Los feminicidios son una problemática ignorada, y —peor todavía— un crimen agravado por la manera en la que se trata a sus víctimas. Qué cambio se requiere desde el gobierno para enfrentar en serio este flagelo.

Los medios y su versión de Valentina Trespalacios

Hay unas frases y palabras recurrentes cuando se habla de feminicidio en Colombia.

Los medios de comunicación y las redes sociales influyen mucho sobre la manera en la que se entiende este delito. Quienes producen información y quienes la consumen no suelen entender su papel para que en la sociedad no se “transforme” sino que se erradique la violencia contra las mujeres.

Quienes informan no miden las palabras con tal de generar clics, de vender la noticia.

Su manera de abordar los feminicidios parece ser desprevenida o inofensiva pero, muchas veces, surge de juzgar y condenar a la víctima, quien a su vez ocupará el lugar que le otorguen quienes demandan información que les permita clasificarla como “buena” o “mala” mujer.

De este modo es imposible encontrar respeto por la memoria de las víctimas de los feminicidios: el respeto se pierde, supuestamente en aras de la libertad de información y el derecho de la gente a ser informada.

Por ejemplo, tras el feminicidio de Valentina Trespalacios, en los chats de las plataformas que transmitían las audiencias judiciales se leían comentarios como, “eso les pasa por estar buscando gringos para que las mantengan”.

En este caso, los cubrimientos eran acompañados con imágenes en las que siempre se veía a la víctima, estereotipada, con poca ropa y siempre en medio de una fiesta. Y aunque esas eran las imágenes que ella compartía de su vida, y de su trabajo, usarlas mientras se habla de la tortura sufrida y la forma en la que fue desechada es, por decir lo menos, inhumano.

De otro lado, fue marcada la referencia a la relación que mantenían Valentina y John Poulos, el victimario. Señalaban que aquel, proporcionaba sumas de dinero para intervenciones quirúrgicas de la víctima, una perspectiva que deja claro que, se juzga el tipo de relación, se dan detalles sin análisis, se abre espacio a la difusión de rumores, pero no se rechaza de manera categórica lo ocurrido.

Si bien el despliegue mediático estuvo acompañado de expertas y expertos en asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres, no es menos cierto que tal exceso de producción, y la exposición de detalles judiciales y del paso a paso del criminal, crearon con ayuda de las instituciones estatales y sus filtraciones, todo el escenario como un rompecabezas.

Victimizar a la víctima, excusar al victimario.

Con esta megaproducción se tiende a formular conjeturas y juicios que, generalmente, dejan a la mujer víctima, —quien por obvias razones ya no puede defenderse—, absolutamente expuesta, y a su familia obligada a salir en su defensa.

De este modo es imposible encontrar respeto por la memoria de las víctimas de los feminicidios: el respeto se pierde, supuestamente en aras de la libertad de información y el derecho de la gente a ser informada.

La víctima que importa y cuya muerte se convierte en un caso emblemático y atractivo para los medios, en la mayoría de los casos, fue atacada en la capital, Bogotá, o en alguna ciudad principal. Pero para nadie es un secreto que a las mujeres y a las niñas las matan en todo el país, no en ciertos lugares. La importancia de una muerte se mide en términos de la cantidad de información que se puede obtener y en los aplausos que vendrán si se ejecutan rápidamente, –incluso con errores–, actos de investigación y judicialización.

Generalmente toda mujer asesinada comienza siendo una buena víctima, es decir, la que no lo merecía, dejando claro que hay algunas que, según los dichos, se lo buscaron. Pasadas las horas, salvo en el caso de niñas, va transformándose en mala. Se indagan y se describen aspectos irrelevantes como la información sobre la vida personal o sobre los gustos. Después esa información es lanzada al público sin una pizca de análisis, y desde ahí se convierte en una bola sin control, repleta de supuestos y conjeturas.

Estamos asistiendo a la excusa del feminicida y a casi pedir a gritos que el uxoricidio vuelva a incluirse en el Código Penal como una licencia para matar. Se acuñan muchas justificaciones para excusar al victimario y convertirlo en víctima de sus circunstancias y de la sociedad y, por el contrario, se justifica el asesinato de la mujer al juzgarla por sus decisiones.

