El pasado 5 de mayo, en Argentina, un hombre prendió fuego a cuatro mujeres lesbianas mientras dormían, solo una sobrevivió el ataque. En diálogo con El Espectador, activistas y defensoras de derechos humanos explican por qué piden a las autoridades que el caso sea investigado como un crimen de odio.

Hoy , Andrea Amarante estaría cumpliendo 43 años, pero falleció el pasado domingo en el Hospital de Quemados, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tras cinco días de agonía. Ella es la tercera persona que muere tras el ataque perpetrado con una bomba molotov contra cuatro mujeres lesbianas el pasado 5 de mayo.

Pamela, Roxana y Andrea fallecieron. Sofía, la única sobreviviente, quedó gravemente herida. Ellas compartían un pequeño cuarto en un hotel familiar en Barrancas, un sector empobrecido al sur de la Capital Federal. Fueron quemadas y atacadas mientras dormían por Justo Fernando Barrientos, el hombre del cuarto de al lado. Según vecinos y testigos, Barrientos las odiaba, ¿la razón? Eran lesbianas.

“Triple lesbicidio”, así han denominado este crimen organizaciones y activistas en Argentina. Desde que se conocieron los detalles del caso se formó una Asamblea de “Lesbianes Autoconvocades” con integrantes de todo el territorio nacional. Colectivamente han pedido que los hechos se investiguen como un crimen de odio motivado por la orientación sexual de las víctimas. Por el momento, se mantiene un expediente por “homicidio agravado por alevosía e incendio y por lesiones graves”.

Un crimen de odio, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es “cualquier delito cometido que es motivado por un sesgo o un prejuicio respecto a la pertenencia de la víctima en un grupo específico, como raza, nacionalidad, orientación sexual, género o creencia religiosa”. Los crímenes de odio buscan inducir miedo y causar daños psicológicos y/o físicos. Además, en la mayoría de los casos, aunque no en todos, hay un discurso discriminatorio detrás.

Durante 2023, en Argentina hubo 133 crímenes en los que la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas fueron utilizados como pretexto para la violencia letal. La cifra representa un aumento respecto al 2022, cuando hubo 129 crímenes de odio registrados por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT.

Pamela y Roxana compartían la habitación desde hace un año y medio. Por su parte, Sofía y Andrea, que también eran pareja, habían llegado hace un mes donde sus amigas ya que no podían costear vivir solas. Pamela y Roxana habían tenido discusiones con Barrientos y a finales del año pasado lo denunciaron en la policía, pues él las había amenazado de muerte. Según declaraciones dadas por María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo en Buenos Aires, Sofía contó que ella y sus compañeras vivían con mucho miedo, que “casi no salían de la habitación porque eran hostigadas y agredidas por este hombre y algunas personas más por ser lesbianas”.

Dos vecinos que declaron judicialmente ante las autoridades aseguraron que sí había un hostigamiento motivado por su orientación sexual y que, anteriormente, otro residente gay del hotel tuvo que abandonarlo por este motivo. “Anormales”, “engendros”, “gorda sucia” o “tortas” (despectivo de lesbianas, como “areperas” en Colombia) eran algunos de los calificativos que Barrientos utilizaba para referirse sobre las víctimas según recuerdan los testigos.

Jesi Hernández, lesbiana, militante y activista LGBTIQ+, cuenta a El Espectador que en Argentina la última vez que hubo una agresión de esta magnitud contra mujeres lesbianas fue hace más de diez años. “Este es un caso que marca una bisagra: un caso muy contundente de tres mujeres lesbianas asesinadas en un contexto político que ataca abiertamente la diversidad y los derechos humanos”, comenta.

En los últimos meses, desde que llegó Javier Milei a la presidencia, se cerraron el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inedi). Este último era la entidad encargada de aplicar la ley antidiscriminación. “¿A dónde uno acude en estos momentos, qué garantías para restablecer los derechos y garantizar la salud de Sofía tenemos?”, se pregunta Hernández.

Según expertas en Violencias Basadas en Género, este tipo de casos de feminicidios en el que el agresor quiere quemar viva a su víctima, no solo tiene como objetivo causar la muerte sino generar sufrimiento. En palabras de Marta Dillon, periodista argentina y editora de las secciones feministas y LGBTIQ+ del diario Página 12, “el fuego no solo tiene el potencial de quitar la vida, destruye el cuerpo, elimina los rastros de toda humanidad. Un cuerpo quemado se vuelve irreconocible”.

Todas las fuentes consultadas por este diario coinciden en que la muerte de Pamela, Roxana y Andrea no fue un “accidente”, un “hecho aislado” o una “discusión que acabó en incendió”, como algunos medios titularon la noticia. Para ellas, es un claro caso del impacto que tienen los discursos discriminatorios sobre la materialización de la violencia hacia poblaciones históricamente discriminadas y cómo en el transcurso del año se han incrementado.

Desde Lesbianes Autoconvocades cuentan que, por ejemplo, días antes del ataque, Nicolás Márquez, biógrafo y amigo cercano de Milei, arremetió, durante la presentación de su libro sobre el presidente argentino, contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. “Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad -como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena- está incentivando una conducta autodestructiva”, expresó Márquez.

Dicho comentario generó reacciones por parte de la sociedad civil. Activistas aseguran que la violencia simbólica y los discursos que perpetúan la discriminación hacia la población LGBTIQ+ desde el Estado y sus instituciones no son expresiones de libertad. “Si las personas que están en el poder discriminan públicamente e instalan discursos que deshumanizan y generan rechazos, ayudan a que las violencias se materialicen como pasó en Barrancas”, señala a este diario Eli Trimarchi, activista e integrante de Lesbianes Autoconvocades.

Por su parte, Juliana Montoya de la organización feminista Socorristas en Red también trae a colación las declaraciones de Manuel Adorni, consejero presidencial, sobre este caso. Durante una rueda de prensa, Adorni repudió el crimen, pero dijo que era “injusto hablar solo de este episodio cuando la violencia es más abarcativa”. “No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo”, planteó el funcionario quien extendió condolencia a las familias de las víctimas.

“Es una respuesta que, en primer lugar, niega la orientación sexual de las víctimas y que Barrientos las quiso matar por ser lesbianas. Y, segundo, manda condolencias a las familias sin saber que ellas habían sido rechazadas y expulsadas por su orientación sexual”, dice Montoya en conversación con El Espectador. Actualmente, desde Lesbianes Autoconvocades, están contactando a los familiares de las víctimas para iniciar un proceso legal y también reclamar sus cuerpos en medicina legal para realizar un velorio.

En los últimos días, ha habido movilizaciones de protesta y rechazo por los hechos en los que se ha hecho un llamado al sistema judicial y las autoridades a tratar el caso como un crimen de odio. Durante el fin de semana, más de 60 organizaciones transfeministas y de diversidades se reunieron ante el Congreso en señal de protesta y el martes 14 de mayo las integrantes de la asamblea dialogaron con la Cámara de Diputados. En dicha sesión participaron diputadas y diputados de todos los partidos políticos menos de Libertad Avanza, que es el movimiento de gobierno.

Por el momento, desde la sociedad civil, señalan que seguirán haciendo acciones para que se actualice el expediente como crimen de odio y sienten que es una oportunidad para nombrarlo y reconocerlo como “lesbicidio”. Además, dicen que estarán realizando encuentros y reuniones culturales para recolectar fondos para Sofía, “no hay familia de sangre, pero nos tiene a nosotres, que somos su familia nueva y somos un montón”, concluye Hernández.

FUENTE: EL ESPECTADOR