Esta columna fue escrita por la columnista invitada por Marta Royo.

Hay escenas que existen y se repiten, aunque rara vez aparezcan en los discursos de campaña. Aunque no entren en las peleas políticas del día. Aunque las cámaras de los celulares no se detengan sobre ellas.

Suceden lejos de las tarimas, de los slogans y de las plazas llenas. Ocurren cuando una adolescente abandona el colegio por un embarazo temprano. Cuando una mujer recorre kilómetros para acceder a un servicio de salud sexual y reproductiva que debería estar garantizado. Cuando una persona trans evita acudir al sistema de salud por miedo a la discriminación. Cuando una niña escucha, desde muy pequeña, que su vida ya tiene un destino decidido por otros.

Esas escenas no abrieron conversatorios entre candidaturas presidenciales. Pero definen la vida cotidiana de millones de personas y, también, el futuro de Colombia. Esa Colombia existe todos los días. Respira todos los días. Resiste todos los días.

Y, sin embargo, a pocas horas de las elecciones presidenciales, sigue siendo una Colombia que apenas aparece en buena parte de las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país.

Recientemente, en Profamilia analizamos en detalle los planes de gobierno de quienes aspiran al cargo más importante del país, desde una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género y diversidad. Lo que encontramos fue más que una ausencia técnica. Fue una señal política.

Por ejemplo, ninguno de los programas analizados menciona la Ley 2447 de 2025 que eliminó el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas en Colombia. Ninguno plantea cómo garantizará su implementación efectiva. Ninguno explica cómo protegerá a las niñas que todavía siguen creciendo en contextos donde la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades continúan condicionando sus proyectos de vida.

La mayoría de los programas tampoco desarrolla propuestas claras sobre salud sexual y reproductiva, educación integral para la sexualidad, prevención del embarazo infantil y adolescente, acceso efectivo al aborto seguro o garantías específicas para personas Lgbtiq+ y personas con discapacidad. Como si las realidades de millones de personas no existieran, no contaran, no importaran.

Pero lo cierto es que Colombia ya avanzó demasiado para fingir que estos derechos siguen siendo opcionales. Hoy el país cuenta con uno de los marcos jurídicos y jurisprudenciales más robustos de América Latina e incluso del mundo en materia de derechos sexuales y reproductivos. La sociedad colombiana ya dio debates difíciles. Las Cortes ya hablaron. Las leyes ya reconocieron derechos. Los compromisos internacionales ya existen.

Por eso, lo que está en juego en esta elección es si habrá liderazgo político suficiente para garantizar que esos derechos pasen del papel a la realidad, para que puedan ejercerse plenamente en la vida cotidiana de las personas. Porque mientras la política evita hablar de algo tan íntimo y universal como la sexualidad, las desigualdades siguen operando con absoluta normalidad.

¡Sí! En Colombia todavía hay territorios donde acceder a anticoncepción o a una consulta en salud sexual y reproductiva depende del lugar donde se nació. Hay adolescentes que crecen sin información suficiente para tomar decisiones libres y seguras, e incluso sienten miedo o vergüenza de comprar un condón. Las violencias basadas en género continúan dejando cifras alarmantes. Y persisten discursos políticos donde la dignidad, la autonomía y los derechos de algunas personas parecen seguir siendo negociables.

Aspirantes a la presidencia: nada de eso puede tratarse como un asunto marginal

Hablar de salud y de derechos sexuales y reproductivos es hablar de salud pública, de igualdad y de autonomía. De educación, de desarrollo social, de prevención de violencias y de reducción de pobreza. De las condiciones mínimas que necesita una sociedad para que las personas puedan vivir con dignidad y decidir sobre su propia vida.

Es hablar, con contundencia, de democracia. Porque una democracia no se mide únicamente por la manera en que elige a sus gobernantes. También se mide por las vidas que decide proteger, por las personas que reconoce plenamente como sujetas de derechos y por aquellas que, incluso en esta contienda electoral, siguen quedando fuera de la conversación política.

Quien llegue a la Presidencia el próximo 7 de agosto gobernará uno de los países más diversos y desiguales de América Latina. Gobernará para quienes viven en las grandes ciudades y para quienes habitan territorios históricamente excluidos. Para mujeres, hombres y personas no binarias. Para niñas, niños y adolescentes. Para migrantes, personas con discapacidad y víctimas de la violencia. Para quienes hoy tienen garantías y privilegios, pero también, para quienes siguen esperando que sus derechos dejen de existir solamente en el papel.

Esa es la dimensión real de la responsabilidad democrática que viene.

Por eso preocupa que todavía existan candidaturas que prefieran abordar estos asuntos desde el cálculo político, desde visiones restrictivas, moralistas y religiosas o desde el temor a incomodar ciertos sectores. Porque los derechos humanos no deberían depender de la conveniencia electoral del momento.

Existen unos mínimos democráticos. Y esos mínimos empiezan por reconocer que la dignidad, la autonomía y la libertad de las personas no son negociables.

A pocos días de las elecciones, Colombia necesita candidaturas capaces de mirar de frente al país real. Al completo. Sin evasiones. Sin silencios selectivos. Sin ciudadanos de primera y de segunda categoría.

Porque detrás de cada cifra y de cada silencio, hay vidas reales. Porque allá afuera, hay una Colombia que sigue esperando ser nombrada.

FUENTE: LA SILLA VACIA