El 24 de noviembre de 2016 el Estado colombiano y las FARC firmaron el Acuerdo Final de Paz tras más de 50 años de conflicto. Ese fue el primer paso hacia la paz, pero no el último. Hablamos con una miembro de la Agencia de Reincorporación y la Normalización (ARN) que nos explica la situación actual de algunas mujeres excombatientes que dejaron las armas atrás para intentar retomar la vida civil. 

Dejaron las armas, pero no abandonaron el pueblo. Las mujeres colombianas fueron un componente esencial en las FARC y ejercieron un papel protagonista en las negociaciones hacia el acuerdo de paz — el primero que integra plenamente una perspectiva de género, según la ONU— cuya firma cumple hoy el noveno aniversario. Estuvieron en la redacción del acuerdo, desde ambos lados del conflicto. Durante décadas, miles de mujeres decidieron unirse a las fuerzas insurgentes. Mujeres vulnerables; que no tenían recursos, de zonas rurales, sin familia o que no querían depender de ella. Algunas por dinero, las había también por ideología, por sus ansias de paz o su lucha contra el sistema. También había casos en los que huían de la violencia sexual. Fueron mujeres que, en muchos casos, lo perdieron todo, pero que nunca se rindieron. «Cantamos por la libertá» es su himno.

Cuando se alcanzó el acuerdo de paz en 2016, las mujeres representaban cerca del 20% del equipo negociador del gobierno nacional y el 43 % de las delegacías de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la proporción más alta en la historia moderna según la ONU, pues la media global de delegadas es de tan solo el 5%. «El acuerdo reconoce cómo la guerra impacta la vida de las mujeres de manera diferente. Reconoce cómo hemos sido víctimas de la exclusión sistemática y que hemos sido víctimas de los peores actos de violencia y de la pobreza más profunda», afirma a la organización Janneth Lozano, excoordinadora de la Red de Educación Popular de Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM).

Para conocer cuál ha sido la reincorporación de muchas de esas mujeres, el HuffPost ha conversado con Paula, economista y especialista en desarrollo rural con enfoque de género, hoy integrante del grupo de sostenibilidad económica de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) del Gobierno de Colombia. «Lo que hacemos desde mi equipo es garantizar que las mujeres tengan un tránsito adecuado hacia la vida civil a través de su reincorporación económica. Buscamos contribuir a la eliminación de las brechas de desigualdad y asegurar que, durante este proceso, no se reproduzcan violencias económicas o patrimoniales. Todo esto lo realizamos con base en ocho factores de sostenibilidad que orientan nuestro trabajo», explica. Una vez se firma el acuerdo estas mujeres «salen con unas garantías y una de esas es que les dan 8 millones de pesos para poder montar un proyecto productivo».

Muchas decidieron colectivizar esos recursos y crear cooperativas o asociaciones; otras optaron por emprendimientos individuales. Todos los proyectos debían cumplir criterios ambientales, económicos y organizativos. Tras un año funcionando, pasaban a evaluación de viabilidad. Hoy existen proyectos liderados casi por completo por mujeres. «Tenemos en este momento a ASOCOLIB, que es un proyecto de abejas que es precioso en el Putumayo, tenemos a sus Asoemancipadoras que están en el Huila, en Neiva, que les acaban de entregar una casa…», afirma. «Todos ellos se rigen por determinados criterios de sostenibilidad, como que sean viables y estables técnica y financieramente, que cuenten con acceso a tierras, que contribuya al cierre de las brechas de desigualdad o que cuenten con los procesos adecuados de marca y de comercialización, entre otros ejemplos».

Muchas iniciativas se desarrollan en zonas donde las FARC ejercieron control y donde ahora operan otros grupos armados. Sitios donde el miedo continúa y donde la seguridad de los firmantes —así como de los trabajadores humanitarios— puede verse comprometida por aquellos insurgentes que no aceptaron el proceso de paz. Varias personas manifestaron su preocupación por la visibilidad que generan los equipos de trabajo en el territorio: «no podemos seguir como en este desfile de chalecos porque nos siguen identificando», «no queremos reunirnos con otras personas; necesitamos pasar más desapercibidos hasta que salgamos del territorio». Estos ejemplos son solo algunos de los desafíos cotidianos que enfrentan muchas organizaciones y entidades que acompañan los procesos de construcción de paz.

