Colombia llega a las elecciones presidenciales de 2026 con avances en derechos de mujeres y población LGBTIQ+, pero también con retos pendientes en los casos de violencia, salud sexual y reproductiva, autonomía económica y un vacío en la institucionalidad de género que heredará el próximo gobierno.

El 7 de agosto de 2026, quien tome posesión de la presidencia heredará un panorama con avances importantes en materia de género, impulsados en gran medida por la sociedad civil. Pero también recibirá un país en el que la violencia basada en género y por prejuicio no cede; la salud sexual y reproductiva sigue con baja inversión; las personas sexodiversas permanecen invisibilizadas en los sistemas de información; la autonomía económica de las mujeres sigue siendo una deuda; y la institucionalidad de género llega debilitada.

La violencia basada en género sigue siendo uno de los problemas más graves del país. Año tras año, Colombia vuelve a aparecer en el listado de países de América Latina con mayores niveles de violencia contra la mujer, y las cifras recientes no hacen más que confirmarlo. En 2025, la Defensoría del Pueblo registró 118 casos de feminicidio y 333 tentativas. Y en 2026 tampoco hay señales de mejora. Solo en Bogotá, entre enero y marzo, se realizaron 895 valoraciones por riesgo de feminicidio, de las cuales 390 fueron clasificadas como de riesgo extremo.

Pero hay otra forma de violencia que preocupa especialmente a analistas como Viviana Vargas, abogada y activista feminista, y es el reclutamiento de niñas y adolescentes por parte de grupos armados, un fenómeno que, según advierte, se está analizando sin perspectiva de género. Para ponerlo en cifras, Naciones Unidas informó que el reclutamiento de menores de edad aumentó un 300 % en los últimos cinco años.Por su parte, la Defensoría del Pueblo registró cerca de 260 casos en 2025, de los cuales el 42 % corresponde a niñas y adolescentes. Para Vargas, esto se explica por el uso de plataformas digitales y la instrumentalización del discurso de género.

“Se está utilizando el discurso del empoderamiento, no porque los grupos armados crean en el feminismo, sino porque la captación se hace bajo la falsa promesa de estatus, protección y empoderamiento”, comenta en entrevista con El Espectador. Agrega que a las niñas y adolescentes las vinculan a los grupos armados específicamente para captar a más jóvenes. Lo revelador es que les asignan dos roles distintos: por un lado, usan discursos de autonomía económica para atraer a otras mujeres; por otro, imponen roles hipersexualizados para atraer a hombres jóvenes bajo promesas de enamoramiento.“Necesitamos una institucionalidad que entienda que las mujeres vivimos en permanente riesgo por ser mujeres y por vivir en los contextos de la guerra”, agrega.

Ahora bien, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, el panorama es más alentador. María Vivas, directora de Fundación Oriéntame, ve avances concretos, aunque con retos de implementación que siguen pendientes. Por un lado, destaca que disminuyó el embarazo adolescente entre los 15 y los 19 años. Al comparar 2023 y 2025, la tasa pasó de 36.6 a 27.3 nacimientos por cada 1.000 mujeres. Un patrón que se repitió en menores de 14 años, según cifras del DANE.

En materia de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el Ministerio de Salud y Protección Social actualizó la norma que regula cómo se presta el servicio en el sistema de salud para ponerla al día con la sentencia C-055, que desde 2022 permite el aborto hasta la semana 24. Lo anterior resulta importante porque, si bien ya existía un reconocimiento legal, aún estaba pendiente su implementación en el sistema de salud. En esa misma línea, la Corte Constitucional emitió en 2025 la sentencia SU-297, que les reconoció a las mujeres indígenas el derecho a acceder al aborto sin necesitar el “permiso” de sus autoridades comunitarias.

Pero no todo está resuelto. Vivas explica que aún faltan pendientes, como que la Fiscalía General haga efectiva la Directiva 0009 de 2023 para que sus fiscales dejen de investigar y criminalizar a mujeres y médicos que realizan abortos antes de la semana 24, y archiven los casos que no constituyen delito.

También señala otro tema que lleva años sin resolverse y sigue generando debate a nivel mundial: la gestación por sustitución, un método de reproducción asistida mediante el cual una persona gesta un hijo o hija para otra persona o pareja. “La Corte Constitucional ha instado la necesidad muy urgente de regulación. Esto es especialmente problemático por los riesgos de explotación, de trata de personas y de comercialización excesiva que tiene esta práctica sin regular”, concluye Vivas en conversación con este diario.

Si se mira el panorama de la población LGBTIQ+, el contexto se pone aún más complejo. A la fecha de publicación de esta nota, 29 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas en Colombia en lo que va del año. Un número que, según Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, no sorprende en un país donde ser una persona sexodiversa puede costar la vida. A esos altos niveles de violencia se suman los discursos de odio que han ido ganando tanta fuerza en el país que hoy presentan a esta población como una amenaza social.

Narrativas que terminan normalizando la exclusión y refuerzan las condiciones de pobreza e inequidad que ya enfrenta esta población, especialmente las personas trans y no binarias. Este grupo enfrenta rezagos frente a avances en derechos y garantías que se han centrado principalmente en parejas del mismo sexo.

Para Castañeda, todo este panorama ocurre con un gran vacío de datos. “Ni los sistemas de información que documentan violencia son claros con dar cuenta de cómo afecta la violencia a las personas LGBT, ni los servicios que presta el Estado en materia de derechos económicos, sociales y educativos. Necesitamos un sistema de información con datos reales y precisos para que el Estado pueda ofrecer servicios acordes a las necesidades concretas que tienen las personas LGBT”, afirma.

