Una demanda por anticonceptivos defectuosos y embarazos no planificados podría abrir el debate en Chile sobre la despenalización del aborto, más allá de las tres causales.

Tabita Daza consultó al médico por un quiste en un ovario, y le recomendaron cambiar sus pastillas anticonceptivas por las de la marca Anulette CD. Siete meses después, quedó embarazada y no entendía cómo había sucedido. En ese momento, Tabita cuidaba de sus hijos, dos menores con una condición de discapacidad, y este nuevo embarazo cambió su vida para siempre. Su caso es solo uno de las más de 200 mujeres que entre 2019 y 2020 tomaron pastillas anticonceptivas defectuosas en Chile. En los últimos cuatro años, el Estado chileno no ha dado ninguna respuesta.

A finales de mayo, la Corporación Miles interpuso una demanda contra el Estado chileno debido a este caso. En la reclamación, se exige que el Estado asuma la responsabilidad por las afectaciones económicas, psicológicas y emocionales que han impactado los proyectos de vida de las mujeres afectadas, quienes se vieron obligadas a enfrentar un embarazo no deseado y no planificado. Esta demanda representa a siete de las cientos de mujeres afectadas, entre ellas Tabita, quien se enteró que su embarazo era producto de este error, mediante televisión y una publicación en redes sociales.

¿Pero qué sucedió exactamente? Normalmente, las pastillas anticonceptivas se presentan en un envase o blíster organizado según el ciclo menstrual, con 21 días de pastillas activas y 7 días de placebos o descanso para el cuerpo. Las pastillas activas contienen la terapia hormonal necesaria para prevenir el embarazo, mientras que las placebos no contienen estos componentes y están destinadas simplemente a mantener el hábito diario de tomar una pastilla.

En 2020, se detectaron fallas en dos lotes de la marca Anulette CD, cuyos envases y pastillas presentaban errores significativos: los comprimidos de placebo contenían el principio activo, y viceversa. Esto significó que cientos de mujeres en Chile tomaron “pastillas activas” que en realidad eran placebos y no previenen el embarazo. Ante la alerta, el Instituto de Salud Pública, encargado de vigilar y supervisar los medicamentos, impuso a los laboratorios Andrómaco y Silesia, una multa de casi 92.000 dólares.

Pero el asunto no termina ahí, pues cientos de mujeres tuvieron hijos producto de este error en las pastillas, afectando sus proyectos de vida. La principal preocupación frente al silencio del Estado con este caso es que, durante cuatro años, se ha abordado como un problema de ‘privados’, es decir, entre una persona que consumió un medicamento defectuoso y una empresa farmacéutica que fabrica el medicamento en cuestión, desconociendo la responsabilidad del Estado sobre la vigilancia de los medicamentos y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Cuando el Estado tiene el deber de supervisar los medicamentos para que la población que tiene a su cuidado no le ocurran impactos en su vida y no ocurre tal supervisión, y a eso le sumamos que con ocasión de esa falta hay embarazos no deseados y no planificados en un país donde abortar es ilegal, ya estamos hablando de temas de derechos humanos”, destaca Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles, en entrevista con El Espectador.

“Las dificultades económicas se vuelven desesperantes”, cuenta Tabita Daza en su relato. En su caso, el nacimiento de ese tercer hijo que concibió mientras planificaba con estas pastillas no le permitieron volver a trabajar y todo su proyecto de vida se afectó. Tuvo que continuar con sus estudios en las noches y durante el día debe cuidar de su hijo, quien nació con una condición de discapacidad. Además, durante su embarazo desarrolló ansiedad, depresión e hipotiroidismo, lo que representó un mayor riesgo para su vida.

Esta compleja ecuación del problema incluye una variable adicional: la condición socioeconómica de estas mujeres. Según Javiera Canales, aquellas que accedieron a estos medicamentos pertenecen a sectores sociales de escasos recursos, ya que son las que tienen acceso al sistema público de salud, específicamente al Fondo Nacional de Salud (FONASA), y deben estar afiliadas al programa de salud pública de regulación de la fertilidad. Canales agrega que la responsabilidad de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres recae directamente en el Estado, siendo este la primera entidad en suministrar los medicamentos.

