Belkis Izquierdo, magistrada y vicepresidenta de la JEP, explica los avances y retos del macrocaso 02 (situación territorial en Ricaurte, Tumaco y Barbacoas – Nariño). La reparación ambiental y el fortalecimiento del sistema de justicia propia son las principales apuestas.

El 10 de julio de 2018 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)abrió el primer macrocaso territorial enfocado en las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra las poblaciones étnicas de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño), cometidos por las FARC y la Fuerza Pública entre 1990 y 2016. Durante casi cinco años la JEP ha estudiado más de 3 mil hechos victimizantes, ha acreditado a 105.241 víctimas y recibido 210 versiones voluntarias, 65 testimonios y 57 informes del caso.

En entrevista con Colombia+20, la magistrada Belkis Izquierdo explicó los avances del caso, del que esperan muy pronto emitir el auto de determinación de hechos y conductas. Con esto podrá darse la resolución de conclusiones y reglamentar las sanciones propias para los responsables, que tienen un énfasis en la reparación ambiental.

¿Cuáles son los principales avances de la JEP con el macrocaso 02?

Cada pueblo tiene su propio gobierno y estructura, reconocerlo ayuda a dignificar y restaurar. Ese avance nos ha permitido generar confianza y un relacionamiento diferente para que el juez transicional se siente con la autoridad indígena a esclarecer la verdad y podamos contribuir a una reparación simbólica que sea satisfactoria para las víctimas. Hemos trabajado en la construcción de una memoria ambiental que evidencie todos los daños que se causaron al territorio. Se construyó de manera intercultural con biólogos, ambientalistas y de autoridades espirituales conocedoras, quienes se comunican directamente con los sitios sagrados.

Ellos tienen el conocimiento del gobierno espiritual de cada territorio y la cosmovisión de cada pueblo. ¿Cómo fue la decisión de reconocer al territorio como víctima?

Hemos reconocido siete sujetos colectivos étnicos, un sujeto colectivo campesino y fuimos los primeros en declarar el Katsa Su, gran territorio awá, como víctima del conflicto armado. Esto da un nivel de satisfacción a las víctimas muy importante, porque así logramos comprender su cosmovisión y las afectaciones por el conflicto. No se trata de acreditar extensiones territoriales, sino a unos territorios que son sagrados, con unas cosmovisiones específicas.

La magistrada izquierdo en territorio indígena.

Foto: Nicole Acuña – JEP

¿Cómo ha sido la relación con las comunidades y sus autoridades?

Ha sido fundamental mantener un relacionamiento respetuoso y horizontal con las comunidades. Cada una de las decisiones que se han tomado se han ido notificando con pertinencia étnica y cultural. Se logró que la Sección de Apelación dijera que la coordinación interjurisdiccional e interjurídica hace parte del debido proceso cuando estamos tratando con pueblos étnicos.

El pasado 28 de febrero se acreditaron dos autoridades étnicas como intervinientes especiales ante la JEP. ¿Cómo ha sido ese diálogo con el pueblo awá?

Los pueblos étnicos se acreditan en la JEP como víctimas, pero también como autoridades étnicas. Ese rol es muy importante, porque las autoridades espirituales representan el territorio, el Katsa Su, ellos tienen la voz, el conocimiento y la formación para comunicarse con los sitios sagrados. A través de esta acreditación, como autoridades étnicas, pueden hacer oír su voz para defender y hablar por el territorio como víctima. Otra forma de participar es como autoridad con función jurisdiccional en el sistema de justicia propio. En el pueblo awá, las fuentes del derecho son diferentes a la justicia ordinaria, algunas son la cosmovisión, las formas de relacionamiento con el territorio, no solo desde una dimensión física sino también espiritual o cultural. La justicia transicional tiene la obligación de fortalecer estos sistemas de justicia y ese diálogo intercultural porque, de lo contrario, sería imponer una justicia sobre la otra.

¿Qué acciones han logrado adelantar con la UBPD en la búsqueda de desaparecidos?

Desde 2019 se inició una articulación con la Unidad de Búsqueda, instalamos unas mesas técnicas donde se definieron puntos de coordinación. Algunos comparecientes han entregado información muy valiosa en las versiones voluntarias, identificando dónde están las fosas. Se recuperaron algunos cuerpos en diciembre de 2020 en el río Mejicano, a partir de información proveniente de comparecientes. Estas labores de ubicación se han visto limitadas por situaciones de seguridad.

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¿Cómo han sorteado estas dificultades?

No hemos podido ir a ciertos sitios, nos toca trasladar a delegados y autoridades étnicas a una zona segura para minimizar el riesgo. Muchas víctimas y comparecientes nos dicen: “Esto tenemos que mantenerlo anonimizado”. Debemos ser conscientes que entre todos nos tenemos que cuidar, tanto las víctimas, los comparecientes y la misma magistratura. Hemos emitido 17 medidas cautelares para protección cultural y espiritual, a pedido de los pueblos étnicos. Para ellos protección no solo son carros blindados y escoltas, también fortalecer la Guardia Indígena y otras formas de comunicación en el territorio. Necesitamos más puntos satelitales en ciertos territorios y resguardos que van a contribuir a disminuir el riesgo. Esto lo hemos venido construyendo con las comunidades. La institucionalidad debe cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.

La justicia transicional tiene la obligación de fortalecer estos sistemas de justicia y ese diálogo intercultural porque, de lo contrario, sería imponer una justicia sobre la otra

Belkis Izquierdo, vicepresidenta de la JEP

¿Y qué sigue en desarrollo del caso?

Entregar el auto de determinación que ya está en su fase final. Hemos tenido muchas discusiones en la sala porque contempla diversos crímenes de lesa humanidad relacionados con discriminación, exclusión, persecución y exterminio. Algunos consideran que este tipo de delitos son crímenes amnistiables. Otros piensan, por ejemplo, que no existe la discriminación y el racismo en estos territorios, pero nosotros creemos que se ha naturalizado la discriminación. En un tribunal de justicia no podemos decir que ciertas situaciones no existen solo porque están naturalizadas.

¿Cuáles son los retos para avanzar en este caso?

El caso 02 investigó crímenes de violencia sexual, violencia basada en género, violencia por prejuicios y tenemos un patrón que tiene vida propia dentro del auto. Cada patrón lo trabajamos con profundidad, comprendiendo los daños, los móviles, el tipo de población que más fue afectada y los picos. De forma simultánea estamos concertando con las víctimas y comparecientes un TOAR ambiental con el pueblo awá. Estamos trabajando el tema de desminado humanitario. Ya hemos identificado unos resguardos donde los comparecientes nos han dado coordenadas para acompañar a las entidades expertas. Nos tiene frenado el aval del Ministerio de Defensa por el tema de seguridad. Queremos comenzar con acciones de prevención y señalización. Ya iniciamos la discusión para construir proyectos restaurativos.

FUENTE: https://www.elespectador.com/