Basta con encender la televisión, abrir un periódico o navegar en las redes sociales para percibir la hostilidad de la época en la que estamos viviendo. Esta semana hemos sido testigos indirectos de episodios crueles y violentos, una ola de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos que deja en el centro a los más vulnerables: niñas, niños, jóvenes y mujeres, y cuyas imágenes, que la dan la vuelta al mundo, no podrían ser más dantescas.

Justo hoy, día en el que se conmemora el Día Internacional de la Niña, seguir trabajando en el reconocimiento y la garantía de sus derechos, además de vigente es absolutamente necesario. Y es que hay un sinnúmero de fenómenos que afectan su bienestar, que siguen ocurriendo y pasan inadvertidos afectando la vida de miles. El matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y forzadas no solo ocurren, sino que están permitidas en nuestro país, una práctica nociva que reposa sobre la violencia, las relaciones desiguales de poder y la vulneración de los derechos humanos. Tan solo en los últimos tres años, la Superintendencia de Notariado y Registro calcula que se oficializaron más de 1.400 matrimonios en los cuales, una de las personas era menor de 18 años.

Por su parte, según la organización global Girls not Brides, más de 650 millones de adolescentes y mujeres vivas hoy en día, se unieron a parejas mayores cuando eran niñas, alertando además que, si no se intensifican los esfuerzos para prohibir el matrimonio infantil en el mundo, aproximadamente 150 millones de niñas y adolescentes más estarán casadas para el 2030. Tristemente, en Colombia el panorama no es más alentador; según UNICEF, nuestro país ocupa el puesto 20 a nivel mundial en cuanto al número de niñas casadas o unidas antes de los 15 años y el puesto 11 en comparación con otros países de América Latina y el Caribe. Y es que una fuente como el Censo Nacional de Población – 2018 encontró que en Colombia más de 340.000 menores de 19 años están o han estado alguna vez casadas o unidas. Esto porque el Código Civil permite a menores de 18 años, pero mayores de 14 años, contraer matrimonio con la autorización de sus padres o representantes legales.

Hace algunos meses, más de 100 niñas y niños del proyecto Valiente que desarrollamos de la mano de la Embajada de Canadá en ocho municipios del país, sumaron sus voces para enviar mensajes a la Corte Constitucional, manifestando su rechazo a la práctica nociva del matrimonio infantil y con el ánimo de que, como es su derecho, sus opiniones fueran escuchadas y tenidas en cuenta en las discusiones que comprometen sus realidades. Aunque el Alto Tribunal se abstuvo de pronunciarse de fondo en la Sentencia C-056 de 2022, la petición de los y las niñas sigue intacta, es totalmente vigente y es una a la que deberíamos sumarnos todas y todos: el matrimonio infantil debe ser prohibido.

Y es que cuando se trata de problemáticas relacionadas con el cuerpo, la sexualidad y el género, habitualmente aparece la omisión y el estigma que dificulta dar pasos hacia adelante. Por ejemplo, queremos reducir los embarazos adolescentes, pero hay quienes rechazan y se rasgan las vestiduras ante la más mínima posibilidad de que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes accedan a información basada en la evidencia, acorde a su edad, sobre sexualidad, para que tomen decisiones informadas y prevengan escenarios que las pongan en riesgo; queremos erradicar el abuso, la trata de personas y la violencia sexual, pero nos tapamos los ojos ante la cruda realidad que obliga a las menores a convertirse en esposas y en madres. Lo nuestro, como sociedad, no puede seguir siendo un asunto de ausencia de coherencia, de compromiso y de la tangible doble moral.

El Estado debe adoptar medidas legislativas y de políticas públicas para transformar las prácticas sociales, culturales y jurídicas que fomentan y avalan el matrimonio y las uniones infantiles, tempranas y forzadas, con un alcance integral que garantice y proteja los derechos humanos de las niñas y adolescentes, incluyendo el acceso a la educación, la prevención de la violencia de género, los servicios de protección social y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

Se ha intentado, múltiples veces: en Colombia se han presentado al menos siete proyectos de ley, en distintas legislaturas, que buscan erradicar las uniones infantiles, tempranas y forzadas y los Gobiernos han asumido compromisos internacionales al respecto, pero la problemática continúa y la deuda es histórica. El pasado agosto, un nuevo proyecto presentado por las congresistas Jennifer Pedraza y Alexandra Vásquez inició su trámite. Confío en que este permita ponerle fin, de una vez por todas, a este tipo de prácticas que vulneran gravemente los derechos humanos porque sencillamente… ¡Son niñas, no esposas!

FUENTE: EL ESPECTADOR