Los casos ocurrieron en distintas regiones del país entre el 12 y el 19 de julio. Las autoridades investigan las causas.

Colombia enfrenta una nueva alerta por la violencia extrema contra las mujeres. Entre el 12 y el 19 de julio, al menos nueve mujeres y adolescentes fueron asesinadas o halladas sin vida en Soacha, Medellín, Sabaneta, Villamaría, Valledupar, Barranquilla, Líbano, Cali y Soledad.

No todos los hechos avanzan en el mismo punto judicial. En algunos casos, la Fiscalía ya imputó el delito de feminicidio. En otros, las autoridades activaron los protocolos de presunto feminicidio o mantienen abiertas distintas hipótesis. Por esta razón, no resulta preciso catalogar todavía las nueve muertes como feminicidios confirmados por la justicia. Sin embargo, los antecedentes conocidos, acoso, violencia de pareja, amenazas, relaciones asimétricas y desapariciones, obligan a que estos crímenes se investiguen con perspectiva de género, sin reducirlos a simples riñas o hechos aislados de intolerancia.

Nueve nombres detrás de la alerta

El primer caso registrado ocurrió el 12 de julio con el asesinato de Rosa Mayerly Olaya Coronado, atacada mientras trabajaba en un establecimiento comercial de Soacha. La Fiscalía imputó al procesado por feminicidio agravado y un juez decretó su reclusión preventiva. Las investigaciones indican que la víctima habría sufrido meses de acoso tras negarse a sostener una relación con el agresor.

Un día después falleció Jhanet Estella Álvarez Rivera, de 52 años, en el barrio Popular de Medellín. La principal hipótesis señala a su expareja, quien se habría quitado la vida posteriormente. Las autoridades indagan el hecho como un presunto feminicidio.

En Sabaneta, Antioquia, las autoridades hallaron el cuerpo de Melanie Sarahí Fajardo Rincón, de 17 años. La investigación se adelanta bajo el protocolo de presunto feminicidio. Las primeras versiones indican que habría sido atacada por su pareja, un joven de 20 años que también fue encontrado sin vida.

En zona rural de Villamaría, Caldas, fue localizada sin vida Paola Gimena Osorio Zuluaga, de 38 años. La víctima había sido reportada como desaparecida y registraba antecedentes por presunta violencia intrafamiliar. Las autoridades buscan precisar si se trató de un feminicidio.

La alerta de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento directo sobre las muertes de María Camila Potosí, en Cali, María Alejandra Castaño, en Líbano (Tolima), Herianny Montilla, de 16 años, en Barranquilla y Yasleidis Martínez, en Valledupar. La entidad solicitó investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales que permitan esclarecer los contextos, vínculos y antecedentes de violencia alrededor de cada hecho.

El crimen de María Camila, de 21 años y con ocho meses de gestación, encendió las alarmas debido a que la bebé que esperaba no fue hallada con ella. Ante esto, la Defensoría instó a intensificar la búsqueda y no descartar ninguna línea de investigación.

En Valledupar, la familia de Yasleidis María Martínez, de 31 años, solicitó celeridad en el proceso luego de que fuera encontrada sin vida tras viajar desde Barranquilla para celebrar su cumpleaños. Este caso se mantiene bajo la hipótesis de un posible feminicidio.

El noveno hecho corresponde a Danelly Marcela Del Valle Mendoza, de 22 años, asesinada el 19 de julio en una vivienda de Soledad, Atlántico. La información preliminar indica que un hombre le disparó tras una discusión. Al no registrarse aún una imputación por feminicidio, el caso se maneja como una muerte violenta en etapa de investigación.

¿Qué muestran las cifras oficiales?

Actualmente no existe un consolidado oficial nacional con corte a julio que determine el total de feminicidios registrados en 2026. Las cifras además suelen variar según la fuente y el momento procesal, ya que varios expedientes inician como homicidios y terminan reconfigurándose como feminicidios durante la indagación.

Los datos correspondientes a Bogotá permiten dimensionar la magnitud del riesgo. Entre enero y mayo de 2026, la Fiscalía tipificó siete feminicidios en la ciudad, frente a diez reportados en el mismo lapso de 2025, lo que representa una baja del 30 %. Tres de los crímenes ocurrieron en Bosa, uno en Ciudad Bolívar y otro en Usaquén en los dos restantes no se precisó la localidad.

Pese a la disminución en los casos consumados, las alertas van en aumento. En ese mismo periodo de cinco meses, Medicina Legal practicó 1.574 valoraciones por riesgo de feminicidio, en comparación con las 960 de 2025, lo que equivale a un alza cercana al 64 %. De los análisis efectuados en 2026, 688 corresponden a riesgo extremo, 297 a riesgo grave y 343 a riesgo moderado.

La Secretaría Distrital de la Mujer reportó que en lo que va del 2026 acompañó a 1.466 mujeres valoradas en riesgo de feminicidio a través del Sistema Articulado de Alertas Tempranas. La entidad aclaró que el incremento en las valoraciones no se traduce necesariamente en una subida de las agresiones, sino en una mayor capacidad para detectar riesgos y activar esquemas de protección.

Asimismo, entre enero y mayo, la Secretaría prestó 172.311 atenciones a mujeres, de las cuales 110.209 se relacionaron con situaciones de violencia, esto representa casi dos de cada tres servicios brindados durante ese periodo.

Por su parte, los registros de la Policía señalan que en los primeros cinco meses de 2026 ocurrieron 25 muertes violentas de mujeres en Bogotá, frente a las 56 contabilizadas en el mismo lapso de 2025. Esta categoría agrupa tanto feminicidios como otros homicidios de mujeres, por lo que se distingue de los siete casos imputados penalmente como feminicidio.

¿Por qué debe hablarse de violencia de género?

La Defensoría enfatizó en que el feminicidio constituye la manifestación más extrema de la violencia de género, la cual suele estar precedida por dinámicas de control, amenazas, agresiones, aislamiento y distintas formas de limitación a la autonomía de las mujeres.

La Fiscalía señala que las muertes violentas de mujeres deben indagarse bajo una perspectiva de género y con la debida diligencia, para determinar si se cometieron por el hecho de ser mujeres o dentro de entornos marcados por la discriminación, la dominación o la violencia.

Nombrar estos crímenes como eventuales expresiones de violencia feminicida no implica anticipar una responsabilidad penal. Supone la exigencia de que las autoridades examinen los antecedentes y los factores de riesgo sin revictimizar, justificar a los agresores ni mediatizar la violencia.

Las estadísticas también reflejan que evaluar la problemática únicamente a través de los feminicidios consumados invisibiliza a cientos de mujeres que hoy enfrentan un riesgo extremo o grave. La prevención depende de que las amenazas, el acoso y las agresiones previas se atiendan a tiempo, antes de que la violencia escale a su manifestación más severa.

FUENTE: PUBLIMETRO