El Estado ofreció excusas en una sentida ceremonia, en la que María G* vivió el mea culpa de un país que le dio la espalda a principios de los 2.000.

En una ceremonia desarrollada en el Auditorio de Audiovisuales de la Universidad de Costa Rica, en la capital San José, el Estado colombiano ofreció excusas públicas a María G*. Se trata de una mujer que desde sus 18 años ha resistido a una de las historias de conflicto armado más impactantes conocidas, lo cual ha demostrado su valentía ante hechos de conflicto armado en Medellín, y la fuerza para seguir de pie y exigir justicia en medio de un contexto marcado por la omisión estatal.

Durante la ceremonia, la cual fue liderada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), se realizó un acto performativo en el que, si bien estuvo presente la víctima, no mostró el rostro. En su lugar, su silueta podía verse a través de un telón, que luego fue acompañada de otras siluetas que la tomaron de la mano, y luego la abrazaron. De parte del Estado ofrecieron palabras la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Óscar Parra.

El expediente de María G. establece que, en noviembre de 2002, cuando tenía 18 años, fue interceptada de camino al colegio por seis sujetos encapuchados y armados, vestidos con prendas militares y brazaletes de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia. Los victimarios la vendaron y la hicieron caminar hacia un lugar desconocido, mientras hablaban por radioteléfonos. Fue interrogada sobre sus hermanos y sobre sus actividades como líder juvenil, siendo estigmatizada como guerrillera.

La llevaron a un lugar despoblado donde empezó la barbarie. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció que María G. recibió “cortes con cuchillo, una quemadura de cigarro y golpes. (…) fue violada por tres sujetos mientras el resto del grupo se reía y alegaba su turno para tener acceso carnal con ella. Indica que recibió amenazas de muerte, y fue marcada con un cuchillo en el antebrazo con las letras AUC”.

Tras los vejámenes a los que fue sometida, los victimarios la hicieron caminar de regreso, ordenándole llevar un papel con una frase amenazante para la comunidad del barrio Carpinelo, de la Comuna 1. Ante semejantes amenazas, María G. tuvo que desplazarse de Medellín a Bogotá, abandonando sus trabajos y estudios. Antes de ello, la víctima acudió a la Fiscalía para denunciar los hechos, pero desde entonces, el único avance procesal que ha tenido el caso es el reconocimiento médico legal del ente investigador. Y más nada.

“La peticionaria indica que el contexto en que ocurren los hechos se enmarca en la disputa por el control territorial entre los bloques Metro y Cacique Nutibara de las AUC, los que ejercían dominio en el barrio de Carpinelo, municipio de Medellín. Sostiene que dichos grupos mantenían fuertes alianzas con miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra, sin lo cual hubiese sido imposible la comisión de crímenes como el del presente asunto”, se lee en los expedientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, la denunciante explicó que, en el marco de los enfrentamientos entre los distintos grupos armados en la Comuna 1 de Medellín, la violencia sexual contra mujeres se tornó en una práctica realizada principalmente por parte de agentes de la Fuerza Pública y paramilitares, quienes utilizaron ese mecanismo de alta violencia como método de amedrentamiento en las comunidades y para marcar territorios.

Cansados de no obtener respuestas de la justicia, María G. y su familia acudieron ante la Comisión Interamericana, denunciando graves violaciones a sus derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección a la honra y circulación. Presentaron las pruebas en febrero de 2009 y en mayo de 2018, nueve años después, el órgano de justicia del sistema interamericano aceptó el expediente para estudio.

“La Comisión considera que, de ser probados los alegatos relativos a la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los presuntos responsables de las alegadas afectaciones a la libertad e integridad, torturas, violación sexual y amenazas sufridas por María G. y su desplazamiento interno, así como la presunta participación o aquiescencia de agentes estatales en los hechos, podrían caracterizar posibles violaciones de los artículos 5, 7, 8, 11, 22, 24 y 25 de la Convención Americana”, concluyó el organismo.

El caso no solo fue aceptado, también se encontraba bajo estudio y pudo haber terminado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene dientes para condenar a Colombia y emitir órdenes de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, la Agencia de Defensa Jurídica logró llegar a un acuerdo de solución amistosa con María G., de tal manera que el Estado ofreciera excusas de manera anticipada y se comprometiera a reparar a la víctima.

Aunque no se conocen detalles del acuerdo al que llegaron, entre los puntos clave estaba la realización de un acto de memoria, en el cual Colombia reconoció las graves fallas de su sistema de justicia en este expediente, al haber permitido que casos de alta violencia se presentaran y quedaran en plena impunidad a lo largo de los años.

Jhoan Sebastian Cote Lozano

FUENTE: EL TIEMPO