La violencia desmedida que sobreviven las mujeres en Tibú, Norte de Santander-Colombia, las tiene acorraladas entre los perfilamientos de los grupos armados legales y los secuestros y feminicidios de los grupos armados ilegales. Este reportaje se publica en alianza entre InSightCrime y Volcánicas.

En una tarde de febrero de 2022, Alma* y su pareja, Óscar*, viajaban en moto atravesando el Catatumbo, una subregión en el departamento colombiano de Norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. De repente, hombres armados se cruzaron en su camino y los hicieron bajar de la moto. 

Los hombres se identificaron como miembros del Frente 33 de las disidencias de las FARC, uno de los grupos que surgieron luego de la desmovilización de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y les dijeron que los estaban buscando porque tenían pruebas de que Alma era informante de la policía, el ejército y la Fiscalía. 

Al detenerlos, les vendaron los ojos, los subieron a sus motos y los llevaron por una trocha, un sendero no pavimentado. La venda de Óscar quedó un poco suelta y logró identificar el camino por el que transitaban. Supo con certeza que los estaban llevando hacia el otro lado de la frontera, hacia Venezuela. A mitad del trayecto, el grupo paró en seco cerca de un pequeño riachuelo. Los hombres bajaron a Alma y a Óscar de las motos, y les quitaron las vendas, mientras estaban atentos al radio que llevaban consigo.

“Entonces yo veo que ellos están colocando como unos trapos que ellos usan, tapándose el rostro, y que sacan a las armas a cargarlas. Y yo dije ‘nos mataron’”, relató Alma a InSight Crime.

El secuestro de Alma y Óscar ocurrió dos años después de la ola de feminicidios, amenazas, videos misóginos, y desplazamientos forzados perpetrada por las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra las mujeres de Tibú, el municipio más importante del Catatumbo. Sus objetivos fueron mujeres señaladas, con o sin pruebas, de haber infiltrado las guerrillas y de convertirse en informantes de las fuerzas de seguridad.

Cuando salió a la luz esta infiltración de las guerrillas, el ambiente en Tibú se volvió aún más tenso. La situación ha empeorado en los últimos tres años. Como reveló una reciente investigación de InSight Crime, luego de que las guerrillas descubrieran la infiltración en sus filas de un grupo de mujeres que fueron reclutadas por las fuerzas de seguridad, comenzaron con una oleada de violencia en la que más de una decena de mujeres, acusadas por ambas guerrillas de ser informantes fueron asesinadas, otras desaparecidas, y muchas más amenazadas y desplazadas. Además, la investigación de InSight Crime encontró que las fuerzas de seguridad que infiltraron a las mujeres y debían ofrecer algún tipo de protección, tampoco actuaron y, por el contrario, hostigaron a las mujeres que denunciaron la situación.  

Desde ese momento, estos grupos prohibieron a los habitantes relacionarse con miembros de la policía y el ejército y, de no cumplir con sus exigencias, serían sometidos a todo tipo de violencias. Esta situación, sin embargo, tuvo un impacto diferenciado en la vida de las mujeres. Fueron ellas quienes se convirtieron en el objetivo central de los ataques de las guerrillas, que incluían amenazas, desplazamientos, y asesinatos. 

Alma y su pareja fueron víctimas de esta campaña de violencia. Ella aún recuerda los detalles de ese día, y el miedo que sintió cuando pensó que los iban a matar. Sin embargo, recuerda que luego de varios minutos, que parecieron horas, los hombres de las disidencias recibieron por radio la orden de seguir con su camino, y Alma y Óscar dieron un pequeño respiro. Los montaron a las motos y les volvieron a cubrir los ojos. Siguieron recorriendo la trocha hasta llegar a una casa en ruinas en el lado venezolano de la frontera. Una vez allí, los llevaron a cuartos separados, donde no había más que un colchón en el piso para dormir. 

La casa no tenía electricidad, recordaron ellos.Estaba sucia y las ventanas estaban cubiertas con plástico. La orden era encadenar a Alma, pero uno de los guerrilleros, al verla débil y pálida, pidió que la dejaran sin ataduras. 

Así comenzaron los peores días de sus vidas, entre la incertidumbre de lo que pasaría con ellos y la certeza de que, a pesar de lo que decían los guerrilleros, ninguno de los dos había violado las reglas que los grupos armados imponen con violencia en el Catatumbo.

