Un estudio de Dejusticia revela que las mujeres migrantes, en su mayoría venezolanas, son empujadas a dedicar casi el 50 % de sus días a trabajos no remunerados de cuidado que, a su vez, las sumerge en precariariedad y proyectos de vida truncados.

Casi el 60 % de las mujeres viven en el umbral de pobreza, mientras que cuatro de cada 10 no perciben siquiera un salario mínimo completo.

Antes, durante y después de atravesar la frontera, las mujeres migrantes dedican sus días al cuidado sin ninguna retribución real o suficiente. Ese es uno de los varios hallazgos que el centro de estudios jurídicos Dejusticia reveló en una investigación publicada en mayo y que concluye que hay un “hilo invisible” entre el cuidado, el género y la migración.

La investigación compiló la historia de 25 migrantes, todas residentes en Bogotá, para conocer cómo sus días, que ya de por sí son difíciles con la integración y regularización en Colombia, se tornan aún más tortuosos cuando deben emplear tiempo, dinero y esfuerzos a labores de cuidado no remunerado.

El común denominador: la mayoría son mujeres, generalmente oriundas de Venezuela, que migraron buscando un mejor futuro para sus hijos o las personas que tienen a cargo. También se repite que han sido absorbidas en “círculos de pobreza y vulnerabilidad” que les privan de generar ingresos económicos, cursar proyectos de vida propios y cumplir “el sueño migratorio” de encontrar mejores posibilidades.

Cifras de una brecha

Aunque no es una investigación representativa a nivel nacional, muestra que las conclusiones pueden extrapolarse a patrones de vulnerabilidad que viven en su mayoría las cuidadoras migrantes en Colombia.

El DANE, en 2023, ya lo había determinado. De acuerdo con la Encuesta de Uso del Tiempo del Departamento Estadístico, las mujeres nacidas en otros países dedican 9,5 horas a labores de cuidado frente a las 7,5 horas que lo hacen madres, abuelas o hermanas oriundas de Colombia. Con el reloj en mano, significa que casi el 50 % del tiempo en que una mujer migrante permanece despierta es destinado a una labor que no le retribuye económicamente, ahonda desigualdades de género y le es endilgado solo por ser mujer.

Además, la investigación muestra que migrar y cuidar son sinónimos de mayores secuelas como pobreza extrema, afectaciones psicológicas o deterioros físicos derivados del poco descanso o tiempo empleado para atender su salud. Así lo determinó el Departamento Nacional de Planeación en 2024, cuando concluyó que seis de cada 10 hogares liderados por mujeres migrantes viven en el umbral de pobreza y para ese entonces, estas mujeres percibían apenas el 41 % del salario mínimo.

Para Dejusticia, las conclusiones pueden extrapolarse tanto a las familias de los 2,8 millones de personas que pertenecen a la diáspora venezolana como a las mujeres de al menos 10 nacionalidades diferentes que también sostienen a sus allegados en Colombia, entre haitianas, ecuatorianas o mujeres provenientes de África.

“Las políticas públicas han tratado la migración y el cuidado como asuntos separados. Mientras la migratoria no considera las responsabilidades de cuidado de las mujeres, las de cuidado tampoco contemplan las barreras específicas que enfrentan las migrantes. Frente a ese vacío institucional, son las propias mujeres quienes sostienen la vida a través de redes informales, apoyos comunitarios y estrategias cotidianas para sobrevivir”, reza un apartado de la investigación.

Vacío sin llenar

La investigación hace énfasis en que el Estado y la sociedad usualmente se refieren a la migración como una población que debe ser regularizada con estatus migratorios e integradas en el andamiaje social. Pero son los vacíos, no las normas, los que generan consecuencias en las vidas de las mujeres. Dejusticia explica que las mujeres migrantes están más expuestas a cargar con el peso del cuidado no remunerado y que, como a millones de otras mujeres en Colombia o en el mundo, se les atribuye la responsabilidad de sostener el hogar, la familia, la economía o la supervivencia de niños pequeños y ancianos.

Una mujer venezolana, por ejemplo, carga con el duelo de haber dejado su tierra atrás, pero en su destino colombiano se encuentra con trabas para acceder a un estatus migratorio que la regularice. Sin ese documento, dice la investigación, las posibilidades de un trabajo formal o acceso a mínimos básicos como salud, educación para sus hijos o prestaciones laborales de ley, se convierten en un imposible que la obliga a trabajar informalmente y la encierra en un laberinto de vulneraciones, pobreza o escasez.

La difícil convalidación de títulos o falta de redes de apoyo para estas mujeres también se suma a la baraja de obstáculos para las mujeres migrantes, obligando a muchas de ellas, ya profesionales y con títulos universitarios, a buscar ingresos en labores informales y mal remuneradas como vendedoras, meseras o cocineras.

Margarita Martínez, investigadora y coordinadora de la línea de género en Dejusticia, asegura que hay otras conclusiones derivadas de este asunto que se ha convertido en “invisible para el Estado”.

“Estamos viendo mujeres con dos o tres trabajos informales, asumiendo obligatoriamente esas cargas y que aún así, no es suficiente para poder salir de círculos de pobreza y precariedad”, comenta.

Margen de acción

Más que un llamado de atención sobre la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres migrantes, la investigación propone pensar el cuidado como una tarea que se distribuya equitativamente y que adicionalmente tenga un enfoque de movilidad humana.

Martínez subraya que esta conversación, aunque lleva varios años en la agenda pública, también tiene impacto en la economía del país: según la información recabada, las labores de cuidado representan casi el 20 % del Producto Interno Bruto colombiano. Para la investigadora, quiere decir que se está permitiendo que una quinta parte de cómo se mueven las finanzas del país alimente pobreza y sumerja en vulnerabilidades a las responsables de “sostener la sociedad y la familia”.

“Es un asunto migratorio que debe entenderse en condiciones dignas, como un asunto de justicia social y derechos humanos. Se debe transformar la forma en que la sociedad sostiene la vida, pero que hoy se sostiene con mujeres migrantes en condiciones profundamente desiguales”, concluye.

FUENTE: EL ESPECTADOR