Aunque en diciembre fue liberada la última mujer condenada por una emergencia obstétrica, las restrictivas leyes del país centroamericano continúan criminalizando a las mujeres que interrumpen su embarazo.

En diciembre de 2023, Lilian fue la última mujer salvadoreña en recuperar su libertad tras estar siete años en la cárcel por una emergencia obstétrica. Ella había sido señalada de cometer homicidio agravado, por supuestamente haberse inducido un aborto y matar a su hijo. Pero, realmente, Lilian sufrió un desgarro uterino que provocó la muerte del feto y obligó que le hicieran a ella tres transfusiones para estabilizarla.

El Salvador es uno de los países más restrictivos en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la región. El aborto está completamente penalizado, porque el Estado define constitucionalmente que las personas existen “desde el instante de la concepción”, aun cuando los organismos internacionales de derechos humanos sugieren lo contrario.

La estricta legislación ha llevado a que las mujeres que tienen complicaciones durante la gestación y sufren abortos espontáneos y muertes prenatales, sean consideradas sospechosas de haberse practicado un aborto. A varias de estas mujeres que fueron condenadas injustamente a 30 años de prisión se les llamó “Las 17 y más”. Desde el 2014, 73 mujeres recuperaron su libertad gracias a litigios estratégicos que lograron la absolución de sus penas. Lilian es la última de ellas.

“Las 17″ fueron quienes inicialmente les dieron un rostro a las implicaciones de la penalización absoluta del aborto en este país. Un país en el que, en palabras de Sara García, psicóloga integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto (Agrupación), “existe un proceso de persecución a las mujeres, en el que se les anula la presunción de inocencia y genera una presunción de culpabilidad”. Un país en el que la pena por aborto es de hasta 14 años de prisión y no reprende solo a las mujeres sino también al personal de salud. Pero, como es tan difícil probar si realmente hubo una interrupción del embarazo, se les procesa por homicidio agravado, cuya máxima pena son 50 años.

Según el Centro para la Igualdad de la Mujer, en El Salvador al menos 180 mujeres han sido procesadas o encarceladas en las últimas dos décadas a raíz de emergencias obstétricas o abortos espontáneos. La Agrupación explica que hoy hay 11 nuevos procesos penales abiertos, pero que, gracias al trabajo de organizaciones feministas y de derechos humanos a nivel regional, estas mujeres tienen la posibilidad de defender sus casos en libertad.

El que no haya más mujeres en la cárcel también se logró por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Manuela; una mujer de una zona empobrecida del país que fue condenada tras un aborto espontáneo. Manuela murió a los dos años de estar presa por un cáncer que, posiblemente, estaba asociado a la pérdida del embarazo.

La Corte IDH declaró, en noviembre de 2021, que el Estado salvadoreño era responsable de varias violaciones a los derechos humanos. La sentencia pide que se regule y cree un protocolo de atención a las mujeres que lleguen buscando servicios de salud sexual y reproductiva; que se proteja el secreto profesional médico; que pare la persecución contra las mujeres; y estableció que en el país existe un contexto de criminalización injusta precisamente por la ley tan restrictiva frente al aborto.

Este contexto lo han llamado “Del hospital a la cárcel”. Manuela, Lilian y todas “Las 17″ se enteraron de que la policía las esperaba para procesarlas penalmente mientras estaban en la camilla del hospital, aturdidas por la anestesia y sin entender realmente qué estaba pasando. Además, como explica Marcela Martino, directora adjunta del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el perfil de las mujeres que han sido criminalizadas, en general, son jóvenes de recursos limitados, bajos estudios y con una defensa de oficio que no hizo lo suficiente.

“Hay un claro sesgo de género porque el sistema se ha empeñado en ver a estas mujeres siempre como culpables, que quieren ‘deshacerse’ o esconder sus embarazos. Es un panorama profundamente estereotipado, estigmatizante y violento que, además, no se puede leer sin su componente social. Esta mirada sobre el aborto y las mujeres que son declaradas ‘culpables’ es una narrativa sostenida y que está en el imaginario salvadoreño”, agrega Martino en dialogo con El Espectador.

