En Catatumbo, Córdoba, Bajo Cauca y Tumaco, líderes sociales y defensores de derechos humanos aseguran que los carros que les han asignado están en mal estado, que los arreglos mecánicos siguen sin ser efectivos y que continúan los retrasos en las recargas para gasolina. Reclaman acciones urgentes de la nueva dirección de la Unidad Nacional de Protección.

Sin dinero para el combustible, con un carro convencional al que le fallaron los frenos seis veces en un solo mes y sin reposición de un vehículo blindado que está en el taller desde diciembre; es así como los dirigentes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) ha tenido que desarrollar su trabajo durante los primeros dos meses del 2023.

Ascamcat, una organización con casi 4.500 afiliados en 10 municipios de Norte de Santander, tiene un esquema colectivo de la Unidad Nacional de Protección que cuenta con ocho carros convencionales y dos blindados. Pero sus integrantes denuncian que la protección no ha sido efectiva en medio del panorama de riesgo por la confrontación entre grupos armados en la región, principalmente entre el frente 33 de las disidencias de las Farc y el Eln.

Guillermo Quintero, encargado de coordinar el esquema de protección dentro de Ascamcat, enumera una a una las falencias. La primera es el retraso en la asignación del cupo para el combustible. “El tanqueo de los carros de la UNP funciona de dos formas: una, por tarjeta que se le entrega al protegido para tanquear en las estaciones donde hay datáfono y otra es mediante un chip que permite tanquear en estaciones específicas. En el caso de los cuatro carros que tienen tarjeta, apenas el viernes 17 de febrero les asignaron el cupo del mes de enero”, asegura. Ante la situación los miembros de la junta directiva han optado por utilizar transporte particular, poniendo en riesgo sus vidas, cuando no tienen cómo pagar el combustible por sus propios medios.

A eso se suma que uno de los dos carros blindados fue ingresado al taller desde el 15 de diciembre de 2022 por problemas mecánicos, pero no han recibido una reposición adecuada. “El miércoles pasado dijeron que ya había vehículo de reemplazo y cuando llegamos había un carro en condiciones tan deplorables que las puertas estaban remendadas con esparadrapo y la lona blindada que protege el tanque de gasolina colgaba por debajo del vehículo, por lo que decidimos no aceptarlo”, denuncia Quintero.

Y finalmente están las seis fallas que tuvo en un solo mes el carro asignado al esquema individual de Gustavo Quintero. “En todas las ocasiones ha puesto en riesgo la vida, no solo del protegido, sino también de los hombres de protección. Incluso una vez saliendo del taller, donde se supone lo habían reparado, se le rompió lo que en el mundo del a mecánica es conocido como las chupas y hasta ahí llegó el arreglo”, señala. Sin embargo, ante los repetidos reclamos no han recibido respuesta: “la rentadora dice que la UNP no les ha pasado solicitud y la UNP dice que la rentadora no soluciona, eso es pura burocracia”, sentencia Quintero.

Según cifras compartidas por la Unidad Nacional de Protección, en 2022 hubo un incremento de 38 puntos en las solicitudes de protección atendidas: pasaron de 29.511 a 40.625. A noviembre de 2022, 7.714 protegidos tenían medidas. Entre estas, había asignados 2.272 carros blindados y 1.283 carros convencionales a nivel nacional. Sin embargo, siguen siendo múltiples las quejas sobre el mal estado de los vehículos y la falta de respuestas de las empresas a las que la entidad les alquila los carros. De hecho, en diciembre pasado Colombia+20 documentó que más de 150 líderes sociales estuvieron en riesgo en 2022 cuando sus carros se dañaron y las rentadoras no los reemplazaron.

Augusto Rodríguez, director de la UNP,es consciente de la situación. Desde su llegada al cargo, en septiembre pasado, Rodríguez ha señalado una red de corrupción dentro de la entidad e irregularidades relacionadas con el falso blindaje de los vehículos rentados y la puerta giratoria entre la entidad y las rentadoras. Frente a esto ha planteado toda una reestructuración, pero en los territorios las amenazas no dan espera.

Como las de Catatumbo, Colombia+20 ha recibido denuncias del Bajo Cauca antioqueño, Tumaco y el sur de Córdoba. Los líderes insisten en que esa es una realidad generalizada a nivel nacional.

En el Bajo Cauca, por ejemplo, Haiber Antonio Mejía, vocero de los Guardianes del río Cauca y presidente de la Red de Veedurías Departamental de Antioquia, dice que desde 2015 que tiene el esquema la cobertura ha sido siempre “a medias”. “Hoy todavía la protección sigue quedando solamente en el papel. Desde el 15 de enero, me quedé sin combustible y eso significa que me toca quedarme quieto, porque cuando tengo cómo le echo combustible al carro y salgo a hacer las actividades, pero cuando no…”, cuestiona.

