Históricamente las mujeres hemos vivido en nuestros cuerpos formas de violencia y discriminación. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) al menos el 36% de las mujeres en América han sido víctimas de violenica a mano de su pareja o de cualquier otro agresor. 

Estas circunstancias suelen agravarse en contextos de guerra y conflicto, dejando impactos no solo físicos sino también psicológicos y en algunos caso llevan incluso hasta la muerte. En el caso de Colombia el conflicto armado, la presencia de grupos al margen de la ley y el narcotráfico han agravado el padecimiento de las mujeres, haciéndolo más crudo y frecuente.

Durante los últimos 40 años los movimientos de mujeres han logrado que dicha situación de discriminación sea reconocida y, por lo tanto, se desarrollen distintos mecanismos jurídicos para proteger y reivindicar nuestros derechos. 

En consecuencia, desde la Constitución de 1991, se han ido implementando políticas públicas con perspectiva de género y se han realizado esfuerzos legislativos para reducir y eliminar las formas de violencia contra las mujeres. 

Esto permitió en 2008 la promulgación de la ley 1257 “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforma los códigos penales, de procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones” que llevarían a adoptar medidas específicas y acciones afirmativas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.

Sin embargo, el estado y las agendas humanitarias han fracasado en la protección de la mujer. Los índices de violencia han incrementado, especialmente al interior del hogar, como una pandemia invisible que llevamos padeciendo por años las mujeres. 

En 2022, de acuerdo con los datos de Medicina Legal, el 86,6 % de las víctimas de violencia de pareja fueron mujeres. La Comisión de la Verdad dijo que desde 2016 se han perpetrado más de 2.268 feminicidios y durante el primer mes del 2023 ya se registraron al menos nueve. Un panorama desgarrador que demuestra que las medidas de protección contempladas en la ley 1257 no han sido suficientes para garantizar la vida e integridad de las mujeres en Colombia. 

Esto obedece a una serie de elementos como la debilidad institucional en la implementación de la ruta de atención, la falta de garantías para el acceso a justicia, de investigación de contexto con enfoque diferencial para proteger la vida de la mujeres indígenas, la falta de información y seguimiento para las solicitudes de protección, la desarticulación institucional, la falta de formación y sensibilización de los funcionarios que lleva a los prejuicios y la revictimización, e incluso el uso del discurso de género con fines electorales y políticos y no como un asunto de agenda pública.

Las deficiencias en la respuesta institucional y judicial todos los días aumenta el riesgo de muchas mujeres de padecer feminicidio. En Colombia nos están matando pero, alrededor del 90% de los casos de feminicidio quedan en la impunidad. 

Nuestro sistema judicial es débil con los victimarios. En algunos casos no se han garantizado modelos de investigación con análisis de contexto, ni trabajo de campo para recabar pruebas que permitan determinar la conducta feminicida y determinar si la victima venia sufriendo ciclos de violencia intima, psicologica, fisica o sexual.

La violencia contra la mujer tiene sus raíces en las desigualdades históricas que nos han excluido, instrumentalizado y convertido en mercancías o botines de guerra. Y no podremos hablar de dignidad o de la eliminación de la violencia contra la mujer mientras las víctimas de violencia sexual aún no alcanzan justicia efectiva. Las mujeres somos quienes más padecemos la pobreza, el desempleo y aportamos el 77% del valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado (Tdcnr).

Seguiremos insistiendo en la necesidad de fortalecer los procesos de investigación y juzgamiento. Pero también en que se debe responder oportunamente a los llamados y supervisar el cumplimiento de las órdenes de protección a las víctimas que se atreven a denunciar y desarrollar acciones que desnaturalicen las vulneraciones a nuestros derechos, garanticen justicia y censuren moralmente a quienes nos violentan y agreden.

Necesitamos un compromiso real por la vida de las mujeres. Es doloroso ver a las madres ser revictimizadas por tratar de acceder a un poco de justicia. Unos casos se mediatizan, pero el resto permanecen invisibles, sobre todo en zonas rurales o en lugares apartados de el centro de el país, sin lograr eco y movilidad de los generadores de influencia y de las autoridades competentes. 

En consecuencia, tenemos casos como el de Valentina Trespalacios cuyo impacto ha movilizado las redes sociales y el sistema judicial. Mientras que, en la otra mirada, tenemos casos como el de María Alejandra Meriño en Santa Marta asesinada frente a su hijo en el año 2020. 

El presunto feminicida es su expareja y desde su asesinato nueve de las audiencias han sido aplazadas, casi todas asociadas a maniobras dilatorias para solicitar libertad por vencimiento de términos. Incluso, el presunto feminicida hasta celebró su cumpleaños con una fiesta dentro del centro de reclusión.

Tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para consolidar una política de estado en favor de la equidad y la igualdad de la mujer, que garantice los derechos humanos, control político, el cumplimiento de las leyes y oportunidades reales de acceso, participación, justicia, verdad y reparación. No podemos seguir llorando cinco minutos hasta que pase el asombro, mientras esperamos la siguiente mujer asesinada porque cada caso es más brutal que el anterior.

FUENTE: https://www.lasillavacia.com/