Así lo afirma el más reciente informe del programa Somos Defensores que muestra que, aunque en 2023 hubo una disminución de las agresiones como las amenazas y los asesinatos, incrementaron otras como los desplazamientos forzados, los secuestros o los robos de información.

El más reciente informe del programa Somos Defensores que se publicó este jueves mostró que durante este año se presentaron 765 hechos violentos contra líderes y lideresas sociales en el país, una cifra que aunque es menor que la de 2022, cuando se registraron 840 casos, no representa una real disminución de las agresiones para esta población.

La organización, que lleva 25 años documentando este tipo de casos, explica que se han cambiado los modus operandi para atacar los liderazgos sociales. La disminución de hechos “no se concreta en un alivio en las condiciones de riesgo para las personas defensoras (…) además, hay un cambio en la frecuencia de uso del repertorio de violencia, pues mientras disminuyeron violaciones frecuentes como las amenazas y los asesinatos, incrementaron otras como los desplazamientos forzados (incremento del 94,4%), los robos de información (incremento del 266,6%) y los secuestros (incremento del 60%)”.

En cifras más discriminadas, durante el 2023 hubo 168 asesinatos a líderes y lideresas sociales. “En 125 se utilizó arma de fuego, en 20 se utilizó arma blanca, en 16 se desconoce el arma utilizada, dos se produjeron por asfixia mecánica, dos que fueron producto de la activación de minas antipersonales, dos por golpe con objeto contundente y uno ocurrió como consecuencia de un golpe”, indica el documento.

El informe además afirma que ese incremento también aplica para los grupos presuntamente responsables de las agresiones que, además, casi todos están en mesas de diálogo con el Gobierno. Según su conteo, el ELN sería uno de los principales autores de estos ataques (48,3%), seguido de lo que llamada estructuras posacuerdo de paz —disidencias de las FARC— (30,7%) y bandas criminales (33,3%).

“En general, la intensidad de la violencia bajó, especialmente la más visible, pero se trasladó hacia agresiones no letales y que en periodos anteriores fueron menos frecuentes”, afirma el informe.

Sobre la actual política de paz del Gobierno, Somos Defensores dice que por ahora no ha tenido mayores alivios en las comunidades ni poblaciones. “La esperanza que movilizó a las comunidades en 2022 se ha diluido poco a poco. A pesar del cambio en las tendencias de la política colombiana que marcó la llegada al poder de un gobierno de corte progresista, y de la expresión de voluntad para transformar un contexto de violencia como el que se agudizó en el país desde 2017, hemos llegado, lamentablemente, a un momento en el que la historia ha quedado en puntos suspensivos”, dice el documento.

Además, se afirma que esta apuesta ambiciosa de tener múltiples tableros de negociación ha sido poco estratégica en la medida en que no son claros los límites de esos diálogos y que el cambio de alto comisionado para la paz de Danilo Rueda a Otty Patiño no surtió ningún efecto. “Con este cambio se esperaba dar un nuevo aire a las negociaciones y diálogos para el sometimiento a la justicia, sin embargo, los meses posteriores no han estado exentos de tensiones y de desacuerdos sobre la manera de construir paz con los diferentes grupos”, dice el informe.

En el documento se reconoce que en general “existe un ambiente más propenso para hablar sobre derechos humanos y que de parte de algunos funcionarios del Gobierno existe apertura para construir de manera conjunta con los espacios la sociedad civil organizada”, pero que eso aún no ha significado disminución de los riesgos ni un frenazo a la violencia “que sigue abriendo profundas heridas en todos los departamentos del país”.

Foto: Cortesía: Programa Somos Defensores

Los pedidos al Gobierno

Somos Defensores hace varios pedidos al Gobierno que tiene el reto, según dice el informe de “acompasar el ritmo de las negociaciones, que toman su tiempo, con las necesidades de la población civil en los territorios”.

Entre los pedidos está la revisión de los ceses al fuego que “no se han traducido en mejoras de las condiciones de seguridad en los territorios, por el contrario, se puede notar cómo este escenario ha sido aprovechado por los grupos armados para fortalecer sus capacidades militares y continuar expandiendo su poder hacia zonas “vacías” o mediante disputas con otros grupos armados”.

Por otro lado, se han identificado tareas pendientes por parte de la Unidad Nacional de Protección. “Las medidas implementadas por este órgano son insuficientes y que muchas veces no dialogan con las características de las personas protegidas y de sus contextos, además, es una entidad que no ha estado exenta de cuestionamientos por la forma en la que funciona”.

El informe da cuenta de unas propuestas para la transformación del actual modelo de protección dada “la desarticulación institucional y la dispersión normativa; la existencia de un modelo que se basa en una respuesta reactiva, física e individual; la persistencia de la impunidad, la existencia de estigmatización por parte de la sociedad y la tercerización de la protección de la UNP que ha derivado en corrupción y que desdibuja la responsabilidad del Estado”, entre otras.

Con este diagnóstico, las organizaciones sociales, personas defensoras y lideresas, y periodistas, identificaron una serie de recomendaciones entre las que el informe resalta. “Priorizar la prevención y protección colectiva y comunitaria con cosmovisiones propias; avanzar en la reingeniería institucional y reestructuración del aparato estatal para optimizar recursos y espacios que muchas veces se duplican; modificar los análisis de riesgo, de prevención y protección con la incorporación de enfoques diferenciales; aplicar medidas de protección integral con el reconocimiento de sistemas de autoprotección propios de las comunidades; contar con personal capacitado para abordar de manera integral y con respeto a las personas en riesgo; fortalecer las instituciones locales, desde el reconocimiento político pero también en lo presupuestal”, explica.

“Los análisis incluidos en este informe son un llamado para superar los puntos suspensivos y continuar escribiendo la historia de la paz y las garantías. Esperamos que las voces de comunidades, personas defensoras y organizaciones sociales sean tomadas en cuenta en este proceso”, concluye el informe.

FUENTE: EL ESPECTADOR