Tener combustible es fundamental para el líder porque el mandato de los Guardianes del río Cauca, un grupo de líderes del Bajo Cauca y sur de Bolívar creado por la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia que declaró al río como sujeto de derechos, cubre toda la cuenca desde Paletará (Cauca) hasta Barranca de Loba (Bolívar). “Mejor dicho, nosotros nos tenemos que andar todo el río Cauca: los nueve departamentos en los que tiene jurisdicción la sentencia. Este es un trabajo muy complejo en el que hay que escuchar a las comunidades en medio de condiciones complejas por intereses en la minería, con presencia de grupos armados y organizaciones delincuenciales. Y para eso se supone que tiene uno el esquema”, señala Mejía.

Según el líder, en Ituango, Tarazá, Cáceres, Toledo y Valdivia hay guardianes que han tenido que detener su trabajo porque están amenazados y no cuentan con esquema. “Lo que sí sigue llegando son las amenazas de asesinato a guardianes. Nosotros queremos que se den los cuatro pilares que dice la sentencia: protección, conservación, mantenimiento y restauración del río Cauca, que ya van cinco años y no se ha hecho nada. El trabajo de seguimiento lo hacemos con empeño y corazón, pero es necesaria la protección”, sentencia.

En Nariño las cosas están igual. Luis Alfredo Vásquez y Jaime Churta son dos líderes de Juntas de Acción Comunal que comparten un mismo esquema. Sin embargo, según denuncia Vásquez, estuvieron todo el mes de diciembre y enero sin recarga para gasolina. “Hace una semana llegó la plata, pero nos dimos cuenta de que le bajaron al monto: pasaron de 650 mil a 450 mil y eso para nosotros que además del área urbana, nos movemos por Ricaurte, Barbacoa, Junín y Llorente, no alcanza”, cuestiona Churta.

Luis Alfredo y Jaime son dos de los líderes que han trabajado en mediar las treguas entre disidencias en la zona, por lo que aseguran que están en la mira de los grupos armados. Sin embargo, a la falta de gasolina, suman las fallas mecánicas que presenta su carro desde que lo recibieron.

Según denuncian, actualmente tienen una Duster que le quitaron a un esquema de protección en Llorente y que es igual a otro vehículo en el que ya les habían hecho un atentado. “Pero además este carro se tanquea full, avanza 500 metros y se baja a dos rayas el indicador como si hubiéramos andado 30 kilómetros. Los carros que entregan están muy llevados. Este tiene abolladuras y el bumper de adelante está partido” añade Churta. Los líderes dicen que saben de al menos cinco líderes más que tienen las mismas dificultades pero insisten en que “todos en la región están igual”.

La situación también se repite en el sur de Córdoba. Allí el riesgo es inminente ante la presencia de las disidencias del Frente 18 de las Farc y el Clan del Golfo o Agc. De hecho, el pasado 4 de febrero fue asesinado el líder campesino Jorge Luis Jaraba Plata, de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) y parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Uso Ilícito (Pnis). Jaraba fue el segundo de esa asociación en el 2023.

En esa región, Arnobis Zapata, quien fue candidato a la curul de paz del sur de Córdoba y hoy es coordinador de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos en la zona, llevaba más de cinco meses reclamándole a la UNP por fallas mecánicas en su carro. “Yo tenía chip, entonces el tema de la gasolina funcionaba bien pero ese carro se la pasaba en el taller y a veces podía durar hasta 20 días. Tenemos compañeros cuyos carros han durado hasta un mes y no les responden”, señala.

Pese a que Zapata ha sido señalado como objetivo militar tanto por las disidencias como por las Agc, esta semana la UNP le retiró las medidas de protección. La resolución de retiro fue emitida en marzo del año pasado por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) pero entre ires y venires pasó casi un año y el líder se quedó sin medidas de protección desde el 21 de febrero de este año.

La razón de la UNP es que Arnobis tiene un proceso judicial en su contra, pero el líder reclama que se parta de la presunción de inocencia y de que ese proceso no desvirtúa el riesgo que sufre. “Yo tengo permiso para seguirme moviendo por los mismos territorios por los que me movía antes, entonces sigo en el mismo riesgo que tenía antes. De hecho, había lugares donde ya no podíamos ir porque, con el cese al fuego con el Ejército, los grupos están haciendo más presencia en los casos urbanos de los corregimientos. Entonces, sin esquema, se va a dificultar mucho más el trabajo”, reclama.

Colombia+20 intentó hablar con Augusto Rodríguez para conocer cómo se está avanzando desde la entidad para contrarrestar estas falencias, pero no fue posible por motivos de su agenda.

FUENTE: EL ESPECTADOR