A pesar de que con la sentencia de Manuela El Salvador tiene la obligación de parar la persecución injusta contra mujeres que sufren emergencias obstétricas y revisar sus leyes de aborto, el panorama político con Nayib Bukele no es muy favorable. “Se está recrudeciendo ser defensora de derechos humanos y ser activista feminista en este contexto”, afirma García a este diario. Ella añade que hay una barrera para la implementación de las medidas de reparación que pidió la Corte IDH y, por ende, de la labor social y jurídica que hacen desde la Agrupación.

Además, se está a la espera de la sentencia de la Corte IDH en el caso de Beatriz. El año pasado, fue la audiencia pública y desde el Centro de Derechos Reproductivos, organización que lleva el proceso, y el CEJIL estiman que el fallo debería salir a finales de 2024 o inicios de 2025. Este caso, a diferencia del contexto de “Las 17″ y Manuela, se relaciona con el derecho al aborto.

Beatriz tenía 22 años, sufría de Lupus y el embarazo que llevaba era anencefálico, es decir, el feto no había formado un cerebro, por lo que no podía sobrevivir fuera del vientre. Tuvo que acudir al sistema interamericano para pedir medidas provisionales y logró que se interrumpiera el embarazo. No fue un aborto, fue un parto inducido; pero Beatriz sufrió una tortura en el proceso, según sus abogadas.

Frente a este caso, las fuentes consultadas por este diario aseguran que esperan un fallo a su favor, teniendo como antecedente la sentencia de Manuela. Asimismo, comentan que la liberación de Lilian a finales del año pasado es motivo de celebración y muestra por qué en El Salvador debe seguir esa defensa por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Que ninguna mujer esté en la cárcel no solo simboliza a nivel político una lucha de tantos años, sino también a nivel humano que ninguna mujer que pase por una situación de emergencia gestacional, que necesite un aborto para salvar su vida o, incluso, que quiera decidir sobre su propio cuerpo, debe ser sometida a una privación de libertad arbitraria”, comenta a El Espectador una acompañante de abortos salvadoreña cuya identidad pidió ser reservada.

A pesar de que permanecen los 11 casos penales aún abiertos y que no hay una voluntad política gubernamental para hablar sobre derechos sexuales y reproductivos, las salvadoreñas dicen que siguen en pie de esta lucha social y jurídica. Tienen esperanza, pues muchas más personas, sobre todo mujeres jóvenes, se han sumado al movimiento por la despenalización del aborto.

¿Por qué organismos internacionales recomiendan despenalizar el aborto?

El acceso al aborto seguro y legal es una cuestión de derechos humanos. Así lo aseguran, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Para estas fuentes, existe una relación directa entre las leyes restrictivas en materia de aborto y los riesgos para la vida, la salud y el bienestar de mujeres y personas gestantes.

Datos de la OMS muestran que restringir el acceso al aborto no reduce el número de casos. En los países donde el aborto está penalizado, sólo uno de cada cuatro abortos es seguro, en comparación con casi nueve de cada diez en los países donde la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es legal. Además, los países que prohíben en su totalidad el aborto son, a su vez, los que tienen peores índices de mortalidad materna, abusos sexuales, y donde más niñas deben convertirse en madres forzosamente.

Actualmente, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, se estima que al año se realizan 73 millones de abortos en el mundo. Sin embargo, el 40% de las mujeres y personas gestantes en edad reproductiva viven en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas o en los que, a pesar de que la ley lo permite en determinadas condiciones, persisten barreras para el acceso oportuno.

“La negativa de un Estado a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a las mujeres en condiciones legales resulta discriminatoria”, afirmó el CEDAW. Desde el sistema internacional de los derechos humanos se considera que cuando hay una penalización a la IVE se ponen en riesgo otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, la salud y a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El llamado de organismos internacionales por la despenalización del aborto responde a ver la IVE como un asunto de salud pública. Si bien las recomendaciones hablan sobre una regulación amplia y no punitiva para que las mujeres y personas gestantes puedan decidir libremente sobre su cuerpo, también reconocen que a nivel mundial el sistema de causales, es decir, el acceso al aborto en condiciones específicas, prevalece.

Por ello, desde los tratados de protección de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos, se hace énfasis que la discusión por la despenalización del aborto requiere que los Estados aumenten el acceso a servicios de planificación familiar. Asimismo, mencionan la información libre de prejuicios como fundamental para reducir el número de abortos riesgosos, clandestinos e ilegales.

FUENTE: EL ESPECTADOR