La ley para erradicar esta práctica que afecta a niñas menores de 5 años está en riesgo por falta de un último debate en el Congreso.

Han pasado 14 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 6 de febrero como el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Sin embargo, en Colombia esta sigue siendo una violación vigente de los derechos de niñas y adolescentes: entre enero de 2024 y marzo de 2026 se registraron 98 casos, según el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE).

Así, mientras el reloj avanza en el Congreso, la práctica que se intenta prohibir sigue ocurriendo en algunas comunidades del país. Así lo reconoce Juliana Domico, Consejera de la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá y quien ha sido además parte del proyecto de ley: “Más allá de que se apruebe la ley o no, en este momento hay muchas niñas en riesgo de ser víctimas de esta práctica en el territorio”.

La mutilación genital femenina consiste en la extirpación total o parcial de los genitales femeninos, lo que vulnera gravemente los derechos humanos y afecta la salud física, mental y emocional de las niñas y adolescentes.

Esta es una de las violencias basadas en género que sufren las niñas, especialmente las más pequeñas. Así lo advierte la Fundación PLAN—una organización internacional que trabaja por los derechos de las niñas en más de 80 países—al señalar que el 56 % de los casos corresponde a niñas entre 0 y 5 años.

En la región, Colombia es de los pocos países donde aún se registra esta práctica pero en el mundo sigue persistiendo. Según datos de Naciones Unidas, se estima que 1 de cada 3 niñas en el mundo es sometida a la mutilación genital femenina. Aunque la cifra ha disminuido en las últimas décadas, aún está lejos de erradicarse. “Estos resultados tendrían que multiplicarse por 27 para alcanzar el objetivo de acabar con la práctica en 2030”.

¿Por qué se sigue practicando la mutilación femenina en Colombia?

Para la congresista Carolina Giraldo, autora del proyecto de ley, la mutilación genital femenina se sostiene en creencias aún vigentes, transmitidas por generaciones pese a no tener sustento médico, y responde a una lógica de control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres en contextos patriarcales.

Detrás de esta práctica hay una estructura social que la sostiene: en algunas comunidades se asocia con la aceptación de las niñas como “buenas esposas”, lo que lleva a que muchas madres la reproduzcan no con la intención de causar daño, sino como una forma de asegurar ese espacio:“que tienen que ver en últimas con la concepción sobre el cuerpo, pero también lo que esperan de una mujer.”, afirma la congresista.

En esa misma línea, para Ángela Anzola, directora de la Fundación PLAN, la práctica también responde a formas históricas de control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres y constituye una forma de violencia basada en género. “Tiene una connotación muy grande de control y de normar la función social de las mujeres en tanto a ser madres y a la familia».

Esta problemática también ha servido para estigmatizar a las comunidades indígenas. Sin embargo, la consejera emberá Juliana Domico insiste en que no se trata de una tradición propia, sino de una práctica impuesta: “esto no es cultural, esto es una imposición”.

Según cifras de la Fundación PLAN, Risaralda concentra el mayor número de reportes en este periodo, con 64 casos entre 2024 y 2026, lo que evidencia la necesidad de focalizar acciones territoriales.

Proyecto de ley 

La problemática tomó relevancia en la opinión pública cuando una niña emberá de 11 años falleció en Risaralda en 2007, tras complicaciones derivadas de esta práctica. Desde entonces, varios proyectos de ley han intentado erradicarla y, por primera vez, uno está cerca de lograrlo pero lucha contra el tiempo del Congreso .

El Proyecto de Ley 440 de 2025 conocido como ‘Niñas sin ablación’, de la congresista Carolina Giraldo, ya superó el tercer debate por unanimidad y busca prohibir la mutilación genital femenina. 

A diferencia de intentos anteriores, incorpora un enfoque intercultural y ha sido construido a partir del diálogo con las comunidades. “Empezamos a hacer esta ley por solicitud de las mujeres en territorio. Esto es muy importante decirlo porque estamos legislando sobre lo que puede pasar sobre su cuerpo y eso no se puede hacer sin ellas. Ha habido todo un proceso de diálogo y concertación sobre el articulado”, explicó la congresista.

Además, el proyecto no se centra en un enfoque punitivo, pues existe el riesgo de que la práctica se vuelva más clandestina. Por el contrario, busca articular medidas de prevención y pedagogía en los territorios.

Sin embargo, persiste la preocupación por los tiempos ya que solo falta un debate. “Lo que le pedimos a los senadores es que no sigamos perdiendo tiempo con esto, porque mientras tanto podemos estar perdiendo vidas de niñas”, advirtió la senadora. En esa misma línea, la consejera emberá señaló: “Nos sentimos preocupados porque, si no se da una fecha pronta para el último debate, sería como perder un trabajo de mucho tiempo”.

Desde las organizaciones advierten que, aunque la ley es un paso importante, el trabajo viene después. “Creo que la clave está en la pedagogía: recorrer el país explicando qué es esta práctica y por qué es dañina. El reto es romper esas estructuras desde el diálogo. Para lograrlo, es necesario llegar a los territorios y trabajar con organizaciones y cooperación internacional, pero también hay una responsabilidad del Gobierno nacional. Al final, estamos hablando de una forma de violencia sexual contra las mujeres”, añadió Ángela Anzola.

Natalia Peláez Sabogal 

FUENTE: EL TIEMPO