Las píldoras anticonceptivas son uno de los métodos más utilizados por las mujeres en Chile. Según datos del Ministerio de Salud de Chile, en 2017, el 29,5% de las mujeres prefieren planificar con este método. En el caso de la marca Anulette CD, “es el que se distribuye gratuitamente en los servicios de atención primaria. Este anticonceptivo es provisto y comprado por el Estado para luego ser distribuido”, menciona Javiera Canales. También, agrega que es uno de los más baratos, pues un anticonceptivo oral de otra marca cuesta cerca de 20 dólares, mientras que este ronda entre los nueve dólares.

Estos son algunos de los argumentos con los que, durante cuatro años, estas mujeres, en compañía de organizaciones como Corporación Miles y Women’s Link Worldwide, le han exigido al Estado chileno que se haga responsable del error con los anticonceptivos. Pero que, además, apoye económicamente a las familias afectadas, garantizando la salud, educación y el cuidado de estos niños.

Entre 2020 y 2024, la Corporación Miles ha detectado cerca de cuatro alertas adicionales por anticonceptivos defectuosos. Es decir, este caso no ha sido el único en el que están en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres chilenas. “El Estado no otorga suficientes facultades al Instituto de Salud Pública (ISP) para revisar los medicamentos. Actualmente, los laboratorios se autodenuncian ante el ISP solo cuando detectan problemas, lo que podría haber resultado en muchas otras situaciones no reportadas”, resalta Javiera Canales.

Una demanda que pone en discusión la despenalización total del aborto en Chile

Desde el 2017, con la Ley 21.030, Chile entró a la lista de paises que han despenalizado el aborto bajo ciertas causales: peligro de la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo por violación. Sin embargo, esta demanda por anticonceptivos defectuosos podría sentar un precedente para que el aborto se despenalice completamente en el país.

En entrevista con El Espectador, Esteffany Molina, directora legal para Latinoamérica y el Caribe de la organización Women’s Link Worldwide, menciona que este caso reafirma la necesidad de una despenalización total del aborto en Chile, pues bajo circunstancias como la de los anticonceptivos defectuosos, las causales son limitadas y no hay garantía en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Este caso desafía el discurso anti-derechos y anti-aborto que culpa a las mujeres por no cuidarse. En realidad, demuestra lo contrario: las mujeres estaban tomando medidas de prevención, pero quedaron embarazadas debido a pastillas defectuosas. Esto no debería ser responsabilidad de ellas, sino del Estado”, comenta la experta.

Así mismo, Javiera Canales destaca que en el contexto de Chile, que es reconocido en Latinoamérica por tener un programa regulación de la fertilidad exitoso, es paradigmático este caso. Pues, pese a que es un programa pionero en la región, el Estado no garantizó los derechos de las mujeres afectadas. “No es suficiente con simplemente decir “cuídense, ya que incluso cuando se toman precauciones pueden surgir otros factores como la posibilidad de que el anticonceptivo utilizado esté defectuoso”, agrega.

Según las expertas, esta demanda llega en el momento adecuado para la discusión sobre el aborto que se dará en el Congreso Nacional de Chile, con la formulación de un nuevo proyecto de ley que busca despenalizar el aborto totalmente, presentado por el presidente Gabriel Boric el pasado 1 de junio de 2024.

Sin embargo, el suministro de anticonceptivos defectuosos sin previa vigilancia de las instituciones públicas, no es el único caso que defendería la despenalización total del aborto. Según varias organizaciones, siguen existiendo muchas barreras alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo, incluso dentro de las tres causales. Impulsando a jóvenes y adultas a recurrir a la clandestinidad. Pese a que no hay cifras oficiales, algunos estudios estiman que los abortos clandestinos e inseguros llegan de 30.000 a 150.000 al año en Chile.

En abril de este año, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas alertó a Chile sobre la delicada situación de derechos sexuales y reproductivos del país, enfatizando en el problema del acceso limitado a anticonceptivos. Y le solicitó revisar su marco normativo en relación a los abortos clandestinos y la objeción de conciencia.

FUENTE: EL ESPECTADOR