El jueves 30 de mayo, por la tarde, Fabio Andrés Riveros esperó a que Natalia Vásquez Amaya, una enfermera jefe de 31 años, llegara a su casa en la localidad de Suba para asesinarla con un cuchillo. La enfermera llevaba dos meses viviendo en una casa de protección de la Alcaldía, tras repetidas agresiones de Riveros, quien era su expareja y el padre de su hijo. Pero hacía un semana, había salido de la Casa Refugio. Después del asesinato, Riveros se suicidó. 

La semana pasada, Vásquez fue la segunda mujer asesinada en un feminicidio en Bogotá. Estos homicidios le pegan duro a una alcaldía como la de Carlos Fernando Galán, quien llegó con la promesa de hacer que Bogotá caminara segura y con el objetivo de erradicar las violencia de género en Bogotá. Vásquez había seguido toda la ruta de la Alcaldía, sin embargo, no funcionó. 

Este año, los feminicidios han aumentado en Bogotá y en Colombia. El caso de Vásquez revela fallas en las ruta de protección para las mujeres que se repiten en todo el país. Y convierte en un ejemplo de los retos que persisten, incluso en los municipios con mecanismos de atención más desarrollados, para proteger a las mujeres de la violencia que ejercen los hombres. 

Los retos de la ruta de atención

El 1 de marzo de este año, Natalia Vásquez Amaya hizo la “llamada de vida”. Este es un mecanismo con el que cuenta la Alcaldía para buscar una medida de protección para aquellas mujeres que se encuentren en situaciones de violencia al interior de sus familias. 

Vásquez era en una de las 665 mujeres que están en riesgo de feminicidio en la ciudad, según datos del Distrito.  

Uno de los caminos para activar la “ruta única de atención” para las mujeres es una llamada, que puede ser de orientación o para empezar las medidas de protección. 

La primera es la línea púrpura, en la que las mujeres pueden recibir orientación y acompañamiento frente violencias basadas en género. De esta línea se encarga la Secretaría de la Mujer. También está la “llamada de vida”, la que hizo Vásquez, que está a cargo de Integración Social, la misma entidad que está a cargo de las comisarías de familia, que son las que atienden a quienes se enfrenten a violencias en el contexto familiar, como niños, mujeres o adultos mayores. Y está el 123, la línea donde se reportan los riesgos inminentes de seguridad, en donde participa la Secretaría de la Mujer como orientación.  

Tres días después de la llamada de Vásquez, en la comisaría de Suba, le otorgaron medidas de protección preventivas, después de evaluar su situación. Entre esas, la mandaron a una Casa Refugio, un espacio en una ubicación que no es pública al que pueden ir las mujeres acompañadas de quienes dependan de ellas, como sus hijos, para quedar por fuera del radar del agresor por un periodo de cuatro meses, que se pueden alargar otros dos meses. 

Aunque es una solución temporal, los refugios cargan sus propios problemas. “Las mujeres quedan entonces encerradas, con sus vidas congeladas. Muchas mujeres responden económicamente por sus familias, entonces quedan sin fuentes de ingresos”, explica Carol Rojas, coordinadora del Observatorio Colombiano de Feminicidios. Eso ocurrió en el caso de Vásquez, quien eventualmente salió del establecimiento y terminó asesinada. 

Rojas menciona que este es un riesgo mayor porque en el país existen familias ampliadas, primas, tías, y abuelas que se sostienen unidas “por la precarización de la vida de las mujeres en el país”. “Cuando se llevan a estos refugios, se rompe ese vínculo comunitario. No están hechos a la medida de las mujeres, sino de acciones fortuitas”, agrega. 

Mientras Vásquez estaba en la Casa Refugio, la Secretaría de Integración Social, desde la comisaría de familia de Suba, organizó la audiencia para definir las medidas definitivas en su caso. Originalmente, la audiencia estaba programada para el 27 de marzo, pero Vásquez pidió aplazarla, por temor a encontrarse cara a cara con su agresor. 

