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noviembre 26, 2025

Aumenta una de las violencias contra las mujeres, la desaparición forzada


Casi a diario reviso el Registro Nacional de Desaparecidos, buscando a alguien, lo actualizan diariamente, porque a diario desaparecen en Colombia. Es el SIRDEC de Medicina Legal, allí reportaban 679 mujeres desaparecidas en el 2025, a corte del 30 de agosto, día internacional de memoria a las víctimas de desapariciones forzadas. Casi dos meses después, para la fecha de reconocimiento y homenaje a las Mujeres Buscadoras, el 23 de octubre, la cifra aumentó a 842, y un mes después, para el 25N, las mujeres desaparecidas en Colombia, son 942, en lo corrido del año.

942 mujeres que alguien desapareció al 25N, justo el día internacional de la eliminación de todas las violencias contra las mujeres. ¿Quién responde? ¿Qué hace la fiscalía? ¿Para qué vanagloriarse de tener un mecanismo de búsqueda especial para las mujeres, la Alerta Rosa, ley 2326/2023 y Decreto 1428/2024, si no sirven? “pedimos JUSTICIA, gritemos por cada desaparecida…” se escucha en la “canción sin miedo” y en ella la realidad de miles, de miles, de niñas y mujeres, padeciendo una de las mayores violencias contra las mujeres, la desaparición forzada, la que oculta violencia sexual, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, múltiples violencias, feminicidio.

En los últimos diez años son 11.800 mujeres reportadas desaparecidas en Colombia: 1.559 en el 2016, 1.279 en 2017, 1.349 en 2018, 1.292 en 2019, 762 en 2020 (pandemia), 1.147 en 2021, 1.198 en 2022, 1.090 en 2023, 1.182 en 2024… y en 329 días de este año, son 942 mujeres reportadas desaparecidas, en promedio tres desaparecidas cada día, pero hay fines de semana, como el anterior al 25N, donde fueron 13 reportes de mujeres desaparecidas en tan sólo dos días.

¿Qué hacemos? Por lo menos que funcione la Ley Alerta Rosa o sino que la declaren inexequible. El responsable de hacerla funcionar es el Sistema Nacional de Búsqueda, su secretaría técnica es el Ministerio de Justicia y su presidencia la UBPD, su máxima instancia de coordinación y articulación es la Comisión Intersectorial y en ella está la Fiscalía General de la Nación, la principal respondiente para investigar las miles de desapariciones forzadas de mujeres y prevenir, a través de la Alerta Rosa, que sigan desapareciendo.

Pero además de lo formal de las leyes, que suelen no funcionar, o del Sistema Nacional de Búsqueda, que tiene una tarea incumplida porque aún no crea una política pública integral de búsqueda y prevención de la desaparición forzada, que trasciende a cualquier gobierno, haciendo realidad las normas, como la Ley de Mujeres Buscadoras, que aún no está reglamentada porque faltan dos firmas, una de ellas, la del Presidente de la República.

El Sistema Nacional de Búsqueda ya logró la consolidación de un diagnóstico de todo aquello que no está funcionando, de los cuellos de botella en los procesos de búsqueda, del acceso a información, de los obstáculos institucionales para dar respuesta a las familias de las personas desaparecidas, especialmente responder a la persistente pregunta de ¿Dónde están?.

El paso que sigue, que esperamos se logre este año, es la formulación de la política pública integral con las soluciones a los problemas detectados y sus causas raíz. Rutas de soluciones que permitan realmente aumentar los resultados en la búsqueda, donde vemos con preocupación a la Fiscalía General de la Nación ante su falta de respuesta al aumento de casos de desapariciones forzadas y personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, posterior a diciembre del 2016, fecha límite de la acción de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas – UBPD, creada en el marco del Acuerdo Final de Paz con las FARC.