En algunos casos, los proyectos productivos han decidido trasladarse a zonas más seguras. Un ejemplo de ello fue una granja que decidió reubicarse, dejando atrás a sus animales para desplazarse hacia un área con menor tensión, cómo es el caso de las reubicaciones que acompaña la Agencia para la Reincorporación y Normalización –ARN- frente a la emergencia humanitaria en el Catatumbo.«Podías cargar la misma economía que tu compañero, que es más alto, más fuerte, y que no está menstruando, que además no tiene ni quistes en los ovarios, y aun así tenía que cargar el mismo equipamiento»

Otro punto que resalta es que en la guerrilla la «igualdad» era literal: hacerlo todo igual que los hombres, aunque el cuerpo no pudiera más. «No es lo mismo la igualdad que la equidad y en los procesos dentro de las armas eran igualitarios», cuenta. «Podías cargar la misma economía que tu compañero, que es más alto, más fuerte, y que no está menstruando, que además no tiene ni quistes en los ovarios, y aun así tenía que cargar el mismo equipamiento», subraya Paula, que recuerda que esa igualdad se rompió en cuanto pisaron la vida civil, donde las responsabilidades caían sobre ellas como una avalancha. «Cuando sales a la vida ves que eso ya no existe y además tampoco hay nada de equidad en el proceso. Ahora te encuentras siendo madre, y te encuentras con todas las aristas que todas las mujeres encontramos: terminamos siendo madres solteras, con desaires amorosos, con cargas de trabajo… y no solamente de trabajo, sino de cuidado», dice.

Muchas volvieron al campo. Otras no tenían ninguna formación más allá de instrucción militar. Algunas se sintieron perdidas, como si después de sobrevivir a la guerra tuvieran que aprender desde cero a vivir. Y ahí es donde la reincorporación entra en juego. «Vienen de un ejército en el que casi siempre fueron base, entonces hay una manera de relacionarse en muy distinta, y nosotros lo que estamos intentando es poder romper con esas brechas, capacitarles en que puedan tener como una gestión de su propia voz». Muchos de ellos entraron a las FARC siendo casi niños y hoy bordean los 60. Su familia no fue la de sangre, sino la que compartió con ellos el hambre y el miedo durante la guerra. «Su familia es la FARC y sus compañeros», dice Paula. Porque fue con ellos con quienes «comieron, lloraron» o «durmieron». Y esos lazos no se rompen con una firma.  «Es como cuando tú tienes unos amigos, unas amigas de toda la vida. Es la gente que la que se quedaron toda la vida, que comieron, lloraron, durmieron, se levantaron, vieron morir muchos de sus compañeros, pasaron ese proceso de duelo y su familia era la FARC», explica.»Ellos trataron de mantenerse siempre unidos, entonces por eso se hicieron espacios de reincorporación»

Cuando llegó la paz, algunas intentaron regresar a los territorios donde aún vivían sus familiares. La mayoría, sin embargo, decidió quedarse con su gente: con el frente, con quienes habían sobrevivido juntos. Para ello nacieron los Espacios Territoriales de Reincorporación, donde pudieron reagruparse y empezar de cero fuera de la guerra. «Muchas de las personas trataron de irse, en aquellos casos en los que tenían todavía contacto, a territorios que estaban más cerquita de su familia y muchos se quedaron en el frente que está muy cerquita a su casa. Entonces, como que se cambió, no es muy grande, pero ellos trataron de mantenerse siempre unidos, entonces por eso se hicieron espacios de reincorporación, etc. en los que ellos se concentraron, como lo era caño limpio arriba en Catatumbo, bueno, varios espacios territoriales de transición», nos cuenta Paula. 

Hubo excombatientes que en la guerrilla ejercían como médicos, parteros, enfermeras improvisadas. Para que ese conocimiento sirviera en la vida civil, muchas recibieron becas en Cuba para homologar sus estudios. «Muchas de las personas que se han formado en las guerrillas, como médicos y demás, se quedaron teniendo becas en Cuba para poder homologar sus estudios», dice. Y no solo quienes querían ser médicos.

Una paz frágil y con varias heridas abiertas: el escándalo de los falsos positivos y el macrocaso 11

El camino hacia la paz nunca ha sido sencillo en ningún conflicto y Colombia no es la excepción. Hasta 2016 lo único que conocían generaciones de colombianos y colombianas era el horror de la guerra. Son 9 años desde la desmovilización de las FARC, la guerrilla con más excombatientes del hemisferio occidental. Y si bien llegar a un acuerdo podría calificarse como el primer paso firme hacia la libertad y el cese de la violencia, este es solo el inicio del recorrido, pues las dinámicas del conflicto siguen latentes, en especial en los territorios históricos donde el Estado sigue sin llegar. Zonas como Catacumbo, donde el ELN y las disidencias de las FARC mantienen a día de hoy un conflicto armado, son un claro ejemplo de ello. Esta paz, además, ha pasado por muchas manos— gobiernos— y no todos han destinado los mismos recursos para garantizarla, lo cual, sin duda, también ha repercutido. También ha vivido varios postconflictos. 