En esos escenarios, las mujeres se enfrentan a la revictimización no solo de encontrarse con su agresor en un espacio, sino también por tener que contar varias veces la historia de la violencia de la que fueron víctimas, a varias entidades y, muchas veces, sin el tacto necesario. “Por eso, esas medidas, como estan diseñadas, no garantizan la protección de las mujeres”, concluye Rojas, del Observatorio. 

La audiencia terminó siendo el 7 de mayo. Entre las medidas de protección que se le asignaron en esa fecha estaban que al agresor se le pedía “abstenerse de proferir agresiones verbales, físicas, económicas, psicológicas, ofensa, acoso, humillación, intimidación, hostigamiento, manipulación, escándalos, agravio y en general cualquier acto que ponga en riesgo la estabilidad emocional o física” a Vásquez y a su hijo, de tres años. 

También se le prohibía al agresor entrar en el lugar de residencia de Vásquez y acercarse a ella o a su hijo a menos de 500 metros. De manera provisional, se definió que la custodia del niño la tendría Vásquez y se le suspendieron las visitas al agresor, su padre. 

En la ruta de la Secretaría, según Tami, se vincula a las mujeres con la Fiscalía y abogados expertos en el tema de violencia de género para hacer las denuncias correspondientes. Las comisarías de familia, solo pueden imponer medidas de protección, pero que no tienen carácter judicial y no pueden privar de la libertad a los agresores.  

En la comisaría, además, ordenaron al agresor “terapias para aprender a comunicar de manera asertiva, manejar estados de ánimo, control de impulsos, respeto, tolerancia” y “un curso pedagógico sobre el deber de cumplimiento de las medidas de protección”, que hace la Personería. 

Pero 23 días después, Riveros asesinó a Natalia Vásquez, el 30 de mayo. Un día antes, en el centro comercial Santa Fe, también Stefanny Barranco fue víctima de feminicidio en manos de su expareja, por lo que la capital se convirtió en el centro de la atención por estos crímenes la semana pasada. 

El plan de Galán

Con corte a abril, en Bogotá hubo tres feminicidios más frente al mismo periodo del año pasado, según los datos del Observatorio de Feminicidios de Colombia, una ONG que le sigue la pista a estos crímenes y a las políticas de género en el país, desde el pertenece al centro de conocimientos y acción poítica Republicanas Populares.

“Cada vez que hay un feminicidio le fallamos, como sociedad, a las mujeres, les fallamos porque hay que seguir trabajando y derrumbando esos imaginarios machistas”, dice la secretaria Tami. 

Ante la situación, el alcalde Galán lanzó dos medidas para el corto plazo. A partir de julio, empezará un plan de fortalecimiento de las comisarías, que busca aumentar la formación y los recursos que tienen 51 equipos comisariales. Además, desde el segundo semestre, la Alcaldía lanzará un mecanismo para evaluar las medidas de protección adoptadas por las comisarías en casos de riesgo de feminicidio. 

A mediano plazo, el Plan Distrital de Desarrollo de la Alcaldía se pone como objetivo reducir en 30% el número de feminicidios, de la línea base de 89 que hubo en el periodo pasado. 

Para lograrlo, el documento habla de algunos cambios en la ruta. El más notorio es el cambio de las comisarías de familia, que pasarán de la Secretaria de Integración Social, a la de Seguridad. “Por su objeto misional deberían estar allá, porque las comisarías son parte del acceso a la justicia, e Integración Social estará enfocado en la prevención de la violencia intrafamiliar”, explica el secretario de Integración, Roberto Angulo. 

Además de cambiar de doliente, el Plan habla de un aumento en las comisarías de la ciudad, que pasarían de 51 a 67 en cuatro años. La primera tiene como fecha de inauguración septiembre de este año, en la localidad de Ciudad Bolívar, pues esta es una de las localidades con más denuncias por violencias de género y menos comisarías. 

La idea también es aumentar la periodicidad con la que se hace seguimiento a las mujeres en riesgo de feminicidio que atiende la comisaría. Hoy se hace cada dos meses, pero para el final de la administración debería hacerse seguimiento quincenal, durante los tres primeros meses, y después de ese periodo, un seguimiento mensual. 

