de víctimas de feminicidio. Esta ley tiene como propósito tipificar, de manera autónoma, el homicidio de mujeres cuando este se hace por razones de discriminación u odio en razón de su sexo/género. Con esta Ley se reconoció que un número significativo de asesinatos de mujeres no son solo homicidios comunes, sino crímenes de odio basados en la subvaloración social femenina y en prejuicios sexistas. 

Diez años han pasado desde que el Estado colombiano adquirió estos compromisos explícitos en la prevención, investigación y sanción de este tipo de crímenes. ¿Cómo ha avanzado en su cumplimiento?

Entre el subregistro y la falta de claridad

Según los datos del Observatorio de Feminicidios en Colombia, en 2017 identificaron 357 feminicidios; en 2018 fueron 898; en 2019 contabilizaron 757; en 2020 reportaron 875; en 2021 hubo 973 víctimas; en 2022 se identificaron 805; en 2023 fueron 706; en 2024, el año con mayor incidencia de este delito, 1.578. En lo que va de 2025 han identificado 598. 

Según el Observatorio, entre 2017 y 2025 se reportaron 7.547 víctimas mortales, o en grado de tentativa, de feminicidio. Esta espeluznante cifra incluye a mujeres cis y transgénero, colombianas y extranjeras. Las fuentes con las que el Observatorio construyó estas cifras son las noticias de prensa nacional y regional que dan cubrimiento a estos casos de violencia contra las mujeres. ¿Qué pasaría si los feminicidios dejaran de tener interés noticioso? Es probable que desaparecieran por completo de la mirada de organizaciones no gubernamentales que analizan y hacen seguimiento de este tipo de violaciones de derechos humanos. 

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación informó que en 2015 se reportaron 970 casos de homicidios de mujeres, la Ley 1761 se promulgó en julio de este año, así que solo 108 de estos fueron tipificados como presuntos feminicidios. En 2016 el número de víctimas aumentó a 286. En 2017 fueron 453. En 2018 fueron tipificados como feminicidios 568. En 2019 se identificaron 556. En 2020 reportaron 397 (año de restricciones en la movilidad por la pandemia). En 2021 la Fiscalía reportó 194 víctimas, en 2022 se denunciaron 614 casos, en 2023 fueron 630, en 2024 aumentaron a 746 y, en los primeros cuatro meses de 2025, la cifra que informó la Defensoría del Pueblo fue de 123 víctimas. Es decir, según cifras oficiales, de 2015 a abril de 2025 hay 4.675 víctimas de feminicidio. Una diferencia con los datos del Observatorio de cerca de 3.000 víctimas. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no nombra en sus informes anuales Forensis el tipo específico de feminicidio. Esto a causa de los problemas metodológicos de sus fuentes, que excluyen los motivos de los homicidios y estos son fundamentales para identificar un crimen de odio. Al respecto, en el Forensis de 2023 el Instituto señaló que “en algunas variables críticas para la compresión del hecho violento, como es el caso de la circunstancia o móvil de los homicidios, actividad durante el hecho y otras, el porcentaje de casos sin información puede ser superior al 70%”. Es decir, con los métodos y fuentes disponibles el Instituto no puede diferenciar un feminicidio de un homicidio común. Sin embargo, tanto el homicidio de mujeres como otros delitos de violencia basada en género: intrafamiliar, lesiones personales y agresiones sexuales —que pasan por exámenes médicos en el Instituto— presentaron un claro aumento desde 2015. También existe la certeza del subregistro por el rechazo al examen médico legal del Instituto o a la falta de denuncia formal. 

Uno de los problemas evidentes en el análisis y abordaje del impacto de este crimen es la diferencia de cifras disponibles al público entre las instituciones del Estado y aquellas elaboradas por las organizaciones de la sociedad civil. Existen serios cuestionamientos a la Fiscalía porque en casos graves de violencia física contra las mujeres, con clara intención homicida, los operadores de justicia tipifican el delito como violencia intrafamiliar, lesiones personales u homicidio común, con lo cual excluyen la comprensión el carácter social del delito de feminicidio. Los operadores de justicia no parecen estar preparados aún para implementar de forma estricta los lineamientos de la Ley 1761 de 2015. 

La impunidad 

La Fiscalía en sus informes de gestión anual presenta como un éxito la tasa de esclarecimiento de los delitos. En casos de feminicidio esta tasa es alta, incluso algunos años ha llegado al 100%, entre otras razones porque una parte significativa de estos crímenes son cometidos por parejas o exparejas sentimentales de las víctimas, y sus asesinatos suelen llevarse a cabo en su propia casa. Esto hace que el esclarecimiento de la identidad del presunto feminicida sea, en la mayoría de casos, sencillo. Sin embargo, este supuesto éxito de la Fiscalía no se concreta en el número de condenas por este delito, que no supera el 15% de las denuncias. Esto es un resultado de un sistema de justicia débil que ha fracasado de forma rotunda en la persecución y la sanción de los delitos violentos cometidos contra las mujeres.  