Las recientes sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —creado para investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos en este conflicto — siguen explicando los horrores y las atrocidades de la guerra. Los casos de los «falsos positivos», asesinatos a civiles no combatientes y los testimonios del secretariado de las FARC y jefes paramilitares han reabierto heridas— que nunca terminaron de cerrarse— de muchas víctimas y familiares, así como vuelto a generar el debate público sobre las sanciones impuestas-las cuales muchos consideran que no son suficientes—, dando paso al resentimiento y la polarización. Precisamente el tema de la justicia fue uno de los motivos por los que los colombianos votaron que no a la paz con las FARC, en una votación que, desde fuera y desde el desconocimiento de este factor, no podría entenderse. 

La propia Comisión de la Verdad resume en el entramado complejo del conflicto en su informe final. «Hubo millones de víctimas, pero no porque un día alguien tuviera la idea repentina de salir a matar o a bombardear pueblos. Todo ocurrió en un complejo sistema de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico; de grupos que ante la injusticia estructural optaron por la lucha armada, y del Estado —y las élites que lo gobiernan— que delegó en las Fuerzas Militares la obligación de defender las leyes, el poder y el statu quo.  (…) No se pueden establecer causas aisladas. Todo ocurre en un enjambre de instituciones estatales y privadas, de grupos políticos e insurgentes, de decisiones y, finalmente, de millones de víctimas», subraya.

A pesar de todo, el primer paso hacia la paz ya se logró en 2016. Y desde entonces, la firma de dicho acuerdo ha servido de inspiración y como modelo para muchos otros procesos de paz. Este logro le valió el Premio Nobel de la Paz al dirigente de Colombia de aquel momento, Juan Manuel Santos, el único colombiano en recibir el galardón, quien lo obtuvo por su papel en el fin del conflicto armado en su país y la transición hacia la paz. Aunque es cierto que la violencia ha vuelto a repuntar, que la inseguridad sigue estando presente y que la paz no es paz como tal (no es total en la práctica), también lo es que nada ha vuelto a ser como antes de la firma del acuerdo y los niveles de violencia siguen siendo más reducidos que de forma previa a 2016. «No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla», decía la escritora Eleanor Roosevelt. 

Sin embargo, las cifras recuerdan que las tareas están lejos de terminar. Según el último informe disponible del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), el pasado año se consolidó como uno de los más violentos para Colombia desde la firma del acuerdo de paz, con ocho conflictos activos en el país. En total, el organismo documentó más de 380 alegaciones de violaciones de derecho internacional humanitario (DIH) durante 2024. Asuntos como los «falsos positivos» —los asesinatos de civiles no beligerantes por parte de miembros del Ejército Nacional de Colombia que después hacían pasar como combatientes— supusieron todo un escándalo nacional. La propia JEP habla de ello en este artículo, donde rinde homenaje a las 2.000 víctimas con la representación de unas botas, pues era una de cosas que se le colocaba a las víctimas, junto con el uniforme, para que pareciesen guerrilleros. Sin embargo, muchas veces eran puestas en el pie contrario o no correspondían con la talla de la víctima, por lo que se convirtió en uno de los principales indicios del caso, así como después en un homenaje a los muertos de los familiares. «Estos crímenes no ocurrieron al azar, de manera aislada ni casual. Por el contrario, se repitieron siguiendo un mismo patrón de conducta en diferentes unidades militares y en territorios muy distantes entre sí»

JEP

«Estos crímenes no ocurrieron al azar, de manera aislada ni casual. Por el contrario, se repitieron siguiendo un mismo patrón de conducta en diferentes unidades militares y en territorios muy distantes entre sí», señala el organismo que asegura que queda «demostrado, por medio de abrumadora evidencia, que los ‘falsos positivos’ fueron cometidos de manera sistemática y que fueron desatados por la política de facto de conteo de cuerpos. (…) Se trata de crímenes de guerra y de lesa humanidad». Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), desde 2017 en Colombia fueron asesinados 453 firmantes de paz. En una coyuntura, donde la paz total ha fracasado porque no ha existido una voluntad real por parte de los grupos armados al margen de la ley para consolidar un acuerdo que permita el regreso de la tranquilidad a los habitantes de las comunidades.

Otra de las cuestiones a resaltar es la violencia sexual a la que principalmente las mujeres se han visto sometidas. Según datos de la JEP entre 1957 y 2016 se han detectado 35.178 víctimas de violencia sexual por todos los actores del conflicto armado de Colombia. Esto llevó a la creación del Macrocaso 11, el cual investiga la violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual y reproductiva, y los crímenes cometidos por prejuicio, basados en tres subcasos: la violencia de género cometida contra personas civiles cometidas por miembros de las FARC-EP; las realizadas por miembros de la Fuerza Pública; y la violencia de género y por prejuicio al interior de la Fuerza Pública y de las FARC-EP. Todo ello nos recuerda que la paz en Colombia no llegó con una firma, sino con miles de manos que siguen construyéndola día a día, pues la reconstrucción de estas mujeres es también la del país. 

FUENTE: https://www.huffingtonpost.es/