Cinco organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres de Argentina han interpuesto una acción judicial contra del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de violencia de género, con el objetivo de que aclare cuál será el organismo encargado de dar seguimiento a las políticas públicas.

«El Gobierno Nacional viene utilizando un procedimiento confuso: anuncia cierres de organismos y desmantelamiento de políticas públicas por redes sociales que, luego, no se condicen con los actos administrativos que efectivamente realiza. Mientras, se recortan los presupuestos, se reduce el personal a través de despidos masivos y se anuncia el cierre de espacios que todavía tienen la obligación de brindar asistencia», afirma el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Ni Una Menos (NUM), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Mujeres por Mujeres (MxM) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) en un comunicado de prensa.

Las organizaciones buscan que el Ejecutivo especifique cuáles son los programas de prevención, asistencia y acceso a la justicia que seguirán vigentes; y sobre todo cómo dará cumplimiento a las obligaciones asumidas por normativas y tratados internacionales a los que Argentina está adherida, tras el desmantelamiento del Ministerio de las Mujeres y de los servicios encargados de guiar a las víctimas de violencia machista.

La acción declarativa de certeza, como se denomina legalmente, exhorta al Ministerio de Justicia y al poder Ejecutivo de Argentina «a que aclaren el estado de incertidumbre en el que se encuentran niñas, adolescentes y mujeres víctimas y potenciales víctimas de violencia de género, ante el supuesto cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que en los últimos 15 años han ayudado a miles de mujeres a encontrar respuestas frente a la violencia», detallan.

La obligaciones del Estado argentino

A inicios de junio, el Gobierno del ultraderechista Javier Milei anunció la disolución de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del país, el último organismo que quedaba del antiguo Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, que el presidente clausuró tras asumir el poder el pasado 10 de diciembre, y que pasó de la órbita del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia.

Semanas después hubo otra ola de despidos que afectó directamente al personal de la línea 144, el número asignado para la atención, contención psicológica y asesoramiento legal en situaciones de violencia de género y a otros programas.

Sin embargo, las organizaciones señalan que, hasta la presentación de esta demanda, se desconocía si el cierre de la Subsecretaría se había hecho efectivo «ya que no se ha publicado la decisión formalmente en el Boletín Oficial».

«Idéntica situación respecto a la posible renuncia de su titular, Claudia Barcia, ya que no hay un acto expreso de aceptación de renuncia como subsecretaria del área», agregan.

«Con ‘la eliminación definitiva’ del organismo, las mujeres, adolescentes y niñas se enfrentarán a un retroceso de más de treinta años en la protección de sus derechos. Además, Argentina pasaría a ser el único país en Latinoamérica sin institución a cargo de las políticas de equidad de género», señalan.

«Las organizaciones demandantes entienden que tal situación de incertidumbre jurídica provoca un estado de indefensión y falta de certeza para las mujeres, niñas y adolescentes que necesiten acceder a los programas y políticas que dependen actual y directamente del funcionamiento de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género», añaden.

Incertidumbre sobre las niñas y las mujeres

En la demanda, las organizaciones piden a la Justicia que ordene al Ejecutivo y al Ministerio de Justicia que cesen con ese estado de incertidumbre sobre los alcances de la relación jurídica que tienen con las niñas, adolescentes y mujeres de todo el territorio nacional, víctimas y potenciales víctimas de violencias basadas en género en estado de múltiple vulnerabilidad.

Reclaman que vuelvan a fijar dicha relación en los términos de la Leyes Nacionales 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), 27.499 (Ley Micaela) y 27.210 (Ley que crea el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género).

Añaden que, de concretarse oficialmente el cierre de la Subsecretaría sin garantizar un piso mínimo en la proporción, alcance y calidad de los servicios previstos en aplicación de las leyes de violencia antes mencionadas, se declare la inconstitucionalidad de estas medidas.

Y que la Justicia dé paso a una medida cautelar para que el Gobierno se abstenga de reducir los recursos humanos y la infraestructura institucional y de realizar otras medidas de reorganización –como la reasignación de recursos físicos y humanos a otros fines–, así como también que se sostenga la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de estos organismos.

Una mujer sostiene un letrero que dice «Por la abuela, por la mamá y por mi» durante una manifestación en conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2024 en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

La violencia de género en Argentina

Argentina ha registrado 250 feminicidios en 2023 y casi 2.500 en la última década, según el último Registro Nacional de Femicidios de la Justicia, cifras que ponen en evidencia la necesidad de mantener políticas encaminadas a la erradicación de la violencia de género.

En 2023, en promedio, se registró una víctima directa de feminicidio cada 35 horas y una víctima de la violencia letal de género cada 32 horas, que incluye a las víctimas de feminicidio vinculado.

«Las cifras de femicidios en nuestro país reflejan la expresión más extrema de las violencias de género que constituye una grave violación a los derechos humanos que el Estado debe prevenir y reparar», dicen las organizaciones en la demanda.

Las jóvenes, en el ojo del huracán

Otras cifras, como los datos públicos de la Línea 144, muestran que la violencia afecta a las mujeres de todas las clases sociales y edades, pero quienes en mayor medida han acudido a los servicios para requerir asistencia son mujeres jóvenes con nivel de educación secundaria.

Por eso es vital que los servicios sigan disponibles en áreas rurales o alejadas de las grandes ciudades, pues son esas mujeres a las que les cuesta mucho más salir de los círculos de violencia.

A nivel nacional, y de acuerdo con las encuestas de incidencia y prevalencia, casi el 50% de las argentinas viven o han vivido situaciones de violencia en la pareja en algún momento de sus vidas.

«Es razonable asumir que el desmantelamiento de las políticas referidas en esta acción sólo puede resultar en un recrudecimiento de la violencia, el desamparo y la vulneración de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia, con consecuencias irreparables», agregan las organizaciones demandantes.

FUENTE: EFEMINISTA