Otro elemento que plantea el Plan de Galán es una mejora de la ruta de atención, para que esta sea integral, es decir, que se mejora la articulación entre las diferentes entidades, tanto las del Distrito como las de orden Nacional, como el gobierno o la rama judicial. 

“Esa visión intersectorial que le ha dado el alcalde es clave para plantear mejoras en esa ruta de atención, porque incluye un trabajo conjunto al tiempo que cada una de las entidades es responsable dentro de sus competencias”, dice la secretaria Tami. 

Más allá de las medidas de las administraciones locales o nacional, los feminicidios responden a una visión estructural en la que los cuerpos de las mujeres son vistos como espacios de conquista en donde los hombres pueden demostrar su poder. “Son consecuencia de un machismo estructural, por eso hay que apostarle a una transformación, además de atención, para cambiar ese imaginario”, reconoce Tami.

El problema más allá de Bogotá 

Este lunes, la Policía capturó en Medellín a un hombre de 57 años, después de más de un año de investigación, en la que participaron la Fiscalía y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, para esclarecer la muerte de Nancy Elvira Castaño. En marzo del año pasado, su cuerpo apareció decapitada, en un avanzado estado de descomposición, y con signos de tortura en el barrio El Cucaracho. La mujer de 34 años había desaparecido desde febrero del 2023 después de ir a la casa del hombre, quien era su pareja. 

Antioquia cerró el 2023 con 95 feminicidios, consolidándose como la región del país con mayor número de estos crímenes, según el Observatorio. Le siguieron Bogotá, con 58; y Valle del Cauca, con 52, del total de 525 registrados. 

Este año, el panorama es aún más escabroso. En solo cuatro meses, según el último boletín del Observatorio, en el país hubo 271 feminicidios. Esto representa un aumento de casi 100 homicidios en comparación con los 179 que se había reportado el año pasado durante el mismo periodo.

Por esas cifras, el manejo de las alertas por feminicidio supera las capacidades de los gobiernos locales. En el gobierno nacional ya se ha hablado sobre endurecer las medidas en contra de los feminicidas. 

Un día después de los dos feminicidios que ocurrieron en Bogotá, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que ya está lista para la sanción presidencial una ley que elimina los beneficios para los asesinos de mujeres, que ahora tendrán que cumplir toda su pena en la cárcel, sin posibilidad de casa por cárcel ni de salidas prematuras. Además, la ley incluye la creación de una oficina dentro de la Fiscalía para sancionar casos de feminicidio. 

El objetivo es que esa oficina mejore el movimiento del sistema judicial frente a los casos de violencia en contra de las mujeres, antes de que ocurran tragedias. En feminicidios, por ejemplo, hay una gran impunidad. El año pasado, fueron condenadas 124 personas por ese delito, pese a que hubo 525 víctimas de este delito registradas por el Observatorio. El último fue John Poulos, un estadounidense condenado a 42 años, que asesinó a su pareja colombiana, Valentina Trespalacios. 

El gobierno nacional, además se ha empezado a reunir con mandatarios locales, a través del Viceministerio de las Mujeres, que hace parte del MinIgualdad y está encabezado por Diana Gómez. Según la secretaria Tami, la viceministra ha estado en constante contacto con su despacho para articular las respuestas. 

Por su lado, Rojas, del Observatorio, cuenta que la organización participó en las mesas de alto nivel para prevenir el feminicidio, aunque de esta todavía no hay resultados concretos. “Pero el encuentro es vital, porque si no se articula la institucionalidad local con la nacional no lo vamos a lograr”, dice. 

Con un saldo en rojo de 271 mujeres asesinadas por ser mujeres, en el país se empiezan a mover modificaciones para castigar con mano dura y mayor efectividad a los asesinos de mujeres. Las nuevas medidas se enfrentarán a un reto mayor, que implica ser efectivas en un país que sigue siendo profundamente machista.

FUENTE: https://www.lasillavacia.com/