Este es el balance de la situación de derechos humanos en Colombia que presenta este miércoles el Cinep. En estas regiones del Cesar, en lo corrido de 2022, se han presentado tres ejecuciones extrajudiciales, dos asesinatos y cinco amenazas a líderes.

Teófilo Manuel Acuña Ribón y Jorge Alberto Tafur Acuña eran dos voceros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes (CISBCSC) que adelantaron procesos de recuperación de tierras, protección del medio ambiente y proyectos agroalimentarios en la región. En la noche del 22 de febrero de este año fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Oculto, del municipio de San Martín (Cesar).

Estos dos hombres hacen parte de los 86 líderes asesinados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022, según registros del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) en su nueva edición de la Revista Noche y Niebla, que documenta las violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la Violencia Político-Social en el país.

Para esta edición número 65, el Cinep se enfocó en las vulneraciones que ocurren en el centro y sur del Cesar. En lo que va de este año, en esas regiones del departamento se documentaron tres ejecuciones extrajudiciales, dos asesinatos y cinco amenazas a líderes. Se trata de un territorio que ha sido estratégico para el desarrollo de economías extractivas por sus reservas minero energéticas, también por su ubicación geográfica que conecta con la zona de frontera con Venezuela, el Catatumbo; hacia el norte con la Serranía del Perijá; y al sur con el Magdalena Medio por el sur de Bolívar.

Los asesinatos de Teófilo Acuña y Jorge Tafur fueron registrados como casos de ejecuciones extrajudiciales. Según el Banco de Datos del Cinep, esto responde a que fueron clasificados como “ejecuciones por omisión del Estado”. La otra ejecución extrajudicial registrada por el Cinep fue la de Ariel David Sepúlveda Barrios, desmovilizado de las Auc, asesinado el 12 de enero al interior de su vivienda ubicada en la vereda Minas de Iracal de Pueblo Bello (Cesar). Según registró la entidad, los responsables de estos hechos fueron paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, que días antes de los hechos, estuvieron en la vereda amenazando a varias familias campesinas.Otras noticias de Conflicto

Por su parte, los dos asesinatos registrados en lo corrido de este año en Cesar fueron los de César Augusto Osorio Lozano, exalcalde de González (Cesar), quien fue asesinado el 18 de abril por desconocidos en la vía que conduce de Ocaña al corregimiento La Floresta, en ese municipio. El otro es Uladiemiro Vega García, asesinado el 10 de febrero en Río de Oro (Cesar). Vega era el entonces presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Cimarrón de este municipio.

Luzdari Simanca Martínez, defensora de derechos humanos de las mujeres en Cesar, le contó a Colombia +20 la necesidad de que cesen los asesinatos de sus compañeros y la importancia de facilitar el acceso a la tierra. “Le pedimos al gobierno la defensa de nuestras vidas, la permanencia en el territorio y el acceso que debemos tener nosotras las mujeres al acceso a la tierra”, señaló la lideresa.

Inflación en Colombia: la más alta en décadas por alza en los precios de alimentos

El padre Javier Giraldo, fundador de la revista Noche y Niebla y del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, le explicó a Colombia+20 que este número de la revista se le dedicó especialmente al centro y sur del Cesar porque allí se ha agudizado la situación en cuanto a violación a derechos humanos y es importante alertar sobre lo que viene sucediendo.

“La situación del Cesar realmente está llamando a reacciones urgentes porque es que también eso viene de muy lejos, porque es un modelo que nos muestra hacia dónde lleva el extractivismo y la presencia de multinacionales en los territorios, la llegada de batallones militares y la represión de los movimientos sociales que en el Cesar, por ejemplo, tienen una larga historia desde lo sindical”, explicó el padre Giraldo.

Según registros del Cinep, desde el año 2010 se han registrado 343 casos de múltiples victimizaciones en el Cesar. La minería, el desarrollo extractivo, el despojo de tierras, la ganadería y la persistencia del conflicto armado que aún se vive en el centro y sur del Cesar fueron identificados por los investigadores como puntos claves de análisis sobre la crisis humanitaria que se vive en la región.

“El principal llamado que hacemos como Comité de Acción Jurídica Popular es el cese de la imposición de las economías extractivas. Creemos que si hay otra economía, una que permita la producción de alimentos con la que el campesinado haga uso del derecho a la tierra, cesarán las vulneraciones a los ecosistemas y otras especies”, mencionó Jaher Steven Torrado Niño, director del Comité de Acción Jurídica Popular, que tiene incidencia principalmente en Santander, Norte de Santander, y el centro y sur del Cesar.

Las luchas por la protección del medio ambiente y la recuperación de tierras se han profundizado en los últimos 30 años por la presencia de empresas mineras como la Drumond, Glencore, Prodeco S.A, Murray Energy, la Compañía de Carbones del Cesar S.A., entre otras. Además, la ganadería extensiva, la siembra de arroz y palma ha generado procesos de despojo de playones y complejos cenagosos.

La estigmatización y criminalización de los líderes y lideresas del territorio han sido una constante y sigue cobrando la vida de defensores de derechos humanos en el territorio. El caso más reciente en Cesar ocurrió el 2 de agosto en el municipio de Tamalameque, donde asesinaron al líder campesino José Luis Quiñones, quien también era integrante de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Norte y Sur del Cesar, afiliado al Coordinador Nacional Agrario-CNA ylideraba procesos de recuperación de tierras en Tamalameque y Río de Oro (Cesar).

Luzdari Simanca Martínez también alertó sobre las afectaciones físicas y emocionales que las mujeres cesarenses han padecido por la continuidad del conflicto armado en la región y de los proyectos extractivos.

“Necesitamos que detengan en esta zona esa alta presencia minera, esa participación de los actores armados. Estos sitios los llaman corredor minero, pero en realidad siguen siendo un corredor de violencia y ese corredor de violencia, nos está afectando negativamente. Hay daños físicos para nosotras las mujeres, alergias en la piel y problemas con nuestro órgano reproductor por la minería; y también emocionalmente estamos siendo afectadas por los ciclos de violencia”, alertó Simanca.

En medio de un contexto aún marcado por la violencia y por la presencia de grupos armados ilegales como el Ejército Popular de Liberación (Epl) o también conocidos como los ‘Pelusos’ y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) los liderazgos y movimientos sociales continúan trabajando por permanecer en sus territorios.

El panorama nacional

El Cinep documentó 480 casos con 983 victimizaciones a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y Violencia Político-Social entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2022. Los asesinatos son los principales hechos victimizantes con 334 casos, seguidos de las amenazas con 308, según datos registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep y la Red Nacional de Bancos de Datos.

Se identificaron ocho atentados contra líderes y dos atentados contra organizaciones de derechos humanos; 10 actos de persecución política y violación de los derechos humanos relacionados con la protesta social; 16 desmovilizados y/o reincorporados asesinados en el semestre; y cinco atentados contra desmovilizados y/o reincorporados en el semestre.

“Todos nuestros llamados en estos momentos se dirigen a acelerar la transformación que el nuevo gobierno está anunciando porque la situación es grave”, alertó el padre Javier Giraldo.

El departamento del Cauca encabeza la lista por registrar mayor número de victimizaciones, seguido por Valle del Cauca, Santander, Arauca y Antioquia.

FUENTE: EL ESPECTADOR