Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, ha sido una luchadora por los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Su experiencia personal y su compromiso con la autonomía de las mujeres han sido fundamentales en esta lucha.

A Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia, una de las principales IPS en Colombia que presta servicios de aborto, sus tres embarazos la tomaron por sorpresa. “Las tres veces me falló el método de planificación, no se adaptaba a mis condiciones biológicas”, cuenta. “Cuando recibí la noticia de que el tercer embarazo eran gemelos perdí el habla durante dos días. No sabía cómo iba a abarcar cuatro hijos, cuando los otros dos eran niños pequeños”. Sin embargo, Royo no consideró abortar. Contaba con las bases económicas para garantizarles a los niños todo lo que necesitaban y estaba enamorada de su esposo, quien la apoyaba. Juntos decidieron que querían tener esos hijos.

“Yo fui muy clara cuando me lo preguntaron en Profamilia, considero que bajo ningún concepto el aborto debe estar penalizado. El aborto es una decisión absolutamente íntima de la de la mujer en la cual nadie debería inmiscuirse. Perseguir social y legalmente a las mujeres cuando se enfrentan en un embarazo no deseado es una locura”.

En 2012, cuando el doctor Fernando Tamayo Ogliastri, fundador de Profamilia, la entrevistó para ser directora ejecutiva, Royo pensó que su experiencia infructuosa con métodos de planificación podía jugar en su contra. “Precisamente por eso es que usted debe ser la directora”, le respondió el doctor Tamayo. “Usted ha vivido en carne propia lo que es no haber tenido una consulta médica que se enfocara en sus necesidades, no contar con toda la información necesaria ni un médico al que le extrañara que estuviera de nuevo en embarazo tras usar anticonceptivos”.Sigue a El Espectador en WhatsApp

Desde entonces, la primera preocupación de Marta Royo es que la gente conozca sus derechos y que las mujeres en Colombia sepan que pueden interrumpir voluntariamente su embarazo de manera segura, saludable y sin ser juzgadas por ellos. Esta no solo es preocupación de Royo como directora de una institución, sino también como madre. “La vida está llena de tropiezos que tienen consecuencias, quiero que mis hijos tengan eso claro, que se conozcan a sí mismos, y que tomen decisiones autónomas, críticas e informadas”. Por eso, Royo asegura que no es una de esas madres que espían las citas de sus hijas con ginecología, sino que respeta su privacidad.

Pero Royo sabe que está parada en una posición de privilegio y su motivación para hacer un trabajo de activismo e incidencia en derechos sexuales y reproductivos no es su historia propia, sino la de otras mujeres. No solo en Colombia, sino en el mundo, muchas mujeres no conocen sus derechos, no cuentan con el apoyo de sus familias, son juzgadas por vivir su sexualidad, son forzadas de tener hijos cuando no lo desean y recurren a métodos clandestinos e inseguros para interrumpir sus embarazos.

“Terror, absoluto terror”, eso sentía su compañera de dormitorio del internado donde estudiaba en Inglaterra cuando quedó embarazada. “Perdió 6 kilos en dos semanas y no dormía por pensar en cómo le diría a su familia que tendría un hijo”, recuerda. No sabían qué hacer, pero por fortuna contaron con la guía de una ginecóloga española. Para entonces, el aborto en España estaba totalmente prohibido, pero en Inglaterra, donde estaban, era legal. La ginecóloga, que solía remitir a Inglaterra niñas españolas que requerían un aborto, les indicó el paso a paso. Royo recuerda llegar con su amiga a una clínica de abortos inglesa. La clínica, de paredes de baldosa blancas, era tan fría como las enfermeras que allí atendían. Se sentían diminutas entre las no menos de 50 niñas solitarias que, como ellas, esperaban una atención. “Esto está mal, esto no puede ser así”, sintió Royo cuando terminaron el procedimiento. Aún cuando el aborto era un derecho en Inglaterra, se sentía como un castigo para las mujeres que vivían su sexualidad. Para Marta Royo eso es una injusticia.

A propósito del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, ¿qué lecciones puede aprender el mundo de Colombia?

Creo que el mundo tiene mucho que aprender de Colombia, especialmente de los movimientos feministas que han persistido en su lucha. Es un círculo virtuoso: buenas políticas y decisiones judiciales, movimientos sociales y organizaciones comprometidas y un enfoque en el bienestar y el respeto hacia la población.

Creo que es crucial comprender las razones detrás de los fallos judiciales y las políticas que tenemos en Colombia. Este país está marcado por la inequidad, las brechas de desigualdad y la violencia. Lo que espero que el mundo pueda aprender de estos fallos es que no se trata de decisiones que aumentarán la cantidad de abortos, sino que mejorarán las condiciones de vida de las mujeres.

La Sentencia C-055, emitida en 2022, despenalizó el aborto hasta los 6 meses de embarazo y mantiene la vigencia de las tres causales hasta los 9 meses (embarazo fruto de violencia sexual, riesgo para la salud de la gestante y malformación del feto). Sin embargo, este no es un derecho plenamente garantizado ¿Qué barreras persisten?

Aunque notamos una mayor generosidad por parte de la población al comprender por qué una mujer toma esta decisión, los obstáculos persisten, y en gran medida, se originan en lo cultural. Continuamos juzgando a las mujeres según estándares completamente diferentes. Seguimos asociando la sexualidad de las mujeres con la promiscuidad, y seguimos vinculando la concepción de un embarazo a juicios sin fundamento sobre sus acciones. Es decir, persiste la idea de que, si una mujer queda embarazada, es porque “andaba haciendo algo que no debía” o simplemente por “descuido”.