Mientras la UBPD reporta al 14 de octubre de 2025, que en los últimos 30 meses han logrado ampliar la presencia territorial con 1.124 servidores y contratistas en 26 equipos territoriales, de los cuales 722 se dedican a labores de búsqueda, a través de 8 coordinaciones regionales que descentralizan la labor de la entidad; que han incrementado a 36 los equipos forenses a nivel nacional para intervenir 12.703 lugares de interés forense, de los cuales 7.333 han sido identificados en los últimos 30 meses, y ya 1.379 han sido intervenidos, logrando recuperar 2.901 cuerpos de personas desaparecidas, para un total de 3.651 desde el origen de la UBPD. Que, de las 589 entregas dignas de la UBPD, 410 han sido en los últimos 30 meses.

Así como 271 personas halladas con vida, más las 11 que habían sido encontradas hasta marzo del 2023 y las 102 encontradas a través de la búsqueda inversa. La creación reciente de tres centros integrales de abordaje forense, aumentando a 8.248 tomas de muestras genéticas a familiares, para un acumulado de 12.871 y 15.354 de personas desaparecidas con muestra asociada.

El universo de personas desaparecidas en los últimos 30 meses aumento en 28.275 casos para un total de 135.396, con 13.241 nuevas solicitudes de búsqueda para un total de 34.508. Esto ha sido posible al implementar nuevas metodologías de atención en los territorios a través de una red de apoyo operativo con participación de familiares, una ruta fluvial y rutas terrestres que recorren lugares apartados recogiendo información y solicitudes de búsqueda, aumentando el acceso a información de personas desaparecidas.

Pero, ¿quién está buscando a las personas desaparecidas después del 01 de diciembre del 2016 al 25 de noviembre de 2025? En este periodo ya son más de 30.162 personas reportadas desaparecidas, de ellas 19.923 son hombres y 10.239 son mujeres. Los reportes de la Fiscalía General de la Nación, son ausentes de resultado en este periodo de tiempo. Solo se sabe que ante estas casi 30mil personas desaparecidas forzadamente y en el contexto del conflicto armado, desde el 2017 al 2025, se activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente – MBU en 4.157 casos, es decir, en un 13% del total de desaparecidos en los últimos casi nueve años, sin lograr prevenir el aumento de la desaparición forzada. La Fiscalía no está buscando a las personas desaparecidas y evitando a que sigan desapareciendo. Las cifras seguirán subiendo, lamentablemente.

Si siguen desapareciendo en Colombia, seguirán aumentando las mujeres buscadoras, las familias que preguntan ¿Dónde están? Colombia no debería tener más mujeres buscadoras, pero desgraciadamente es una realidad que sigue creciendo, junto al aumento de mujeres desaparecidas.

El delito permanente y continuo de la desaparición forzada, especialmente de las mujeres, requiere la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, ante la gravedad y masividad de este crimen, en gran medida causada por la omisión sistemática y prolongada de las autoridades. A menos que, las autoridades del Sistema Nacional de Búsqueda definan lo antes posible una política pública integral de búsqueda y prevención de las desapariciones forzadas, que empiecen a implementar de manera inmediata.

Igual de responsable será para la historia de nuestra humanidad quien perpetró el crimen, como el que lo permitió hacer o el que no hizo lo que debía hacer para prevenirlo o para hallar la solución.

A ustedes, a la sociedad colombiana, les pedimos no dejar solas a las familias de las personas desaparecidas, acompañen sus búsquedas, sus exigencias de derechos. Es urgente prevenir la desaparición forzada y buscar a todas las personas desaparecidas, incluyendo a las que fueron desaparecidas mientras se escribían estas líneas.

Pablo Cala
Filósofo, defensor de derechos humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos
Miembro de la Comisión Asesora del Sistema Nacional de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas y víctimas de desaparición forzada, designado por el Ministerio de Justicia a través de la Resolución No. 0793 del 05 de junio del 2024 Ministerio de Justicia y del Derecho. Premio Nacional de Derechos Humanos – 2024 – Defensor del año.

FUENTE: EL ESPECTADOR


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