Parece entonces que las consignas para reivindicar los derechos de las mujeres son una afrenta, una amenaza al honor de los hombres, que desata iras que deben ser comprendidas.

Qué hacer

Dar muerte a una mujer, por el hecho de ser mujer —el feminicidio— es un castigo que ejerce el victimario y que, como todos los castigos, pretende ser aleccionador.

Por eso hay que eliminar esa idea que se impone con cada muerte, de que las mujeres son cosas, sin derechos, cuyo destino pertenece a otro. La sociedad tiene que entender, de una vez por todas, que las mujeres somos libres y que podemos hacer los que nos plazca sin miedo a ser juzgadas en condiciones distintas de los hombres. Pero para eso se necesita la acción del gobierno.

Se piensa erróneamente que los problemas más importantes son aquellos relacionados con el narcotráfico o las bandas criminales organizadas. Todo gobierno debe destacar la violencia contra la mujer como un punto central de la agenda, entendiendo que al tratarse de vidas, no hay opción diferente a un verdadero cambio.

Persiste el miedo a hablar de la cultura machista, de la violación, del feminicidio o de cualquier otro tipo de violencia contra la mujer. Pero es injustificable que se ignore y se guarde silencio ante el hecho de que, al menos, 259 hombres en 2022 mataron a, por lo menos, una mujer o a una niña.

La violencia contra la mujer debe nombrarse de manera precisa y responsable, requiere un análisis juicioso, con rigor, lejos de tergiversaciones, de sesgos. Que el gobierno se ha cargo, no es un capricho, es un deber desde 1981 cuando se ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Los feminicidios se han convertido en una suerte de masacre dispersa a la que se le presta atención brevemente, según el caso, empujando a las familias víctimas a viralizar o mediatizar el hecho para que haya una pronta y efectiva justicia.

Lo mediático se convierte en un arma de doble filo con la que, al aumentar la difusión, hay más posibilidad de que el escarnio público en contra de quien ya no está aparezca, a la vez que se aspira logre acelerar el proceso judicial.

Es como si cada muerte se rigiera bajo la lógica del consumo y no bajo el ideal de justicia.

La sociedad jerarquizó a las víctimas y el gobierno ha caído en ese juego infame en el que hay casos que merecen atención y otros, espera, olvido, descuido y desdén. El aparato estatal se convirtió en una máquina de hacer escenas para demostrar una efectividad inexistente, en hacer creer que los feminicidios verdaderamente importan, dejando claro que hay mediana acción sólo cuando ha ocurrido la muerte.

Parece entonces que la efectiva investigación y sanción de los feminicidios depende del morbo. Ha de ser por eso que las familias de Paula, Carolina, Natalia, Lina, Juana, Elizabeth, Paola y cientos más, son ignoradas, y sus casos no han sido ni esclarecidos, ni castigados. Muchas familias están en una espera que no parece tener fin. “Sin saber qué pasó y sin que se cierre ese proceso no puedo vivir tranquila”, afirman muchas de estas familias.

La violencia contra la mujer debe nombrarse de manera precisa y responsable, requiere un análisis juicioso, con rigor, lejos de tergiversaciones, de sesgos. Que el gobierno se ha cargo, no es un capricho, es un deber desde 1981 cuando se ratificó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Muchas se preguntan si, acaso, la vida y la muerte de quienes ya no están, no valen lo suficiente para que el Estado haga algo. No sólo para que se sancione sino para que, “no le pase a nadie más”.

Como representante de víctimas me resisto a que debamos exponer ante los medios el dolor hondo e incurable del feminicidio para que el Estado actúe con alguna diligencia. Me niego a pensar que sólo importa atender a quienes siguen con vida. Me niego a olvidar a todas las que no están y no eligieron su destino.

Sin importar quién, cómo y cuándo decidieron quitarles la vida, exigir justicia para todas, incluye a quienes por fortuna sobrevivimos.

FUENTE: https://razonpublica.com/