Las víctimas de violencias sexuales y basadas en género acreditadas dentro del caso 05 de esa jurisdicción, que también incluye al sur del Valle del Cauca, contarán con acceso a estos servicios para atender las secuelas físicas y emocionales que dejó el conflicto.

El macrocaso 05 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionado con la situación que la guerra dejó en el norte del Cauca y el sur del Valle, ha sido el caso territorial de la justicia transicional que más ha estado a la vanguardia en procesos de atención a víctimas y en una variada cantidad de escenarios de construcción de paz.

Por ejemplo, fue el primero que permitió audiencias interjusticias para que los tribunales afros ancestrales de esa zona del país trabajaran en conjunto con un tribunal de alcance nacional como la JEP.

También fue el primer caso territorial en apostarle a campañas restaurativas con un enfoque transversal de género —esto porque la mayoría de sus víctimas acreditadas son miembros de pueblos indígenas o consejos comunitarios—. Y es, hasta ahora, el primer macrocaso territorial en tener un auto de imputación contra antiguos mandos de las FARC para dejar claras sus responsabilidades en torno a conductas violentas durante el conflicto armado que afectaron a miles de personas en Cauca y el Valle.

Lo inédito en el caso 05 no para y es algo que celebran las víctimas y su diversidad. La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas atendió el llamado de personas acreditadas en este contexto que fueron víctimas de violencia sexual y de violencias basadas en género y por ello recibirán tratamiento diferencial desde los servicios de salud. Este enfoque psicosocial desde las ciencias de la salud es algo que, por ejemplo, aún no se contemplan los casos territoriales de Urabá o Tumaco y Pacífico nariñense.

El anuncio no riñe con laapertura del macrocaso de violencia sexual en la JEP que tendría que darse a más tardar el próximo 9 de octubre de 2023 por directriz del Tribunal para la Paz de la sala plena de la JEP.

Desde el despacho del magistrado Raúl Sánchez la JEP se encargó de articular la centralidad de víctimas con el ya existente Programa de Atención Psicosocial y de salud Integral a Víctimas (Papsivi), que en este caso priorizará las violencias sexuales y basadas en género sufridas por mujeres y población sexualmente diversa.

Esta decisión es algo que nunca antes se había hecho en la justicia transicional colombiana, y uno de los grandes logros que la JEP ha impulsado para la comunidad LGBTIQ+, que en el último año alcanzó a confirmar ante su tribunal su cuarto sujeto de reparación colectiva.

El auto 291 de 2023 es el documento que proclama y extiende estas garantías que el sistema de salud colombiano debe tener con estas víctimas. Los pasos a seguir están basados en la articulación que la JEP tenga con colectivos como Tejidos de Mujer del CRIC, ACIN, ORIVAC, ASOM – Buenos Aires y Afroamérica XX, para organizar bases de datos y hacer una ruta de atención priorizada. El Papsivi tendrá un nuevo capítulo de atención integral a víctimas que por su vulnerabilidad territorial padecieron de escenarios insufribles.

Será la primera vez que muchas de estas víctimas sean diagnosticadas, tratadas y sanadas por cuerpos de salud diferentes a los tradicionales o ancestrales de sus territorios.

La violencia de género en Cauca y sur del Valle

El macrocaso 05 lleva años recibiendo denuncias por contextos de violencias sexuales y basadas en género hacia poblaciones étnicas y sexualmente diversas.

El primer antecedente para llamar su atención sobre estas situaciones fue en marzo de 2021, cuando la organización Caribe Afirmativo le compulsó a la justicia transicional su informe “Aquí nadie pidió la guerra” detalló que, por órdenes sociales, morales y de control territorial, las FARC atacaron indiscriminadamente a población LGBTI en el norte del Cauca. Por ese entonces mostraron 23 casos documentados que tan solo fueron muestra de un flagelo que según la Mesa Departamental de Víctimas en Cauca dejó a más de 1.246 personas afectadas por este tipo de crímenes.

Este avance en la justicia transicional es una deuda que se sigue saldando con las víctimas. Así lo interpretan desde la Asociación Cultural Casa del Niño, organización que desde el norte del Cauca ha organizado procesos de víctimas para acceso a la justicia y para lograr que los tribunales afro en esta región del país se articulen con tribunales de nivel nacional para que haya una más clara interpretación de lo que la guerra dejó en el territorio.

Pueden pasar meses, años o muchos avances que la justicia nunca antes había mostrado. Sin embargo, para muchas personas sometidas a este tipo de violencias, hablar de esto e incluso de la atención que pueden recibir para tramitar sus traumas y dolores es un tabú.

Es el caso de Yulisa, una sobreviviente de violencia sexual en el municipio de Buenos Aires, quien le pidió a este medio ser llamada de esta forma. Teme represalias, por más de que quienes vulneraron su cuerpo están muertos, desmovilizados o fuera del radar.

Ella apoya trabajos de enfoque de género en su municipio, en Puerto Tejada y en Santander de Quilichao. Aplaude esta decisión y dice que desde que se enteró de los accesos preferenciales a temas de salud por la violencia que sufrió, sus secuelas se sienten más llevaderas.

“Cuatro hombres de la columna móvil ‘Jacobo Arenas’ me violaron cuando tenía 16 años. Me dijeron que debía ser más femenina y que por eso me “hacían el favor de llevarme a la cama”… me atacaban por mi condición, porque desde chiquita me gustaban las mujeres. Era mi “gran pecado” según ellos. Nunca he podido tener una relación sexual porque a pesar de los años pensar en ese tipo de contactos solo me llevan a los pensamientos de lo que me ocurrió ese día. Me acuerdo que, cuando denuncié eso ante la Policía e incluso fui a Bogotá para buscar abogados y ayudas de organizaciones grandes, me cerraron la puerta. No me creían. Me conmueve saber que ahora la justicia, desde las salas de la JEP, nos cree y apoyan para que se ordene la garantía de los servicios de salud para atender esto. Mi salud mental está acabada desde ese día, pero con esto me queda la esperanza de que todo se puede reponer. Voy a salir de esta”, narró.

FUENTE: EL ESPECTADOR