Por Lucas Marín Llanes

La protección de grupos de poblaciones vulnerables y la garantía de derechos están en el centro de las propuestas planteadas durante la campaña y en los primeros meses del cuatrienio del Gobierno de Gustavo Petro. Uno de los temas, que se enmarca en el discurso del presidente y de su sector político, es la protección de líderes sociales. Por lo tanto, se espera que esta narrativa política se materialice en acciones para proteger y garantizar la vida de estos actores.

El asesinato de líderes sociales ha crecido sostenidamente en Colombia, particularmente a partir del 2014 según los reportes de Somos Defensores, Indepaz, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Si bien se ha identificado que algunas características de los municipios, como la presencia de cultivos de coca, se asocian con mayor violencia contra estos actores, algunas decisiones políticas o programas también aumentan estos asesinatos.

Profesores de la Universidad del Rosario documentaron el efecto positivo del cese al fuego de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el asesinato de líderes porque los grupos armados activos empezaron a disputarse el control de las zonas controladas por la guerrilla. Adicionalmente, en un estudio publicado el año pasado, mostré que la firma de los acuerdos colectivos de sustitución voluntaria aumentó el asesinato de estos actores. Los líderes quedaron expuestos con esta intervención porque fueron quienes socializaron y convencieron a los cultivadores de vincularse al programa. Sin embargo, esta política no contó con ningún análisis de riesgo de los territorios ni la focalización estuvo articulada con información de la Fuerza Pública.

Además de una visión humanista en la que cada asesinato debe ser rechazado, los de los líderes son más costosos para la sociedad porque afectan las dinámicas sociales en múltiples vías. En primer lugar, los líderes sociales son, en muchas zonas del país, el único vínculo entre las comunidades y las instituciones del Estado. En ese sentido, acabar con la vida de un líder pone en riesgo el tejido social de sus comunidades. En segundo lugar, el asesinato de líderes desincentiva la participación de otras personas en los procesos comunitarios que deben fortalecerse en zonas del país con baja presencia institucional.

En tercer lugar, como ha resaltado Francisco Gutiérrez en varias oportunidades, la violencia política contra los líderes sociales es una de las principales amenazas de la construcción de paz y podría explicar el surgimiento de una nueva ola de violencia en Colombia. María Alejandra Vélez e Iván Lobo identificaron que la expansión de los cultivos de coca se reduce por la resistencia comunitaria de los líderes en el Pacífico colombiano. Por último, Germán Orbegozo mostró que el asesinato de líderes desincentiva la participación de las personas en políticas orientadas a resolver causas estructurales del conflicto armado como la Política de Restitución de Tierras. Así, la protección de estos actores debe ser uno de los principales objetivos del actual Gobierno teniendo en cuenta que son centrales en la construcción de paz territorial, en el desarrollo de políticas orientadas a reducir la desigualdad y en el fortalecimiento de la organización comunitaria. Además, debería ser una prioridad en la agenda del presidente porque unas de sus banderas han sido el fin de la violencia política y la garantía de la vida de los líderes.

¿Qué ha pasado desde el cambio de Gobierno? Según los datos de la Defensoría del Pueblo, el 2022 batió récord en asesinato de líderes sociales. Si bien el Gobierno actual no estuvo al mando durante todo el año pasado y lograr resultados inmediatos es difícil, el crecimiento de esta violencia selectiva exige la atención inmediata de los funcionarios porque el recrudecimiento de este fenómeno se evidencia casi cotidianamente. Indepaz ha documentado 17 asesinatos en los primeros 50 días del año y las amenazas son constantes. Por ejemplo, el fin de semana pasado, Leyner Palacios, víctima de la masacre de Bojayá, excomisionado de la Comisión de la Verdad y líder social, manifestó que teme por su vida por las recientes amenazas de muerte recibidas.

