julio 6, 2026
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Los huérfanos por feminicidio volvieron a quedar huérfanos con Petro. ¿Qué hará usted, señor De la Espriella?
| Soy Camilo Andrés Beltrán Ortiz. En 2022 a mi hermana, Leydi Johana Beltrán Ortiz, la asesinó su expareja sentimental, Waldo Morales Pardo. Desde ese momento, mi familia y yo asumimos el cuidado de sus dos hijas, mis sobrinas de 14 y 9 años. Dos huérfanas más del feminicidio. Aprendimos a vivir con la ausencia y el dolor de perder a una mujer de nuestra familia de una forma tan violenta. Hoy con la claridad que regala el tiempo entendemos que la tragedia no terminó ese día. El feminicidio es mucho más que una sola víctima. Son niños y niñas que crecen haciéndose preguntas que no tienen respuesta, familias que deben reconstruirse en medio del duelo, el dolor de la injusticia y una sociedad que aún desconoce las consecuencias de estos crímenes. Por eso, la aprobación de la Ley 2530 de 2025, que reconoce medidas de apoyo económico y psicosocial para los hijos e hijas víctimas de feminicidio hasta los 25 años, representó una esperanza para muchas familias. Es el resultado de años de lucha de organizaciones sociales y víctimas que decidimos transformar el dolor en la exigencia de derechos al Estado, que en muchos casos abandonó a las mujeres que denunciaron. Sin embargo, hoy esa esperanza enfrenta una amenaza: a casi un mes del final del Gobierno de Gustavo Petro la ley todavía no cuenta con una hoja de ruta clara para su implementación. La falta de firma del decreto reglamentario, sumada a la desaparición del Ministerio de Igualdad y la incertidumbre sobre qué entidad asumirá sus responsabilidades, genera una preocupación profunda entre las familias víctimas de feminicidio. Porque una ley sin reglamentación, sin responsables definidos y sin presupuesto claro corre el riesgo de quedarse únicamente en el papel.Para quienes vivimos esta realidad, una promesa incumplida por parte del Estado no es un asunto administrativo. Es una nueva forma de incertidumbre y revictimización. Las víctimas indirectas de feminicidio tenemos preguntas que a pesar de la ley siguen sin respuesta ¿quién liderará la implementación de esta ley? ¿Qué entidad garantizará que los niños, niñas y adolescentes reciban atención integral en todos los territorios del país? ¿Qué recursos serán destinados para cumplir lo establecido? ¿Cómo se garantizará que estos derechos no dependan de la voluntad política del gobierno de turno?Estas inquietudes reflejan la realidad que enfrentamos: todavía existen grandes vacíos de información, pedagogía y articulación en las instituciones encargadas.. La existencia de una ley representa un avance importante, pero su verdadero impacto dependerá de que las instituciones tengan claridad sobre sus responsabilidades y que las familias puedan acceder de manera efectiva a los derechos que fueron reconocidos. Además, Colombia aún tiene una deuda pendiente: conocer con certeza cuántos niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos por feminicidio. Sin un registro completo, resulta imposible diseñar políticas públicas efectivas que respondan a la magnitud real del problema.Hoy mi preocupación también está relacionada con el futuro de esta política pública. Colombia eligió recientemente a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de la República, y ante un cambio de administración surge una pregunta inevitable para esta población: ¿quién garantizará la continuidad de la Ley Huérfanos por Feminicidio? ¿Quién asumirá la responsabilidad de ejecutar, fortalecer y hacer realidad las medidas que hoy existen sobre el papel? No podemos permitir que los avances logrados después de años de lucha de las víctimas y organizaciones sociales queden en pausa por una transición institucional o por falta de voluntad política. Como familia no necesitamos solamente actos simbólicos ni espacios ocasionales de participación. Exigimos acompañamiento psicológico permanente, garantías económicas, acceso efectivo a la justicia y una institucionalidad que responda permanentemente. Esta deuda no se salda con discursos. Se salda cuando las políticas se implementan, cuando las instituciones cumplen su papel y cuando los derechos dejan de ser palabras para convertirse en realidades que transforman vidas. Esta historia debería interpelarnos como sociedad. Porque cuando un niño o una niña pierde a su madre por una violencia que pudo evitarse, cuando una familia debe enfrentar sola las consecuencias y cuando una ley existe pero todavía hay dudas sobre quién la hará realidad, las preguntas dejan de ser solo para las familias. Lo que Colombia debería cuestionarse es: ¿qué estamos haciendo como país para garantizar que quienes sobreviven a esta violencia no tengan que seguir luchando solos por sus derechos? *Camilo Andrés Beltrán Ortiz es docente y defensor de los derechos de huérfanos y huérfanas por feminicidio en Colombia. |
FUENTE: EL PAIS