Yo misma utilicé métodos anticonceptivos que no funcionaron como se esperaba. Esto le sucede a muchas mujeres. Por lo tanto, creo que el primer obstáculo radica en la sociedad misma, en nuestra rapidez para juzgar a los demás. Además, la falta de acceso a información de calidad es un problema. La ausencia casi total de programas de educación sexual en los colegios es verdaderamente dolorosa, ya que estos programas no solo previenen embarazos no deseados, sino que también ayudan a prevenir la violencia. La educación integral en sexualidad proporciona herramientas, incluso a niños, para identificar señales de riesgo y peligro a las que pueden estar expuestos.

El tercer obstáculo está relacionado con una actitud de superioridad que a menudo se encuentra en todo el sistema de salud. Algunos profesionales se sienten con el derecho de dificultar el acceso al servicio y retrasar la autorización, simplemente porque no están de acuerdo con el aborto. “Siento que estoy haciendo la obra de Dios”, dicen algunos. ¿En qué momento Dios te dijo que está bien dejar de hacer tu trabajo y negar un servicio? Esto es inaceptable. El papel de los profesionales de la salud debería ser garantizar que las personas tengan acceso a información, métodos anticonceptivos y servicios de aborto si han tomado esa decisión de manera libre y consciente. Estas personas no se van a solidarizar luego con los niños que nacen fruto de embarazos no deseados.

¿Cómo ha impactado la sentencia C-055 en el trabajo de Profamilia?

Desde la sentencia C-055, hemos visto un aumento en el acceso oportuno y ágil a los servicios de aborto. Que haya más abortos en Profamilia no se traduce en que más mujeres estén abortando, sino en que hay mayor acceso a métodos regulares y seguros. En lo que va de este año hasta agosto, hemos prestado 26.000 servicios de aborto, y el 90 % de ellos se realizaron en el primer trimestre, que es el momento ideal para acceder.

Cuando entré a Profamilia en 2012 estaba vigente la sentencia C-355, que era muy reciente y establecía el acceso al aborto como derecho fundamental bajo tres causales. Estábamos lidiando con una organización que le costaba mucho trabajo entender su rol dentro del acceso al aborto, quizás porque habíamos estado enfocados durante tantos años en métodos de planificación. Me tocó definir cuál debería ser el rol de la organización dentro de esta sentencia C-355. Ahí entendí dos cosas: que mi trabajo comenzaba por capacitar internamente a la organización y, al mismo tiempo, ver el potencial de Profamilia como una organización con un alcance nacional enorme. Dije: “Profamilia, sin duda alguna, con este potencial, debe convertirse en uno de los principales prestadores de servicios de aborto en el país”.

En esa decisión comenzamos a ver cómo la organización y todo su equipo se volcaron en la comprensión de su nuevo rol. Esto se debía en gran parte a mi compromiso en la formación, donde tuve que entender cómo enfrentar un embarazo no deseado y qué debemos aportar a las mujeres, las niñas y los docentes en el país. Esto también abrió dos campos: uno enfocado en el fortalecimiento de las clínicas, el talento humano y la revisión crítica de nuestras rutas de acceso, y otro en la incidencia, donde documentamos las barreras que persistían en el sistema a pesar de la sentencia. Esta evidencia concreta nos ayudó a contribuir en la segunda revisión que llevó a la Corte Constitucional a emitir la sentencia C-055, bajo la cual el aborto es permitido libremente hasta las 24 semanas de embarazo.

Cuando se emitió la Sentencia C-055 hubo personas que consideraron que un plazo de 24 semanas era demasiado tiempo. ¿Qué les responde?

La sentencia despenaliza el aborto hasta la semana 24, pero no implica que las mujeres deban esperar hasta ese momento para acceder al servicio. Esto es esencial en un país como Colombia, con barreras y violencia evidentes. La sentencia se basó en testimonios y evidencia concretos de la población colombiana de mujeres y niñas que experimentan barreras para acceder oportunamente a un aborto seguro. Esto llevó a un fallo amplio porque la Corte Constitucional debe responder a las personas más vulnerables.

Hace pocos días falleció María Isabel Plata, quien ocupó su cargo anteriormente y forjó parte de lo que hoy es Profamilia. ¿Cuál es el legado que ella dejó?

Sin lugar a dudas, María Isabel fue parte de la generación que dio forma a lo que hoy entendemos como derechos sociales y reproductivos, y que también contribuyó a la promoción de la equidad de género. En su época, estos temas no eran tan amplios y se centraban en la salud y la mortalidad materna. Ella sembró las semillas para lo que ahora consideramos un derecho fundamental: el acceso de los jóvenes a información y educación sobre derechos sexuales y reproductivos. Fue pionera en hablar de servicios amigables para jóvenes y destacó la importancia de esta cuestión. Ella inició conversaciones y debates fundamentales y utilizó la plataforma de Profamilia para llevar estas teorías a la práctica. Esto significa que llevó a Profamilia a un nivel superior, impulsando la educación, los servicios amigables y la planificación familiar en todos los aspectos. María Isabel también contribuyó al ámbito legal, examinando cómo las políticas de Colombia en ese momento se alineaban o no con la conceptualización de derechos sexuales y reproductivos.

FUENTE: EL ESPECTADOR