Vivir con miedo permanente

Alma y Óscar vivían en una vereda lejana del casco urbano de Tibú. Para quienes habitan en esa región, evitar caer en la mira de los grupos armados es una condición necesaria para mantenerse con vida. 

Tibú, además de ser el municipio de Colombia con más cultivos de coca, es un centro para el procesamiento de cocaína y un punto de trasiego de drogas clave, lo que lo ha convertido en una zona de alto valor estratégico para las guerrillas. Además, su cercanía con la frontera con Venezuela  permite a los grupos armados moverse entre ambos países y esquivar los operativos e investigaciones en su contra. 

Pero el control que ejercen estos grupos en Tibú va más allá de las economías criminales y su posición estratégica. Tanto el ELN como las disidencias han instaurado en el municipio una gobernanza criminal absoluta. Ambas guerrillas están incrustadas en las actividades del día a día de las comunidades, y, a partir del miedo y la intimidación, han suplantado al Estado, que ha tenido una representación muy precaria en estas zonas.

“Desde que yo tengo razón, en ese pueblo se ha vivido con esa zozobra”, nos contó Óscar. Los grupos armados han impuesto una serie de reglas para todas las personas de la comunidad, que van desde toques de queda, hasta castigos a ladrones y consumidores de drogas. 

Hasta hoy, esta violencia basada en género se mantienen en Tibú, pero los casos no son reportados, bien sea porque los familiares de las víctimas tienen miedo de reportar la desaparición, porque los grupos armados se aprovechan de la cercanía con la frontera para evitar que los cuerpos sean descubiertos, o porque son mujeres venezolanas y se presume que volvieron a su país.  

Sin embargo, las cifras de violencia oficiales siguen siendo alarmantes. Según el monitoreo de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en Tibú se presentaron 95 eventos violentos en 2022 y en 2023, la cifra aumentó a 100 eventos reportados. Los eventos incluyen desde desplazamientos masivos, hostigamientos, amenazas individuales, combates, entre otros. 

El control de la guerrilla sobre los movimientos y las relaciones de las personas —especialmente de las mujeres— que viven en territorios bajo su control se ha agudizado, según Alma y Óscar.  Las guerrillas comenzaron una campaña de ataques contra las estaciones de policía y las patrullas móviles, por lo que era un peligro simplemente estar cerca de las autoridades. 

“Llegamos a un punto que yo le dije [a Alma] ‘mi amor, trate de no atender a [los militares] porque van a ver que están entrando y saliendo [del negocio] y eso es para problemas’”, dijo Óscar.

Las secuelas de los feminicidios

La situación en el pueblo se había vuelto insostenible, y Alma y Óscar tomaron la decisión de irse y no volver. En una amarga ironía, el día de su secuestro iban detrás de un camión que llevaba sus cosas para otra ciudad. Pero no lograron explicar nunca a la guerrilla que irse de Tibú era el plan original. 

En el tercer día de su secuestro, a la casa llegó un comandante de alto rango de las disidencias. Miembros del grupo sacaron a Alma de su cuarto y la llevaron ante el comandante, quien, según Alma, había sido enviado por el máximo líder de la disidencia del Frente 33: Javier Alonso Velosa García, alias “Jhon Mechas”, uno de los criminales más buscados del país. 

La interrogaron sobre su supuesto rol de informante y le dijeron que tenían audios que probaban que ella era colaboradora de las fuerzas de seguridad y la Fiscalía. Sin embargo, nunca le mostraron los supuestos audios.

Ante las acusaciones, Alma se defendió. “Yo expresé que podían averiguar y que yo en ningún momento [trabajé] ni con guerrilla, ni con paracos [grupos paramilitares], ni con policía, que nunca había hecho eso porque no tenía la necesidad ni tampoco lo hacía”.

Al cuarto día de estar encerrada junto con Óscar, y luego de varios interrogatorios, el comandante enviado por Jhon Mechas les dijo que se podían ir. 

“Inicialmente, la orden era matarme”, nos contó Alma, pero los guerrilleros la dejaron ir con vida gracias a que personas de su vereda —que se habían enterado de su secuestro por medio de rumores— intercedieron por ella y Óscar, asegurando que Alma nunca trabajó con la fuerza pública.

Los guerrilleros le dieron a Alma y Óscar 24 horas para salir de Tibú. Además, amenazaron con atentar contra ellos y sus familiares si denunciaban la situación, relató ella. 

