El 14 de julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró medidas cautelares sobre este pueblo transfronterizo con Ecuador para protegerlos de la violencia que amenazaba con extinguirlos. Sin embargo, el conflicto continúa y el Estado colombiano no ha garantizado la seguridad de las 735 personas que lo conforman.

A casi 40 kilómetros del casco urbano de Puerto Asís (Putumayo) está el resguardo indígena Buenavista, del pueblo siona, que alberga a 735 personas de unas 230 familias asentadas a orillas del río Putumayo.

Este pueblo transfronterizo, como se autodenomina, es originario de la Amazonia y tienen una población de aproximadamente 2.578 personas en seis resguardos y seis cabildos en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito y Mocoa. Esa población ha sido víctima de más de 10.800 casos de violencia en 60 años de conflicto armado interno, según registros del Observatorio de Memoria y Conflicto.

Amenazas, intimidaciones, reclutamiento forzado y confinamiento por presencia de minas antipersonales y actores armados ilegales son algunas de las violencias que ha afrontado el resguardo Buenavista. Esta situación no ha cambiado tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC en 2016. “Sale un actor y entra el otro”, señaló Mario Yaiguaje, gobernador del resguardo.

En Putumayo están presentes los Comandos de Frontera, que fueron creados tras la unión de las disidencias del frente 48 de las FARC y La Constru, un grupo de crimen organizado de la zona. También está el frente Carolina Ramírez, integrado por ex-FARC que nunca se acogieron al proceso y se disputan el territorio con los Comandos.

“Han sido cinco años de falta de voluntad institucional”, resaltó Yaiguaje cuando se le preguntó sobre las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó el 14 de julio de 2018 y que hasta ahora, según él, se han incumplido.

La CIDH recibió la solicitud el 7 de mayo de 2018, presentada por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, la Secretaría Operativa de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, Amazon Frontlines y el Colectivo de Abogados de José Alvear Restrepo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento; y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional, entre otras.

En la solicitud se pedían medidas de protección para garantizar los derechos territoriales y colectivos del resguardo Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, ambos del pueblo indígena siona.

La CIDH aprobó la medida cautelar argumentando que “los beneficiarios se encuentran en prima facie; es decir, en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo”. Según la resolución 53/2018, la CIDH solicitó cinco puntos al Gobierno de Colombia para que brinde protección física y cultural e investigue los hechos para evitar su repetición.

Sin embargo, en la asociación de mujeres Romi Cuaro Taye (que significa pensamiento de la mujer Zio Bain), aún se presentan casos de reclutamiento y violencia sexual contra menores de edad. Esto evidencia la falta de respuesta y respaldo del Estado ante la protección física y cultural del resguardo.

Un antecedente clave para presentar el caso ante la CIDH fue la solicitud de ampliación de 52.000 hectáreas que realizó el resguardo en 2015. En ese proceso de restitución se aseguró que esa tierra hace parte del territorio ancestral que han perdido por la guerra y la presencia de empresas petroleras.

El proceso lo realizaron con ‘Alianza Ceibo’, entidad ecuatoriana de líderes indígenas que apoya los procesos organizativos de las comunidades, y ‘Amazon Frontlines’, organización estadounidense de derechos humanos que apoya los procesos jurídicos por la defensa de los territorios étnicos.

Con la caracterización del territorio y la fase preparatoria del caso, el resguardo recolectó información que evidenciaba su situación de vulnerabilidad por el conflicto armado y por empresas petroleras como Amerisur Exploración Colombia Limited, que le vendió sus operaciones a Geopark en más de 797.000 hectáreas en la Amazonia.

Las afectaciones territoriales, económicas, culturales y espirituales que denunció el pueblo siona aún persisten por el incumplimiento del Estado con estas medidas y al no tener presencia territorial. “No se han cumplido las cosas como deben ser. Estamos mal, pero seguimos sosteniendo nuestro territorio. Lo que queremos es poder tener una vida sana y digna”, expresó el taita Hermógenes Piaguaje.

Los incumplimientos

El pueblo siona tiene una estrecha relación con el territorio, entre otros, con la chagra, un espacio donde los abuelos transmiten sus conocimientos a través de la cosecha del alimento y las plantas medicinales; entre ellas, el yagé.

“Cuando hay riesgos territoriales como los que enfrenta al pueblo siona, se reitera el riesgo de exterminio de este pueblo. Ellos señalan que se decretaron desde el 2018 unas medidas cautelares que no han servido para nada, porque los riesgos en el territorio no disminuyen”, afirmó Nury Martínez, coordinadora de litigio en tierras y derechos territoriales de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), quien tiene la representación del resguardo ante este proceso que se lleva a cabo en el Juzgado Segundo de restitución de tierras de Mocoa.

La comunidad afirma que aunque le han ofrecido a las autoridades apoyo y acompañamiento de la guardia indígena del resguardo o los cuiracua (cuidadores del territorio), no lo han aceptado. “La Agencia Nacional de Tierras tiene que avanzar en la protección de los territorios ancestrales, como lo establece el Decreto 2333, y tiene la obligación de ampliar el territorio. Pero no lo ha hecho, incluso hay territorios que el mismo resguardo ha adquirido y aún no se han incluido dentro de la resolución de constitución. Esta es una orden que se ha incumplido en el sentido que no tenemos una resolución ni de protección de los territorios ancestrales ni de ampliación del resguardo”, aseguró la abogada.

La representante del resguardo y su equipo de litigio en tierras y derechos territoriales también señaló que instituciones como la Defensoría del Pueblo no aparecen en las audiencias de seguimiento. En el caso de la Procuraduría, resaltan la falta de contundencia y seguimiento a la instituciones que deben avanzar en las respuestas para el resguardo.

A pesar de las demoras, el equipo de abogadas explicó que en 2018, año en que se declaró la medida cautelar, en el territorio se suspendieron las exploraciones y los permisos ambientales de los proyectos que podrían afectar el territorio. Sin embargo, empresas como Geopark siguen desarrollando sus actividades en terrenos aledaños al resguardo. Aún hay retos para avanzar significativamente en la restitución de derechos territoriales de las comunidades indígenas.

Las mujeres sionas no se han beneficiado de las medidas cautelares

Claudia Piaguaje es la coordinadora de la asociación de mujeres Romi Cuaro Taye, que agrupa a 15 mujeres del resguardo Buenavista. Esta es una de las alternativas que las mujeres siona han creado para enfrentar la guerra y salir adelante, dentro y fuera del resguardo.

“Desde el momento en que llegó la violencia, que llegaron los grupos armados nos quitaron todo, se llevaron la tranquilidad, la felicidad, la sonrisa, todo. La mujer ríe pero ya no es lo mismo, antes éramos tranquilas, felices porque lo teníamos todo. Nos quitaron a nuestros hijos, maridos, tíos, familiares; tener que ver cómo los mataban, cómo se los llevaban, los reclutaban, fue muy duro”, explicó Piaguaje.

La violencia afectó de forma significativa a las mujeres del resguardo y cinco años después de las medidas cautelares no han visto beneficios para ellas ni apoyo en sus opciones para salir adelante. La fumigación de los cultivos de coca que están sembrados fuera del resguardo ha perjudicado sus cultivos de aromáticas, caña y otras plantas de consumo y espirituales, claves para su pervivencia.

El sueño de Claudia y muchas mujeres del resguardo es que la mujer sea más visible, tengan respaldo institucional en sus proyectos productivos y que las medidas cautelares se cumplan para que su territorio ancestral y su población dejen de ser impactados por la guerra.

FUENTE: EL ESPECTADOR