Además del proceso de la Paz Total y de los acuerdos entre grupos armados para desescalar temporalmente el conflicto en algunas zonas, el elemento más importante para evaluar la visión del Gobierno es el Plan Nacional de Desarrollo (PND) porque determina las prioridades y las metas para el cuatrienio. Aparte del recurrente fortalecimiento de la prevención y protección de líderes, el PND propone fortalecer una unidad de investigación en la Fiscalía General de la Nación y cumplir con las garantías de seguridad contempladas en el Acuerdo Final con las FARC (Paz Total, A.2). En ese sentido, se estipula una meta confusa de disminuir en 66% o a 66 casos el asesinato de líderes en 2026 (Plan Cuatrienal de Implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, B.2).

A pesar de que lo mencionado en el PND puede ir en la dirección correcta, las propuestas son tímidas frente a la situación a resolver y la meta no es ambiciosa. Aunque la propuesta del fortalecimiento de la unidad de investigación de la Fiscalía es deseable, especialmente porque la efectividad de resolución de estos casos es del 5.2%, hay otras acciones que el Gobierno Nacional puede adelantar para proteger con contundencia y rigor la vida de los líderes sociales. Desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) hemos propuesto algunas acciones. En primer lugar, el Gobierno debe ajustar los actuales programas de protección a las necesidades de cada zona del país. No es efectivo fortalecer programas de chalecos antibalas o la entrega de celulares en zonas sin conectividad móvil. En segundo lugar, debe haber, desde el Gobierno Nacional, una estrategia de visibilidad del trabajo de los líderes para cambiar la narrativa estigmatizante que se mantiene en muchos sectores de la sociedad.

En tercer lugar, el Gobierno Nacional debe crear las condiciones necesarias que promuevan la asociatividad entre organizaciones locales para compartir información, mecanismos de seguridad, entre otros. La conexión entre organizaciones ha demostrado ser efectiva para reducir el riesgo, especialmente de grupos pequeños y apartados geográficamente. Por último, las intervenciones del Estado en zonas con presencia de grupos armados y economías ilícitas deben realizarse articuladamente con información de la Fuerza Pública para evitar exponer en mayor medida a estas comunidades. La Política de Restitución de Tierras se implementó bajo esa lógica, a través de la creación de Consejos Integrados de Inteligencia a nivel regional, y hemos documentado que esta intervención redujo el asesinato de líderes sociales después del cese al fuego con las FARC. Por lo tanto, en colaboración con la Escuela de Guerra, diseñamos un protocolo para replicar este mecanismo a otras políticas, como la de transformación territorial, en zonas con altos niveles de violencia.

Los cambios que el Gobierno ha anunciado a la política de drogas también pueden contribuir a prevenir el asesinato de lideres sociales. Por un lado, como se mencionó, las intervenciones de transformación territorial pueden incluir un análisis de riesgo en la focalización de los municipios para evitar una mayor exposición de las comunidades y sus líderes. Por el otro, la limitación de la erradicación manual forzada, la regulación de algunas sustancias y el tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores de coca pueden liberar recursos policiales y militares para fortalecer las estrategias de protección a comunidades y de líderes sociales. En ese sentido, el proceso de Paz Total también puede reducir los enfrentamientos entre organizaciones armadas y el riesgo para los líderes en estas zonas del país. Sin embargo, el equilibrio de estos acuerdos e, incluso, del sometimiento de organizaciones armadas no es sostenible mientras la cocaína sea ilegal. Por lo tanto, es necesario que la política de drogas y la Paz Total se desarrollen articuladamente porque cualquier decisión en estos dos sectores puede exponer a los líderes, tal como ocurrió con el cese al fuego con las FARC y con la firma de los acuerdos del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

Uno de los principios de la democracia es que los votantes eligen un cambio de gobierno para implementar una transformación en la forma como se gobierna y en la visión de la sociedad. La democracia no cumple si los votantes escogen un cambio de política y las situaciones se mantienen. Por lo tanto, es fundamental que el Gobierno del presidente Petro pase de la narrativa a las acciones para proteger la vida de los líderes sociales. De lo contrario, la esperanza por la construcción de una Colombia potencia mundial de la vida se va a quedar en un eslogan insulso y, posiblemente, potenciando proyectos políticos autoritarios y antidemocráticos.

FUENTE: EL ESPECTADOR