Esta columna fue escrita por la columnista invitada Juliana Alice Fernandes Gonçalves.

El 2025 marca hitos clave en la lucha por los derechos de las mujeres: 50 años de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, 25 años de la Resolución 1325 de la ONU y 10 años de la Agenda 2030. Más allá de las conmemoraciones, estas fechas nos exigen reflexionar: ¿cómo avanzan realmente los compromisos con la igualdad de género, sobre todo en la política?

Aún no se alcanza la paridad

En América Latina, la agenda de la paridad sigue vigente, pero enfrenta retos persistentes. México eligió en 2024 a su primera presidenta, consolidando un camino que comenzó con la reforma constitucional de 2014 que consagró la paridad de género. Sin embargo, incluso con esta victoria simbólica, siguen existiendo resistencias institucionales y violencias de género que limitan una transformación real.

En Colombia, las cuotas de género existen desde 2000, pero la paridad legislativa sigue siendo un objetivo lejano. En 2022, las mujeres ocupaban cerca del 30% del Congreso, pero este avance coexiste con profundas desigualdades raciales y territoriales. La elección de Francia Márquez como vicepresidenta, una mujer negra y de origen popular, rompió simbólicamente con las élites tradicionales, pero también mostró los obstáculos estructurales para una verdadera transformación en el poder.

En Brasil, el país que analicé en mi tesis doctoral, la representación política de las mujeres sigue siendo baja y atravesada por desigualdades de clase, raza e ideología. A pesar de haber tenido una presidenta, Dilma Rousseff, su juicio político, ampliamente criticado por su carácter misógino, demostró que el acceso al poder no garantiza su consolidación.

Aunque el número de mujeres en el Congreso Nacional brasileño ha aumentado tímidamente, sus votos siguen condicionados por la cohesión partidaria. El género, por sí solo, no determina las decisiones legislativas. Las diputadas y senadoras tienden a votar según la orientación de sus partidos, lo que no implica obediencia ciega, sino un alineamiento con los proyectos políticos con los cuales se identifican.

En el contexto político brasileño, se suele distinguir entre la “bancada femenina” y la “bancada feminista”, lo que refleja la heterogeneidad del grupo de mujeres. Algunas legisladoras apoyan incluso agendas conservadoras y antifeministas, lo que, paradójicamente, contribuye al retroceso de derechos. Por eso, sólo la presencia de mujeres no es suficiente: debe traducirse en acción política sustantiva.

La política institucional brasileña sigue marcada por herencias autoritarias, patriarcales y esclavistas. Aunque la redemocratización y la Constitución de 1988 representaron avances formales, la forma en que el poder se materializa sigue siendo un obstáculo para la construcción de un modelo político verdaderamente representativo.

Contrario a lo que muchos piensan, la actuación parlamentaria en Brasil desmiente algunos mitos comunes. La idea de que “los políticos no trabajan” o de que “todos son iguales” se debilita frente a los datos que evidencian una intensa actividad legislativa y claras diferencias ideológicas entre los partidos. Estas generalizaciones ocultan las verdaderas tensiones políticas e ideológicas  que están en juego.

El desafío actual no es solo aumentar la presencia de mujeres en la política, sino garantizar que esa presencia se traduzca en poder transformador, ya que la forma específica de ejercer el poder ha afectado no solo el desarrollo político, sino también el económico, social y cultural de las sociedades impactadas. Esto requiere asegurar una representación auténtica, comprometida con la justicia social. En América Latina, donde coexisten avances legales y retrocesos democráticos, esta lucha sigue siendo urgente. El futuro de la democracia depende, en gran medida, de cómo se incluye —o se excluye— a la mitad de la población.

Juliana Alice Fernandes Gonçalves

Doctora en derecho. Investigadora del Ninc: Centro de Investigações Constitucionais (Ufpr/CPN). Investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina (Iijunam y Oea). Miembro asociada del Instituto Política por.de.para Mulheres (Curitiba/Brasil). Abogada en el área del Derecho Público.

FUENTE: LA SILLA VACÍA