La delegación colombiana, junto con un grupo de países y el respaldo de la Unión Europea, presentó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una declaración conjunta en la que solicitó avanzar de los compromisos políticos a medidas verificables en materia de igualdad de género, participación de las mujeres en procesos de paz y protección frente a las consecuencias de los conflictos armados.

La iniciativa fue expuesta por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, quien intervino como vocera del bloque diplomático. Durante la sesión del Consejo de Seguridad, Colombia, Dinamarca, Francia, Grecia, Letonia, Liberia, Panamá y el Reino Unido, acompañados por otros Estados y la Unión Europea, plantearon la necesidad de fortalecer la implementación de la agenda internacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad mediante acciones respaldadas por recursos financieros, mecanismos de seguimiento y compromisos institucionales que permitan medir resultados.

La declaración fue presentada en un escenario dedicado al análisis de la participación de las mujeres en la construcción de paz y en la prevención y resolución de conflictos. Los países firmantes señalaron que la permanencia de conflictos armados en distintas regiones del mundo continúa generando impactos diferenciados sobre mujeres, niñas y jóvenes, quienes enfrentan obstáculos para acceder a espacios de decisión  política, negociación y construcción de acuerdos.

En representación de la iniciativa, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio sostuvo que los compromisos internacionales adquiridos en materia de igualdad de género requieren avanzar hacia instrumentos que garanticen su ejecución efectiva. Según manifestó, la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad no puede limitarse a declaraciones de respaldo, sino que debe reflejarse en la asignación de recursos y en políticas que permitan garantizar la participación de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones.

El documento presentado ante el organismo internacional destacó que la participación de las mujeres constituye un componente necesario en la construcción de soluciones políticas relacionadas con conflictos armados. En ese sentido, los países firmantes afirmaron que los procesos de paz requieren condiciones que permitan una participación plena, igualitaria, significativa y segura de las mujeres en las distintas etapas de negociación, implementación y seguimiento de acuerdos.

La declaración también llamó la atención sobre las dificultades que continúan enfrentando organizaciones de mujeres y lideresas sociales en distintos contextos de conflicto. Los Estados firmantes señalaron que persisten riesgos relacionados con amenazas, ataques y represalias contra defensoras de derechos humanos, situación que, según indicaron, demanda medidas específicas de protección por parte de los gobiernos y organismos internacionales.

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en el año 2000. Esta resolución reconoce el impacto de los conflictos armados sobre las mujeres y establece la necesidad de garantizar su participación en los esfuerzos de prevención, gestión y resolución de conflictos, así como en la consolidación de la paz.

Los países que respaldaron la declaración solicitaron fortalecer la aplicación de este instrumento mediante el desarrollo de mecanismos orientados a combatir la violencia basada en género, promover el acceso a la justicia y garantizar la financiación de iniciativas lideradas por organizaciones de mujeres. Asimismo, insistieron en la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento que permitan evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados.

Dentro del documento se planteó además la importancia de asegurar recursos sostenibles para las organizaciones que trabajan en la promoción de derechos de las mujeres, especialmente en contextos afectados por violencia y conflictos armados. Los firmantes señalaron que la disponibilidad de financiación constituye un elemento fundamental para la continuidad de programas relacionados con prevención de violencia, construcción de paz y fortalecimiento comunitario.

El bloque diplomático reiteró que los compromisos internacionales existentes deben traducirse en políticas públicas, mecanismos institucionales y herramientas de verificación que permitan medir avances en materia de participación, protección y acceso a la justicia para mujeres y niñas en escenarios de conflicto y posconflicto.

FUENTE: https://ifmnoticias.com/