Elecciones 2026: avances frágiles y deudas urgentes en género y diversidad

Para las fuentes consultadas, uno de los grandes desafíos para quien asuma la presidencia es tan básico como identificar dónde está parado el país para no retroceder. Y en materia de mujeres y población sexodiversa, quien llegue heredará no solo los problemas ya descritos, sino también una institucionalidad fragilizada, políticas a medio implementar y avances que podrían desaparecer si nadie los sostiene.

El vacío que dejaría la liquidación del Ministerio de la Igualdad

Vargas considera que uno de los focos principales debería ser la situación del Ministerio de la Igualdad y lo que va a pasar con toda la institucionalidad de género que concentraba. “Es un hecho que este ministerio el 20 de junio entra en liquidación y eso quiere decir que estaremos en un limbo institucional respecto a las políticas públicas asociadas a las mujeres y de las diversidades”, señala. Pues para crear esta entidad se debilitaron otras instancias que antes cumplían esas funciones, y ahora nadie sabe quién las asumirá.

Vargas advierte que, sin una figura clara como Minigualdad o la antigua Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, todo queda a criterio de quien gane las elecciones, con el riesgo de que esas funciones simplemente se esfumen. “Al parecer al que llegue o a la que llegue, la va a tomar por sorpresa, a pesar de que lo venimos advirtiendo”, concluye.

También señala que, más allá de lo que ocurra con el ministerio, hay avances concretos que deberían mantenerse, como la adopción de la Resolución 1325, que centra la atención en mujeres y niñas en contextos de conflicto, y la Línea Salvia como herramienta para atender y monitorear la violencia de género. “Ojalá el siguiente gobierno no la desaparezca”, dice Vargas.
Los vacíos en el acceso a salud sexual y reproductiva

La institucionalidad no es el único frente con tareas pendientes. En materia de derechos sexuales y reproductivos, María Vivas, de Oriéntame, señala que uno de los retos más urgentes son las barreras de acceso. “De acuerdo con el estudio Adding It Up 2024, 1.266.000 mujeres que desean evitar un embarazo no usan métodos modernos, y 156.000 adolescentes enfrentan la misma situación”, dice.

Detrás de esos números hay patrones de falta de acceso a servicios, fallas en su continuidad, baja educación sexual integral, miedo a la falta de confidencialidad y servicios poco amigables. Barreras que se concentran especialmente en la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y el Caribe rural, y que golpean con más fuerza a adolescentes, mujeres migrantes, comunidades indígenas y afrodescendientes.

“Cerrar esas brechas no requiere una inversión imposible. Con apenas 1.32 dólares adicionales per cápita, el país podría avanzar significativamente, y cada dólar invertido en anticoncepción generaría un ahorro de 3.73 dólares en costos de atención materna, neonatal y aborto” comenta Vivas. Una acción económica que también se traduciía en la reducción de muertes maternas, neonatales, los embarazos no planificados y los abortos inseguros.

Brecha laboral y desigualdad económica para las mujeres

En materia económica el Estado también tiene cuentas pendientes con las mujeres. Según ONU Mujeres, las trabajadoras ganan en promedio un 20 % menos que los hombres, y quienes logran entrar al mercado laboral tampoco acceden a los mejores empleos. Para Andrés Ham, profesor de la Facultad de Economía y de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, el próximo gobierno tiene tareas concretas en ese sentido: cerrar las brechas del mercado laboral, organizar la economía del cuidado y el sistema pensional de las mujeres, y ampliar la licencia de paternidad, que hoy sigue siendo insuficiente.

Implementación de las políticas LGBTIQ+

El principal reto del próximo gobierno en materia de población sexodiversa, según Wilson Castañeda, será materializar decisiones que ya están tomadas pero que aún no muestran resultados concretos, en parte porque el mismo gobierno demoró en implementarlas. Entre ellas, poner en marcha el primer CONPES con enfoque en personas sexodiversas, trazado a 10 años; actualizar la política pública LGBTI; fortalecer la mesa de casos urgentes como mecanismo interinstitucional de prevención de la violencia; y un sistema integral para investigar y prevenir las violencias por prejuicio, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Necesitamos un gobierno en Colombia 2026-2030 que mantenga e implemente lo que dejó construido este gobierno, que no fue iniciativa política solo del gobierno, sino presión de la sociedad civil”, concluye.

¿Cómo están leyendo las y los candidatos presidenciales la agenda de género?

Todas las fuentes coinciden en que en la campaña electoral han salido a la luz posturas de candidatos y candidatas de desconocer derechos adquiridos en materia de género. E incluso, que son temas que están ocupando un lugar más peligroso comparado con hace cuatro años, cuando los candidatos y candidatas tenían compromisos más claros con esta agenda. . Para Vargas, esto responde a las narrativas antigénero y antiderechos que están ganando espacio político y electoral a nivel mundial. Incluso señala que los sectores alternativos han optado por bajarle el tono a estos temas posiblemente por considerarlos impopulares, algo que para ella también es un retroceso.

“En la medida en que no pongas un aspecto sobre la agenda porque entiendes que no es popular en un momento, quiere decir que tampoco lo profundizas en tu programa de gobierno. Y si un proyecto político termina siendo elegido, ¿eso va a implicar que al momento de elegirse también va a tener la misma invisibilidad? Esa es la pregunta que se debería hacer”, concluye.

FUENTE: EL ESPECTADOR