Esta semana se informó del indignante feminicidio de Maryori Muñoz Sánchez en Sabante, Antioquia

Desde la lucha feminista y, más recientemente, en las leyes colombianas se reconoce la existencia de una pluralidad de hechos que configuran un fenómeno extendido que atenta contra la integridad física, mental, económica y contra la vida de las mujeres de todas las edades, condiciones, orígenes, clases sociales, pertenencias étnicas, orientaciones sexuales o identidades de género.

Pocas escapan al acoso, abuso y ejercicios diversos de violencia, porque a lo largo de la historia se han naturalizado como prácticas esperables en las relaciones entre hombres y mujeres.

Dicen los críticos del uso del concepto “violencia de género” que la violencia forma parte de las relaciones humanas y que no es necesario un término particular. Este escepticismo, sin embargo, parece obviar las aterradoras cifras que cada año entregan las fuentes oficiales.
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Para el 2022, el Dane reportó al menos 3.500 bebés nacidos de niñas entre 10 y 14 años. Según el Instituto Colombiano de Medicina Legal (2022), cada ocho horas es asesinada una mujer, y ocho mujeres cada hora son víctimas de violencia intrafamiliar o sexual. La misma fuente mostró que, entre enero y octubre de 2022, 827 mujeres fueron asesinadas y 58.117 sufrieron violencia intrafamiliar o han sido abusadas sexualmente. En enero, la Fundación Feminicidios Colombia contabilizó al menos 23 casos y en lo corrido de 2023 57.

Estas cifras son la punta del iceberg, ya que se da un alto subregistro debido a que muchas víctimas no reportan sus agresiones por temor, falta de información o porque no se reconoce la violencia como algo que deba ser denunciado. Es más bien una situación que las víctimas consideran vergonzante y tratan de ocultar, ya que creen que merecen sufrir o que hicieron algo y por ello son castigadas.

Y es aquí donde el término “violencia de género” toma sentido e importancia: muchas víctimas ni siquiera son capaces de identificar que lo son porque somos parte de una cultura que normaliza el control sobre las mujeres, sus cuerpos, sus decisiones y su sexualidad por parte de los varones de sus familias y de sus parejas.

‘Superioridad masculina’

La realidad es que dichas relaciones de poder siguen estructurando la manera como se relacionan las mujeres con los varones.

Algunas estudiosas lo llaman el mito del amor romántico, otras lo nombran como misoginia y otras, patriarcado. En todo caso, esta violencia tiene sus raíces en unas relaciones de poder que se sustentan en una supuesta superioridad masculina.

Hay demasiado escrito sobre esto y este artículo es apenas un esfuerzo de sintetizar la gravedad del asunto. Es importante subrayar que por más que los cambios sociales logrados a través de décadas hagan sentir a las mujeres de hoy, en particular a las jóvenes, que son libres y autónomas, que sus vidas no se comparan con las de sus abuelas o madres, y que hablar de discriminación, opresión o marginación por cuestiones de género es anacrónico, la realidad es que dichas relaciones de poder siguen estructurando la manera como se relacionan las mujeres con los varones.

Hombres y mujeres hemos cambiado en muchos sentidos, y tal vez la magnitud de esos cambios ha llevado a una nueva ola de conservadurismo, donde iniciativas políticas y religiosas quieren recortar los derechos y libertades obtenidas por las mujeres en décadas pasadas. Hablan de la pérdida de valores, de la destrucción de la familia, de la liberalización de la sexualidad y culpan de estos supuestos males al avance en la igualdad entre hombres y mujeres.

Desde el gobierno de Santos, organizaciones de mujeres están pidiendo la declaratoria de emergencia por las violencias de género.

Foto: 

Carlos Ortega. EFE

Esta corriente reaccionaria, en Colombia y en varios países, ha querido echar atrás las garantías del derecho al aborto (con éxito en los Estados Unidos), el acceso a la contracepción de emergencia o incluso a los anticonceptivos en general. Quieren que la niñez y la juventud no tengan información sobre sus cuerpos y su sexualidad porque lo consideran inmoral. Quieren que las mujeres retornen al hogar a jugar el papel reservado para ellas en las sociedades patriarcales: preñarse, parir y cuidar hijos.


Aunque esta vuelta al pasado parece imposible, muchos han reaccionado al avance de las mujeres empleando todos los medios para volver al ideal del ama de casa obediente, reservada y sumisa.

Como parte de esta reacción, ponen en duda a quienes acuden a los servicios estatales al necesitar ayuda: comisarías de familia, policía, fiscalía, etc. Descreen a las denunciantes y no a sus agresores. Casi de manera generalizada, los relatos de las víctimas que necesitan ayuda no son creídos. Suponen que son inventos para vengarse de las parejas o que, seguramente, después volverán a su casa y se reconciliarán con el agresor. Esto, en el caso de la violencia de pareja.

