Según un reciente reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -Cepal, “el feminicidio como forma extrema y letal de la violencia de género continúa afectando a miles de mujeres y niñas cada año en América Latina y el Caribe”. Y Colombia, en lugar de ser la excepción, es la regla.

La violencia que asola nuestro país se ha ensañado en las féminas; es una ola que viene in crescendo año a año. Esta racha macabra viene de años atrás, de allí que en el año 2008 se expidiera la Ley 1257, mediante la cual se dictaron normas tendientes a garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia.

Posteriormente se aprobó la Ley 1761 de 2015, más conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, que tipifica como delito penal especial y autónomo el feminicidio. Y no era para menos: la escalada de la violencia ha venido cobrando cada vez más vidas entre ellas. Los registros así lo indican. En el año 2015 se reportaron 100 feminicidios en Colombia, el año siguiente 122, y en el 2017, 160. Y en los dos últimos años, 2021 y 2022, su número se elevó a 210 y 251, respectivamente.

Al referirse puntualmente al año 2020, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió que “las medidas adoptadas durante la pandemia, especialmente el confinamiento, significaron la imposibilidad de denunciar agresiones cometidas en el hogar y que se obligara a la convivencia con los victimarios. Durante 2020 se conocieron 136 feminicidios y 193 tentativas de feminicidio. El 2020 fue el año en el que la entidad atendió más casos por esta conducta violatoria”. Con razón la Comisión interamericana de las mujeres de la OEA y las Naciones Unidas caracterizaron en dicho año la violencia de género como la “pandemia en la sombra”. 

Este creciente número de feminicidios llevó a la directora de la Casa de la Mujer, Amparo Sánchez, una organización que desde 1982 viene batallando en su defensa, a afirmar que si bien el Estado ha hecho un esfuerzo por avanzar, ello no ha sido suficiente. Afirma ella que “no hay un sistema nacional unificado que registre si una mujer que fue a Medicina Legal cuatro veces por lesiones personales o violencia sicológica logró ser atendida o si recibió alguna medida de protección. Hay muy poca información. No sabemos cuántos presos hay por violencia contra mujeres o en qué etapa están sus procesos. En los delitos contra las mujeres hay un 80% o un 90% de impunidad”. Y remata diciendo que “en este país creemos que todo lo solucionamos vía ley. No necesitamos más leyes, necesitamos avanzar hasta que sea inadmisible, bajo cualquier mirada, la violencia contra la mujer”.

Una y otra vez las organizaciones y los movimientos sociales y políticos de mujeres han demandado de los últimos gobiernos, empezando por el de Juan Manuel Santos, pasando por el de Iván Duque y ahora el que preside Gustavo Petro, la declaratoria  del Estado de emergencia, para ver si, así como lo plantea Dora Saldarriaga, constitucionalista y concejal del movimiento ‘Estamos listas’ de Medellín, “se articulan las entidades públicas para la atención de esta crisis” humanitaria.

Llama poderosamente la atención que un alto porcentaje de estas escalofriantes cifras corresponde a asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, de allí que, como lo destaca el colectivo ‘Sisma mujeres’, «la crisis asociada a la pandemia significó un aumento en el riesgo y en las violencias contra las niñas, las adolescentes y las mujeres, especialmente al interior de sus hogares«, y que con la reactivación «el panorama no mejoró«, ya que casi el 80 % de los casos de violencia sexual ocurrieron al interior de los hogares.

Según la directora de la fundación ‘Feminicidios Colombia’, Yamile Roncancio Alfonso, “no solamente es preocupante la cifra total de feminicidios consumados, sino también los métodos que utilizan para asesinar a las mujeres y la crueldad que hemos visto”. Y ha llegado a la conclusión de que el detonante de las agresiones contra la mujer suele ser “las decisiones autónomas de las mujeres de terminar con relaciones en las que ha habido violencia que ha sido denunciada previamente y no ha sido atendida de forma adecuada por parte de las autoridades”.

A ello contribuye también, como lo señala la directora de la ‘Fundación Maisa’, Maisa Covaleda, a que “nos enseñaron a estar en silencio, a guardar los problemas en casa y a solucionarlos en una esfera privada”.

¡No es hora de callar! ¡Esa debe ser la consigna!

* Director de la Región Administrativa y de Planificación –RAP – de la Región Caribe; miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas –ACCE; expresidente del Congreso de la República; exministro de Minas y Energía

FUENTE: https://revistametro.co/