Aunque crece la atención por el sistema de salud, La Mesa advierte que persisten barreras para mujeres rurales.

El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) aumentó en Colombia durante los últimos cuatro años, según un informe divulgado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. De acuerdo con la organización, en los casos acompañados por esta entidad, la atención vía EPS pasó del 40,9% en 2022 al 62,9% en 2025, lo que representa un crecimiento de 22 puntos porcentuales.

El documento, titulado ‘Más allá del acceso al aborto: 20 años de acompañamiento’, recoge las experiencias de 2.532 mujeres, niñas y adolescentes que enfrentaron barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo después de la sentencia de 2022, que despenalizó el aborto libre hasta la semana 24 de gestación en Colombia. El informe muestra avances, pero también obstáculos persistentes.

En total, 1.360 mujeres pudieron terminar sus embarazos de manera segura luego de recibir acompañamiento de La Mesa. Para la organización, esta cifra refleja el peso que aún tiene la orientación especializada en el ejercicio de este derecho, incluso en un contexto en el que el sistema de salud ha aumentado su participación en la prestación del servicio y las rutas institucionales han ganado relevancia.

Acceso al aborto por EPS aumenta en Colombia

Uno de los principales hallazgos del informe es el cambio en la forma como las mujeres acceden a la interrupción voluntaria del embarazo. En 2025, el 62,9% de los casos, equivalente a 314 mujeres, se tramitó a través de las EPS. En 2022, esa proporción había sido de 40,9%, con 52 casos, lo que evidencia una mayor canalización por el sistema de salud.

Yesenia Naranjo, una de las autoras del informe, explicó que también se ha modificado el tipo de acompañamiento requerido por las mujeres. “La mayoría de mujeres requerían acciones legales desde la mesa, pero ahora vemos que solo el 19,2 % requirió ese acompañamiento legal y podemos ver que las asesorías tuvieron un aumento”, señaló durante la presentación del texto.

Ese cambio sugiere que, aunque las acciones jurídicas siguen siendo necesarias en algunos casos, una parte importante de las solicitudes se concentra hoy en la orientación sobre derechos, procedimientos y rutas disponibles. De los 2.532 casos analizados, el 76% requirió principalmente información sobre el derecho al aborto y sobre los mecanismos existentes para acceder al servicio de salud correspondiente.

Naranjo afirmó que el propósito de ese acompañamiento es que las mujeres cuenten con herramientas suficientes para tomar decisiones y exigir la garantía del servicio. “Buscamos que sean las mujeres quienes, a partir de la información que se les suministra, sean ellas quienes se empoderen” y reclamen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, indicó la autora del informe.

Barreras para acceder a la IVE persisten en el sistema de salud

Aunque el informe destaca el crecimiento del acceso a través de las EPS, también advierte que persisten barreras vinculadas al funcionamiento del sistema de salud. Estos obstáculos, sumados a condiciones personales y sociales, afectan de manera diferenciada a mujeres de zonas rurales, comunidades étnicas y raciales, población migrante y personas en otras situaciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con el informe, el acceso formal no elimina por completo las dificultades que enfrentan las mujeres para recibir atención oportuna. Por esa razón, La Mesa plantea que la atención de casos continúa siendo un componente central de su trabajo, especialmente cuando las personas no conocen las rutas, enfrentan demoras o requieren apoyo para activar los mecanismos disponibles.

Laura Castro González, directora ejecutiva de La Mesa, señaló que el informe “da cuenta del lugar central que la atención de casos tiene para la organización y de cómo, a partir de esta, se han impulsado transformaciones legales, políticas y culturales por el reconocimiento del derecho al aborto durante las pasadas dos décadas de trabajo”.

El estudio también reporta que seis mujeres solicitaron apoyo legal debido a procesos de criminalización relacionados con el aborto. Aunque se trata de un número reducido dentro del total de casos analizados, la organización lo incluye como evidencia de que persisten escenarios en los que las mujeres pueden enfrentar consecuencias legales o requerir acompañamiento jurídico especializado.

Sistema público gana peso en la atención del aborto

Otro dato relevante del informe es la caída en el uso de subsidios para recibir atención en instituciones prestadoras de salud, como hospitales y clínicas privadas. Este mecanismo pasó del 31% al 1,2% en el mismo periodo, lo que refuerza la tendencia hacia un acceso cada vez más canalizado por el sistema público de salud.

El informe revela, además, que el 44,9% de las solicitudes de acceso ocurrió durante las primeras 12 semanas de gestación. Este dato resulta clave dentro del seguimiento realizado por la organización, pues permite observar en qué momentos del embarazo se concentran las solicitudes y cómo se activa la búsqueda de atención dentro de las rutas institucionales.

Por ubicación, los departamentos con mayor número de casos atendidos fueron Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Sin embargo, al contrastar esas atenciones con el tamaño de la población, el informe encontró una mayor incidencia en Meta, Guainía y Guaviare, territorios que muestran una dinámica distinta cuando se revisan los casos en proporción a sus habitantes.

Sara Méndez, asesora jurídica y de incidencia de La Mesa, afirmó que los resultados de estas dos décadas “muestran que el acceso va más allá de la garantía de los derechos reproductivos en cada caso y también contribuye a transformar las condiciones legales y políticas en las que se ejerce este derecho”.

Méndez agregó que el acompañamiento realizado por la organización también ha permitido capacitar a funcionarios públicos, fortalecer instituciones estatales y aportar al desarrollo del marco normativo y sanitario que regula el acceso al aborto en Colombia. Con ese balance, el informe plantea que el reto no solo está en aumentar la atención, sino en reducir las barreras que todavía limitan el acceso efectivo.

Carolina Morales Herrera

Periodista de Portafolio

FUENTE: PORTAFOLIO