Cuando la violencia es sexual, la víctima es sometida a la repetición de su relato en múltiples ocasiones, a tortuosos trámites y a tratos humillantes en lo que parece ser un esfuerzo institucional por hacer desistir a la víctima de su denuncia. Incluso en los casos en los que la víctima es una niña, se tiende a perder de vista al agresor y se empieza, por ejemplo, a criticar a la familia por no haberla cuidado bien.

Violencia en la política

Actualmente el Congreso está invitando a mujeres que trabajan allí a denunciar casos de acoso y abuso sexual. 

Foto: 

Santiago Saldarriaga

La reacción conservadora no se da apenas en el ámbito familiar o el de las relaciones de pareja. En política, cada vez más estudios muestran que, en la medida en que las mujeres avanzan en sus carreras, aumentan las agresiones físicas, el acoso y el abuso sexual, entre otras violencias que vulneran el derecho de las mujeres a ejercer el poder político.

De hecho, en varios países se ha creado un tipo penal específico para castigar esta violencia, que fue identificada primero en la región en Bolivia, donde una mujer regidora fue asesinada por su ejercicio político. En Colombia hay un proyecto de ley en curso que reconoce esta violencia ante los múltiples casos identificados.

Es en este contexto en el que deberían ser analizadas las denuncias recientes de hechos de violencia y acoso sexual en la esfera política. Una primera observación es que la violencia de género tiene una caracterización precisa y, en ese sentido, no todo es violento. Por ejemplo, criticar la gestión de una funcionaria que no cumple su papel de manera adecuada no es violencia política, pero esto que parece sencillo debe analizarse a fondo.

En la sociedad colombiana se mantiene un doble estándar para medir el desempeño del hombre y la mujer. En una investigación para mi tesis doctoral en 2014, encontré cómo el discurso de un medio de comunicación tendía a presentar a las mujeres en política haciendo énfasis en su apariencia, poniendo en duda sus capacidades, obviando sus trayectorias profesionales o académicas y centrándose en sus conexiones con varones, como si fueran estas las que les permitían a las políticas tener una carrera.

Parecía que ninguna de ellas había logrado su posición de poder por mérito propio y una vez en el ejercicio de sus cargos nunca fueron reconocidas como titulares en pleno derecho de sus posiciones.

En este sentido, ese doble estándar que juzga con dureza a las mujeres sobre aspectos que se dan por sentados en los hombres (estar preparados, tener carácter, etc.) no es una forma de violencia, pero sí es un ejercicio de discriminación. Por lo que quisiera finalizar con algunas reflexiones:

– Si una mujer enfrenta dificultades para ejercer una función pública, se debería juzgar precisamente su capacidad y no el hecho de que es una mujer. Pensar que la razón de sus errores es por ser mujer es discriminación.

– Usar un micrófono en un medio de comunicación para decir que “ahora no se puede criticar a las ministras porque se defienden con que es supuesta violencia” conlleva el grave problema de que niega la existencia de la violencia política contra las mujeres, o al menos la hace parecer un capricho o un asunto de sensibilidad. Puede criticarse la gestión de las ministras y se puede estar en desacuerdo con sus posiciones políticas, pero lo que no puede negarse es que la violencia de género existe, aunque no sea este el caso.x

– Cuando un hombre usa una posición de poder para exigir contacto sexual a cambio de un puesto de trabajo o un contrato hay acoso y abuso sexual. Sin matices ni mediaciones. Debería ser retirado de su posición y juzgado de acuerdo con la normativa fijada. Esto en cualquier contexto, público o privado, en cualquier partido político o escenario social.

– Una mujer puede ser infiel, cometer delitos, equivocarse en el ejercicio de un cargo público, realizar mal su trabajo, aceptar un contacto sexual no deseado para acceder a un trabajo, etc., pero nada de esto niega que existen la discriminación y la violencia de género. Más importante aún, ello no justifica que nos violenten, torturen o asesinen.

Las mujeres tenemos dignidad humana y los castigos que se impongan a nuestros crímenes deben ser establecidos por las autoridades judiciales en un proceso con garantías y sin sesgos sexistas. Las faltas de las mujeres no son excusas para atentar contra su integridad y menos para quitarles la vida.

ANGÉLICA BERNAL OLARTE (*)
RAZÓN PÚBLICA (**)

(*) Politóloga de la Universidad Nacional, magíster en Estudios Políticos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la misma universidad, Doctora en Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

(**) Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.

FUENTE: EL TIEMPO