Casi diez años después del transfeminicidio de Paola Buenrostro, el responsable, Arturo «N» fue detenido. La audiencia inicial estuvo marcada por la malgenerización y la transfobia contra la víctima y compañeras trans que han acompañado el proceso.

Casi diez años después del transfeminicidio de Paola Buenrostro, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Arturo “N”, señalado como responsable del crimen. La detención, que la Fiscalía celebró como un avance histórico, derivó horas después en una audiencia marcada por la malgenerización y transfobia, seguida de represión policial contra manifestantes que protestaban frente a las instalaciones de la Fiscalía.

El transfeminicidio de Paola Buenrostro

Paola Buenrostro era una mujer trans de 25 años, trabajadora sexual, que había migrado a la Ciudad de México. La madrugada del 30 de septiembre de 2016 abordó el vehículo de un cliente, identificado después como Arturo “N”, en la zona de la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Momentos después pidió auxilio a sus compañeras; se escucharon dos disparos. Al acercarse al auto, las mujeres encontraron a Paola herida en el asiento del copiloto y al agresor con un arma en la mano; lograron retenerlo hasta la llegada de la policía. Paola murió por las lesiones.

Arturo “N” fue detenido en el lugar, pero un juez ordenó su libertad 48 horas más tarde por, según se argumentó entonces, falta de elementos para vincularlo a proceso. El 19 de octubre de 2016 se emitió en su contra una orden de aprehensión por homicidio calificado; para ese momento el transfeminicidio aún no existía como figura penal en la Ciudad de México. El feminicida permaneció prófugo durante casi una década, con paso reportado por Tamaulipas, Veracruz y Baja California antes de instalarse en el Estado de México.

La Ley Paola Buenrostro

El caso se convirtió en un referente de las luchas por los derechos trans en México. En 2019, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 02/2019, que reconoció el crimen de Paola como el primer transfeminicidio documentado por una autoridad en la capital; la Fiscalía aceptó la recomendación y ofreció una disculpa pública. Kenya Cuevas, amiga de Paola y testigo de los hechos, fundó a raíz del crimen la organización Casa de las Muñecas Tiresias, dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres trans y trabajadoras sexuales, y encabezó durante años la exigencia de justicia.

En abril de 2023, ante la falta de resultados, la Fiscalía había ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que condujera a la localización de Arturo “N”.

La presión sostenida de la comunidad trans desembocó, el 18 de julio de 2024, en la aprobación de la Ley Paola Buenrostro, que incorporó el transfeminicidio al Código Penal de la Ciudad de México como delito autónomo. En Volcánicas registramos ese mismo día cómo se logró esta ley histórica.

Detención de Arturo “N”

Este 31 de agosto, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJCDMX detuvieron a Arturo “N”, un ex militar que también se desempeñó en seguridad privada, en la colonia El Tráfico, municipio de Nicolás Romero, Estado de México.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, anunció la captura y la calificó como “un paso decisivo para que el caso de Paola avance ante los tribunales”, además de asegurar que la institución sostendría el proceso con “rigor y perspectiva de género”. 

¿Qué pasó en la audiencia?

El martes 1 de septiembre, mientras se realizaba la primera audiencia, afuera de los Juzgados de Dr. Lavista, colonia Doctores, se congregó una manifestación convocada por Casa de las Muñecas Tiresias y por Lleca Escuchando la Calle, en espera de Kenya Cuevas, quien acompañó el proceso como víctima indirecta.

Durante la diligencia, Cuevas y su representación legal denunciaron que personal del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio se dirigió a ella y a otras testigos por su nombre registral, en lugar de su identidad de género, malgenerizándolas y que las representantes llegaron a la audiencia sin preparación, refiriéndose a Paola en algún momento como “caballero”, revictimizándola. Cuevas afirmó además que existía un acuerdo previo con la Fiscalía para procesar el caso como transfeminicidio, acuerdo que no se sostuvo.

Al final de la audiencia, la autoridad judicial determinó prisión preventiva para Arturo “N”, lo vinculó a proceso por homicidio calificado, no por transfeminicidio, y fue trasladado al Reclusorio Oriente. La Fiscalía explicó posteriormente, en un comunicado, que la orden de aprehensión original data de 2016, cuando los supuestos legales para acreditar un feminicidio eran más restrictivos y el tipo penal de transfeminicidio todavía no existía en el Código Penal capitalino; por ello, dijo, esta primera audiencia se desarrolló bajo esa clasificación, aunque “la posibilidad de reclasificar a feminicidio en etapas posteriores queda abierta”. Sin embargo, cuando Paola fue asesinada en 2016, el feminicidio ya existía como delito en la CDMX (desde 2011) y en todo el país (desde 2012).

La decisión judicial de no calificar el crimen como transfeminicidio, generó indignación entre las asistentes y desató las protestas en el edificio de la Fiscalía. La respuesta de las autoridades fue la represión. La negación posterior del reingreso a las instalaciones de la PDI a las activistas Victoria Sámano (de Casa Lleca) y a la propia Kenya Cuevas, reavivó la protesta afuera del recinto. Manifestantes denunciaron haber sido golpeadas y gaseadas por parte de la policía.

Colectivos exigen la destitución de Brenda Celina Bazán Varela, la funcionaria a cargo de la Fiscalía Especializada en el delito de feminicidio, a quien responsabilizaron directamente por el maltrato hacia Kenya Cuevas y otras testigos durante la audiencia.

La respuesta de la Fiscalía

Ya en la noche del 1 de septiembre, la FGJCDMX difundió un comunicado en el que negó prácticas discriminatorias y sostuvo que reconoce “plenamente” la identidad de Paola Buenrostro como mujer trans. La institución precisó que la diferencia entre acusar por homicidio o por feminicidio no radica en el reconocimiento de la identidad de género de la víctima, sino en si se acreditan ante el juez los supuestos legales específicos para el feminicidio. Anunció también que, en las siguientes etapas del proceso, “fortalecerá la investigación” para aportar los elementos necesarios y solicitar al juez que valore la reclasificación del delito.

¿Qué sigue ahora?

El caso queda ahora en una etapa procesal en la que la Fiscalía ha dejado abierta la puerta a pedir la reclasificación a feminicidio o transfeminicidio, mientras Arturo “N” permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente enfrentando el cargo de homicidio calificado. Varios colectivos anticiparon que las protestas continuarán y que mantendrán la vigilancia sobre el proceso judicial, en un caso que ya es referente legal y simbólico para la tipificación del transfeminicidio en México.

Desde Volcánicas rechazamos la revictimización y malgenerización de Paola y las compañeras, así como la clasificación errada del caso como homicidio, cuando debería tratarse como un feminicidio y la posterior criminalización de la protesta. Enviamos nuestra solidaridad a las compañeras que han acuerpado el caso. 

FUENTE: VOLCÁNICAS