Entre el 16 y 25 de septiembre los medios registraron tres asesinatos de mujeres. Una muestra de que sigue siendo un país sin protección ni prevención frente a los feminicidios. Las mediciones sobre agresiones reportan altos niveles, incluso en los casos de la llamada “violencia vicaria”.

Debieron pasar 14 años para que Victoria se diera cuenta de que estaba siendo víctima de violencia en su propio hogar. Creía que si su esposo no le permitía usar pantalones cortos era porque la amaba. Que si le prohibía salir sola a la calle o bailar con alguien en una fiesta era para protegerla.

Sin embargo, ahora estaba inconsciente en el piso, creyendo por momentos, como pensó el padre de sus dos hijos, que estaba muerta. Su verdadero nombre no es Victoria, pero es el que Cuestión Pública eligió para proteger su identidad y darle un nombre a su valentía.

«Lo que él hacía era violencia vicaria, que no está contemplada en la legislación colombiana, pero en otros países sí»

“Yo me vi realmente muerta. Y escuché que amenazó a mi hijo y le dijo en su cara, ‘a vos también te mato’. Entonces eso fue lo que me dio la fuerza (…) lo que él hacía era violencia vicaria, que no está contemplada en la legislación colombiana, pero en otros países sí. Y es hacerles daño a los hijos para causarle sufrimiento a la madre”, relató Victoria, quien vivió esa experiencia en un municipio del Valle del Cauca a comienzos del 2022.

En Colombia se prepara un proyecto de ley para que se reconozca como delito la violencia vicaria, considerada como la segunda forma de violencia más extrema contra la mujer. Según la Fundación Colombiana Contra la Violencia Vicaria, este es el acto que ejerce un hombre utilizando como medio a las hijas o hijos producto de la relación o no, llegando incluso a matarlos, con el propósito de causar un daño psicoemocional a la madre.

El resultado más extremo de toda esa violencia es el feminicidio, que en el 2022 dejó cifras tan aterradoras como el delito mismo. Cerca de dos mujeres fueron asesinadas cada día en Colombia por razones de género, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la Nación, que advirtió que 614 fueron víctimas de feminicidio el año anterior.

Victoria estuvo a punto de ser la víctima 615, pero a partir de entonces sacó las fuerzas que no sabía que tenía para reponerse. Una posibilidad que no tuvieron Nidia Yolima Arango, de 32 años, a quien su esposo degolló en Valledupar el pasado 25 de septiembre; ni Yudith Marcela Núñez, de 39 años, asesinada a golpes en Soacha el 20 de septiembre; ni Nathaly Cortez, de 38 años, ultimada por su compañero con arma blanca en Piedecuesta, y mucho menos la joven extranjera Yoenglis Marú, de 22 años, a quien encontraron el pasado 16 de septiembre desmembrada en el río Medellín y cuyo principal sospechoso es su pareja.

Un hecho tan escabroso como el ocurrido el 24 de mayo del 2012 en Bogotá, donde un excompañero de estudio violó, torturó y asesinó a Rosa Elvira Cely; en cuyo nombre se promulgó la ley 1761 que castiga el feminicidio como delito en Colombia.

De acuerdo con el último boletín del Observatorio Colombiano de Feminicidios, con corte al mes de julio, en los primeros siete meses de de 2023 se cometieron 297 feminicidios en el país, siendo el más violento el mes de julio con 49 casos. En el mismo periodo del 2022, eran 339 los casos reportados. Es decir, en el 2023 hay 42 casos menos en Colombia. Aún así, el riesgo de ser mujer en Colombia persiste. 

“Todavía no lo tomamos como un tema serio”

Aunque la tipificación en el código penal del asesinato de una mujer por razones de género fue un acto de justicia frente a la violencia que padecen las mujeres en el país, este delito ha aumentado de manera progresiva desde 2016. Precisamente desde que comenzó a regir en pleno la Ley Rosa Elvira Cely. Y, paradójicamente, desde ese mismo año las condenas han venido disminuyendo, según un estudio de la Universidad de Antioquia de 2022.

Ese departamento ha sido justamente uno de los más afectados. De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, en Antioquia, entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de este año han sido asesinadas 78 mujeres. De esos casos, solo 14 han sido tipificados como feminicidios por la Fiscalía. 

Desde la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, asegura Natalia Velásquez Osorio, se viene trabajando a través de la línea 123 y los hogares de paso.  “Somos conscientes de todo el trabajo que como sociedad nos falta para garantizarles a las mujeres su derecho a vivir libres de violencia. Reiteramos a las instituciones responsables que se dé el debido proceso para la sanción y así el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia”.

“Pasamos muchos años, incluso con medios de comunicación, antes de que se empezara a manejar el término feminicidio porque se hablaba de crímenes pasionales”

Frente a la línea telefónica y los hogares de paso, Melissa Toro, del colectivo Putamente Poderosas, considera que ha sido una herramienta que funciona relativamente bien. Sin embargo, desde otras organizaciones y desde los reportes individuales de mujeres que han estado con nosotras, nos dicen que la línea no logra la cobertura o no logra ser completamente efectiva (…) en hechos que están sucediendo, envían policías de cuadrante que no tiene formación en violencia y que no logran hacer las medidas efectivas y que los reportes pasen a otra instancia”, indicó.

La directora de Sigma Mujer, Linda Cabrera, señaló que son factores como la naturalización de la violencia en nuestras sociedades los que impiden que muchas mujeres busquen ayuda. “Todavía no lo tomamos como un tema serio; pasamos muchos años, incluso con los medios de comunicación, antes de que se empezara a manejar el término feminicidio, por ejemplo, porque se hablaba de crímenes pasionales”.