Nosotras seguimos enfrentando barreras en el acceso a la justicia que, de no existir, se podría contribuir a evitar los feminicidios. Las denuncias por violencia intrafamiliar, amenazas, ciberviolencia, hostigamiento, delitos sexuales, violencia psicológica o económica son desatendidas por las autoridades. Estas formas de violencia suelen anteceder a los feminicidios. Las medidas de protección que brinda el Estado para las mujeres son ineficaces. Los modestos avances que se habían hecho en el diseño e implementación de políticas públicas para la prevención y atención a las sobrevivientes de estas violencias están siendo desestructuradas o desfinanciadas. 

Esto al compás de la emergencia de discursos supremacistas masculinos blancos de las ultraderechas en el mundo, que satanizan los enfoques diferenciales de inclusión de género y étnico-raciales y, por tanto, las políticas de bienestar enfocadas a las mujeres cis y trans y a aquellas de pueblos originarios y afrodescendientes, al calificarlas de una “batalla cultural” que supuestamente atenta contra el orden sexual/racial establecido. Un orden ancestral que considera que agredirnos, hasta asesinarnos, es consecuencia de que hemos “abusado” de nuestra libertad.

A las izquierdas partidarias en el gobierno colombiano no les ha ido mejor en la prevención de los delitos violentos contra las mujeres. La creación del Ministerio de la Igualdad solo fue otra promesa que no logró consolidar un impacto positivo en el tratamiento de estas violencias, incluso la propia viceministra de las Mujeres, Támara Ospina Posse, renunció hace días a su cargo después de ser señalada por más de treinta trabajadoras/es de presuntos acosos laborales y racismo. Al parecer, el progresismo colombiano es tan o más supremacista que sus colegas de las ultraderechas. 

La autonomía sentimental, sexual, económica y vital de las mujeres sigue siendo vista como una amenaza a la hombría y una justificación para el castigo físico, incluido el asesinato masivo de mujeres y niñas. Los discursos que justifican esta violencia han tomado mayor fuerza en los medios de comunicación colombianos y hemos tenido que ver prácticas cuestionables éticamente como la entrevista que hace unos meses La W hizo desde la cárcel a John Poulos, feminicida de Valentina Trespalacios. En esta entrevista le permitieron a él justificar su asesinato, probado y condenado por la justicia, como muerte accidental. O bien, el permiso que un juez le otorgó a Andrés Ricci, feminicida condenado de Luz Mery Tristán, para que desde la cárcel creara un canal de YouTube para justificar su crimen. 

Otro ejemplo: hace unos días El Espectador publicó una carta del profesor Carlos Medina Gallego, de la Universidad Nacional de Colombia, investigado penal y disciplinariamente por presuntas violencias basadas en género y discriminación, donde bajo su derecho a la retractación le permitieron señalar de persecución y otros delitos con nombre propio y de manera infundada a sus víctimas, entre las que me incluyo. A pesar de planear nuestra indignación argumentada al director de este importante diario, Fidel Cano Correa, él se limitó a quitar nuestros nombres de la carta y a defender la “libertad de expresión” del investigado por diferentes violencias contra las mujeres.

Colombia es un país feminicida y seguirá siéndolo mientras no comprendamos y abordemos el carácter social y las causas culturales de estos delitos basados en el odio. Los feminicidios seguirán en aumento si las autoridades, operadores de justicia, medios de comunicación y sociedad en su conjunto se rehúsan a humanizar a las mujeres y niñas, nos tratan como ciudadanas de segunda categoría, siguen dándoles espacios públicos a los agresores de mujeres para justificarse y revictimizar, y no se atienden, investigan y sancionan de forma adecuada y pronta las denuncias de las mujeres por hechos de violencia menos graves y que suelen anteceder a los feminicidios. La sociedad colombiana está convirtiendo los feminicidios en paisaje colombiano. 

Hasta que esta tolerancia y complicidad social se transforme seguirán siendo asesinadas miles de mujeres y niñas colombianas bajo la mirada y los discursos autocondescendientes del sexismo. A Rosa Elvira Cely, y a todas las mujeres que ella representa, esta sociedad aún nos está debiendo algo de justicia. 

FUENTE:https://razonpublica.com/