Luchar contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas; fomentar su participación política y social, así como promover e implementar la transversalización del enfoque de género constituyen aspectos esenciales en cualquier agenda de país que pretenda contribuir a desarrollar una cultura de paz, el desarrollo humano sostenible, la igualdad y la equidad de género.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena hace más de tres lustros, expresó su preocupación sobre la vulnerabilidad de mujer y niñas discapacitada ante la violencia de género. Años más tarde la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, que entró en vigor en mayo de 2008, declaró entre sus propósitos proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de los derechos y libertades a todas las personas con discapacidad promoviendo el respeto de su dignidad y la sensibilidad de los Estados para que adopten medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas o de otra índole necesarias contra ello.

En Cuba, el cumplimiento de la Plataforma de Acción de la IV Cumbre de la ONU sobre la Mujer, efectuada en Beijing, se plasmó en abril de 1997 en la creación de un Plan de Acción gubernamental de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la conferencia, contentivo de las líneas fundamentales que guían el trabajo de las instituciones del Estado. En él se enfatizan las áreas en las que todavía el país no ha cumplido los objetivos que, como parte de la voluntad política del Estado, han regido a favor de las mujeres desde el triunfo revolucionario, muchos de los cuales están contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

La familia es el grupo social más importante en la vida de cada individuo. Los afectos, los saberes que se reciben en el hogar desde las etapas más tempranas de la vida, así como las vivencias, tienen una significativa importancia en el desarrollo personal de cada uno de sus integrantes. Sin embargo, según Guzmán, la mayoría de las violaciones de género ocurren en lugares y bajo condiciones que se consideran privados, como la familia, o en el ejercicio de la sexualidad^[1].

Y los prejuicios que a lo largo de la historia se han construido sobre la sexualidad se acrecientan cuando se refieren a la vida afectivo- sexual de las personas con discapacidad. Por ello, al no considerar como válido el derecho al pleno disfrute de su vida sexual, conlleva a frustraciones, inhibiciones y desequilibrios emocionales que atentan contra la salud psicoafectiva de las personas que resultan víctimas de estos condicionamientos sociales.

Poco o casi nada se habla acerca de las manifestaciones de violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad, entre las que se pueden citar: las débiles visuales, las que tienen retraso mental, físico motor, entre otras. Pareciera que no son víctimas de violencia, a juzgar por el escaso tratamiento de esta problemática en este grupo poblacional.

Se conoce que mujeres y niñas con determinada discapacidad son, por lo general, violentadas en el ámbito de las relaciones familiares y de pareja, aunque no se descartan otros espacios sociales tales como el contexto laboral, los espacios comunitarios, escuelas y medios de comunicación.

Constituyen un grupo de personas que suelen ser doblemente discriminadas, fundamentalmente, primero por su condición de mujer y segundo por ser discapacitadas, aunque no se descartan otras variables que se entrecruzan, asociadas a determinadas condiciones humanas y socioeconómicas, que influyen en posicionarlas también como víctimas de la violencia. Según el Informe Mundial sobre Violencia y Salud, las mujeres y niñas con discapacidades están expuestas a mayor riesgo de violencia y descuido^[2] y, en esa misma dirección, el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas, también sentencia que existe preocupación acerca del descuido y abandono que sufren las niñas con discapacidades^[3].

Una mujer con discapacidad tiene mayor predisposición a ser objeto de episodios de violencia, y más específicamente de violencia de género. Mujeres o niñas con alguna discapacidad física, sensorial, intelectual o mental sufren diversos tipos de violencia de género por parte de familiares, vecinos, parejas y empleadores, por ser consideradas inferiores e incapacitadas; por depender de la asistencia y cuidados de otros; y por no cumplir con el estereotipo de mujer. Todo ello las conduce a una pérdida de la autoestima, como resultado del menosprecio de su imagen como mujer. De igual modo, cotidianamente, se enfrentan a los papeles tradicionales asignados a las mujeres y a la negación de estos en su condición de discapacitadas. Esta diversidad de situaciones de violencia la sufren desde edades muy tempranas y están determinadas, entre otras razones, por los prejuicios culturales fuertemente arraigados.

Se conoce que mujeres y niñas con alguna discapacidad son objeto de las principales formas en que se expresa la violencia en el escenario familiar en todas sus gamas, con predominio de la psicológica y de la emocional. Otras formas de violencia, como el acoso sexual y la prostitución forzada, son más invisibilizadas, por lo que requieren de un mayor estudio para poder intervenir en su modificación. Es por esta razón que las adolescentes y jóvenes con alguna discapacidad, que se caracterizan por ser bonitas y tener una bella figura, son más vulnerables en algunas familias, ya que pueden ser utilizadas para solventar problemas financieros mediante la prostitución.

En cualquiera de estos casos, sus victimarios, por lo general, son familiares, vecinos y amigos cercanos, quienes las tocan, acarician y les plantean que lo hacen porque las quieren mucho, y que es una forma de cuidarlas y expresarles afecto. Pocas veces las madres o tutores responsables de su cuidado tienen en cuenta sus quejas o relatos, fingen en muchos casos no saber y las culpabilizan por los abusos vividos. Estas situaciones, por supuesto, tienen un costo de salud mental para las mujeres y niñas que viven en esta condición, por ejemplo, para las que presentan retardo mental^[4].

Estamos ante una problemática social que requiere de más atención y sensibilización a todos los niveles sociales, así como acciones concretas. Ofrecer programas educativos para progenitores y/o familiares de niñas con discapacidades contribuye a la prevención de la violencia y a romper el silencio que rodea la violencia sexual en la familia. Es necesario tratar la estigmatización tradicional y las creencias perjudiciales acerca de la discapacidad, para así reducir la vulnerabilidad frente a la violencia hacia las niñas con alguna discapacidad. Estos son, solamente, algunos pasos para continuar fraccionando el silencio frente a la violencia contra las mujeres y las niñas y alzar la voz por aquellos grupos vulnerables que aún necesitan mayor atención.

Otra bibliografía consultada

Bernal, R. (2010). “Estrategia Educativa para la prevención del maltrato infantil en las familias de escolares con retraso mental” Tesis doctoral. La Habana.

FUENTE: http://www.redsemlac-cuba.net/