Para sacarlos de la casa les volvieron a vendar los ojos y los llevaron en dos motos hasta el punto de la carretera donde los habían interceptado aquella tarde de febrero. Allí les entregaron su moto, y Alma y Óscar partieron para otra ciudad, lejos de Tibú.

Comenzar desde cero

Inicialmente, Alma no se atrevió a denunciar lo que habían vivido, pues en su mente estaban frescas las amenazas del comandante disidente de ir tras su familia. Sin embargo, luego de pensarlo durante un tiempo, se armó de coraje y denunció su secuestro en la Defensoría del Pueblo. 

Pero sus miedos comenzaron a volverse realidad. 15 días después de poner su denuncia, Alma recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como miembro del Frente 33 y le dijo que debía presentarse en Campo Dos, un corregimiento de Tibú, para una reunión.  

Ella colgó el teléfono y decidió no ir a la reunión. Pero los guerrilleros insistieron y continuó recibiendo llamadas donde la amenazaban con atentar contra ella y su familia. Temerosa, retiró a su hija del colegio. 

Denunció las amenazas, pero, como pasa con ella y con muchas otras mujeres en Colombia y en el Catatumbo, las instituciones que deben velar por su seguridad no lo hicieron. Como constatan los documentos de la Unidad para las Víctimas obtenidos por InSight Crime, los hechos victimizantes no fueron reconocidos y la ruta de atención nunca se activó. Alma y su familia quedaron desprotegidos ante las constantes amenazas de los disidentes y, junto con su pequeña hija, tomaron la decisión de desplazarse de nuevo. Se desplazaron hacia Bogotá. Para ese momento, llevaban casi un año huyendo de Tibú y de las amenazas de las disidencias. En la capital la vida fue dura. Habían perdido todo lo que tenían desde su salida de Tibú y aunque Óscar consiguió trabajo como repartidor, el dinero no les alcanzaba. 

Alma y su familia huyeron del país, pero su futuro es incierto, igual que el de las personas que continúan en el territorio. Ni Alma ni Óscar recibieron apoyo de las instituciones para salir del país, ni la protección necesaria para evitar que tuvieran que hacerlo en primer lugar. Hoy en día esperan que su solicitud de asilo en un país fuera de América Latina sea aceptada y puedan comenzar su vida de nuevo. 

Problemas invisibilizados 

En el Catatumbo, por su parte, a pesar de las negociaciones del gobierno con grupos como el ELN y las disidencias bajo el marco de la política de la “Paz Total”, la violencia no cesa, sino que se esconde. 

Como Alma, otras mujeres han sido secuestradas en el Catatumbo en el último año, acusadas de ser informantes de la Fuerza Pública. En septiembre de 2022, la disidencia del Frente 33 de las FARC retuvo a una mujer y su hija menor de edad durante ocho días, en la zona rural de ese municipio del Catatumbo, acusadas también de ser informantes. Durante su cautiverio, la disidencia las obligó a grabar un video en el que admitían haber recibido dinero del ejército a cambio de proveer información sobre los movimientos de la guerrilla. 

Los feminicidios también siguen ocurriendo, al igual que las desapariciones, pero luego de la ola de feminicidios de 2021, a nadie, ni siquiera a las instituciones, parece importarle el tema. Según explicaron fuentes de cooperación internacional que conversaron con InSight Crime bajo condición de anonimato por no estar autorizados para hablar de estos casos, hoy en día, los grupos no están asesinando a las mujeres en zonas públicas, pero sí las desaparecen. El problema es que no hay denuncias sobre mujeres desaparecidas por miedo a las reacciones de las guerrillas si alguien reclama. 

Con esto concuerda el Observatorio de Género de Norte de Santander. Según explicaron a InSight Crime,  muchos de los casos de feminicidio, cuando se reportan, son catalogados como homicidios, obviando el componente de género y no son incluidos en las estadísticas oficiales.  

Además, el miedo a las infiltraciones hace que las comunidades sufran. Mientras tanto, las mujeres siguen siendo castigadas y sobre ellas todavía se mantiene la sombra de lo ocurrido en 2020 y 2021. Por su parte, la fuerza pública no se ha responsabilizado por el reclutamiento de mujeres civiles que desencadenó los feminicidios y desapariciones en Tibú, ni sobre el coletazo de violencia que sigue afectando a las mujeres desde ese entonces. 

FUENTE: VOLCÁNICAS