“Lo segundo es que las mujeres requieren no solo ayuda de la justicia, sino atención sicológica, acceso a recursos que le garanticen su independía económica, a salud integral y posibilidades de educación y formación, como lo provee la Ley 1257 de 2008; la ley de no violencia contra las mujeres que en 15 años no se ha cumplido”, explicó.

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Gráfico de las regiones más afectadas

Fuente: Observatorio Colombiano de Feminicidios
*El año 2023 se presenta con corte al 31 de julio.

A la par con lo que ocurre en Antioquia, el Valle del Cauca es otro de los departamentos que aporta elevadas cifras a la estadística nacional de violencia contra las mujeres. No obstante, en lo corrido de este año registra una leve reducción en el número de casos, comparado con el mismo periodo del 2022. Se pasó de 101 asesinatos de mujeres en los primeros ocho meses de 2022, a 96 homicidios en el 2023, según la Secretaría de la Mujer del Valle.

Sin embargo, preocupan casos en municipios como El Cerrito, donde las autoridades no reportaron muertes de mujeres en 2022 y en lo corrido del año han sido asesinadas cuatro; o Guacarí, que pasó de un caso en el 2022 a tres hechos violentos en el 2023, y Palmira, que de dos casos reportados el año anterior, suma seis asesinatos en los primeros ocho meses de este año. No obstante, la cifra de feminicidios en el Valle se redujo de 20 a once casos este año.  

Luz Dey Escobar, secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca le explicó a Cuestión Pública que la Gobernación, a través de su plan de desarrollo, estableció 54 metas para prevenir las violencias de género, como empoderar a las mujeres y fortalecer la ruta de atención a las víctimas, entre otras, que incluye capital semilla para apoyar algunos emprendimientos que permitan independencia económica de mujeres afectadas.

“Necesitamos más Estado, más instituciones que se ocupen de los temas que afectan al 50% de la población”     

“Falta que todas las instituciones se comprometan de manera formal”, comentó a Cuestión Pública la capitán de Policía Metropolitana de Cali Martha Lucía Orejuela, coordinadora de la Patrulla Púrpura, que recorre los barrios con más altos índices de violencia contra las mujeres en Cali para ofrecer atención e información. 

“Hemos tenido ciertas dificultades con el tema de salud; por ejemplo cuando no le dan la prioridad a la víctima en la atención y nos toca esperar hasta dos y tres horas para que esa víctima sea atendida (…) cuando no tenemos equipo psicosocial hasta los fines de semana porque el personal médico está por prestación de servicios y eso implica que la víctima, si llegamos un viernes en la tarde, deba quedarse hospitalizada todo el fin de semana y debe quedarse hasta el lunes sea valorada y muchas mujeres terminan firmando el desistimiento para irse del hogar”, explicó la oficial.

Durante el 2022, se reportaron 598 feminicidios en Colombia. El Valle del Cauca fue el departamento que registró el mayor número de casos, con 91 mujeres asesinadas, seguido de Antioquia con 88, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios. En lo que va del 2023, la cifra de feminicidios presenta una leve reducción y es Antioquia la región que encabeza el listado de víctimas, con 46, contra los 32 casos reportados en el Valle del Cauca.

Una ley a medias

De acuerdo con la Directora de Sigma Mujer, Linda Cabrera, la ley de feminicidios ha sido muy efectiva en términos del uso correcto del lenguaje y en cuanto a sanciones para los feminicidas y autores de actos violentos contra las mujeres, “pero se queda corta en los mecanismos de prevención y protección”.

“Necesitamos más Estado, más instituciones que se ocupen de los temas que afectan al 50% de la población; necesitamos recursos, fortalecer las comisarías de familia y más trabajo en las escuelas. El sector educativo es determinante para contrarrestar estereotipos y aún no se da por enterado que tiene una alta responsabilidad en la prevención de este tipo de violencia”, señaló Cabrera.

“yo creía que como él era mi esposo. Pues aunque no me obligaba, sí me manipulaba para tener relaciones y eso también es violencia sexual”

Victoria es la más convencida de que el sistema, con todas las imperfecciones y complejidades que tiene, funciona y salva vidas. “Yo soy el mejor ejemplo de que la ruta de atención funciona. Yo tuve todos los tipos de violencia; psicológica, económica, patrimonial. También violencia sexual porque yo creía que como él era mi esposo. Pues aunque no me obligaba, sí me manipulaba para tener relaciones y eso también es violencia sexual”.

En su caso, la ruta de atención le permitió recibir atención psicosocial, contar con un hogar de protección para ella y sus hijos y presentar la denuncia ante la Fiscalía, que condenó a su exesposo y lo dejó sin posibilidad de una reducción de pena, componente clave de la Ley Rosa Elvira Cely.

Un espíritu que languidece ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de rebajar de feminicidio a homicidio el caso de Ana María Castro, la joven que murió en Bogotá el 5 de marzo del 2020 tras ser lanzada desde un vehículo en movimiento y con lo que los responsables, Julián Ortegón y Paul Naranjo, obtuvieron una considerable reducción de la pena. Las alarmas están encendidas.

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La decisión del juez de primera instancia que tipificó el caso como feminicidio fue la acertada, explicó el abogado de la familia de la víctima, Francisco Bernate. “El feminicidio no implica, como lo entiende el tribunal, una larga cadena de maltratos en una relación tormentosa ni actos de discriminación en una situación continuada de conflicto… ella no murió en un atraco ni en un accidente”. 

En la exhaustiva lucha contra la violencia de género, que existan casos como el de Victoria y otras 464 mujeres, que salvaron su vida a través de esos mecanismos de asistencia, es un logro que no se celebra a plenitud. En Colombia, ser mujer sigue siendo un riesgo ante un Estado y una sociedad cómplices que les sigue fallando una y otra vez.

FUENTE: https://cuestionpublica.com/