Desde que comenzó el 2023, la provincia de Santa Fe es noticia por el accionar de una organización antiderechos llamada Grávida, que obstaculizó la realización de una ILE a una niña de 12 años. Grávida funciona a nivel nacional, cuenta con casi 70 sedes en todo el país, tiene vínculo con la Conferencia Episcopal, el Opus Dei y acciona en connivencia con el Gobierno Provincial, según dieron a conocer organizaciones de Santa Fe que investigan el caso y lidian con este tipo de ONG´s hace años. Su accionar silencioso y violento desoye la decisión de abortar de una niña abusada por su progenitor, actualmente detenido, pretende impedir el acceso a un derecho que existe en nuestro país desde 1921, desconoce el trabajo que vienen haciendo profesionales de la salud a partir de la sanción de la ley 27.610, y expone la necesidad de seguir hablando de aborto y de exigirle a los Estados que garanticen los derechos conquistados.

Imagen de portada: Jose Nico

La importancia de seguir insistiendo con la consigna «Saquen sus rosarios de nuestros ovarios» volvió a tomar relieve la semana pasada, cuando se hizo público un caso en el hospital Iturraspe de Santa Fe. Allí, un equipo de salud tomó nota de que una niña que había solicitado una ILE en el centro médico de su pueblo no se presentó a atenderse. Muchas veces las personas que deciden acceder a una ILE o IVE, no cuentan con los recursos para llegar a la ciudad y postergan la cita o tienen algún inconveniente. En este caso, la niña fue interceptada por la ONG Grávida.

“Es importante aclarar que la interrupción del embarazo la pide la niña y la madre acompaña la decisión”, dice Mariángeles Guerrero, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, y subraya que muchas veces se subestima la capacidad de decisión de las niñeces, quienes son sujetos de derechos y pueden decidir. En este caso ella se acercó al centro de salud de Garibaldi, un pueblo a 122 kilómetros de la capital provincial en el que habitan 500 personas. Allí contó que fue abusada por su padre Gustavo Miguel A. (no se publica su apellido por respeto a la identidad de la víctima), una persona que cuenta con denuncias previas por violencia de género. 

Cuando la niña toma conocimiento del embarazo, el equipo le ofrece todas las alternativas posibles frente a un embarazo no deseado. Luego de esa consejería, ella decide interrumpir la gestación, firman el consentimiento informado, que establece la ley y la derivan al Iturraspe, el hospital más importante del centro norte santafesino. En ese interín Grávida intercede, con el objetivo de obstaculizar sus derechos. La niña nunca llega a la cita en el hospital. Más tarde, gracias al trabajo de periodistas y organizaciones sociales, se supo que Grávida se había entrometido en el caso con la excusa de brindar una “segunda opinión”, claramente sesgada. Posteriormente, trascendió que el cura de la Iglesia del pueblo invitó a la niña y a su madre a una misa para rezar por ellas, exponiendo la identidad de la menor.

“Es notable el trabajo del equipo interdisciplinario que la acompañaba, compuesto por médicos, psicólogos y trabajadorxs sociales. Si no se hubieran preocupado por la niña, esto no trasendía: ellos y ellas notaron la ausencia y al no poder comunicarse empezaron a buscarla”, destaca Mariángeles. El 3 de enero y bajo una orden judicial dan con el paradero de la niña y su madre. Los fundamentalistas católicos, que pertenecen a Grávida, las retuvieron en una clínica privada ubicada en la Ciudad de Santa Fe conocida como «Casa Hermanas de Betania», con el fin de convencerlas para que la niña continuara con el embarazo.

Una organización que trabaja en las sombras

Muchxs nos preguntamos cómo puede ocurrir semejante vulneración de derechos en una provincia como Santa Fe, pionera en la lucha por el Aborto en la región, productora de Misoprostol, o en un país como Argentina con leyes que garantizan el pleno acceso a la Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo. La respuesta que podemos esbozar no nos sorprende, incluso viendo el mapa global de avance de las derechas en nuestro continente, la complicidad entre organizaciones fundamentalistas y de ultraderecha, en diálogo silencioso con poderes políticos, judiciales y de la sociedad civil, que despejan el camino para que una niña que decide acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación, sea interceptada por una ONG. Según las palabras del médico que la atendió, Raúl Dalla Fontana, “la decisión del aborto iba más por el lado biológico que por el lado psicológico (…) La idea nuestra es colaborar con que el embarazo siga”, como dijo en diálogo con Radio con vos.  

“Grávida tiene distintos mecanismos de funcionamiento, están infiltrados en todos lados y no es la primera vez que lo hacen en la provincia”, señala la integrante de la Campaña Nacional. La desinformación y el ofrecimiento de recursos económicos son los principales métodos. “Los abusos sexuales existen en todas las clases sociales pero las niñas madres son pobres. Hay una interseccionalidad inocultable de género, raza y clase en cada niña madre”, agrega Soledad Deza, abogada de la Fundación MxM de Tucumán.

Grávida cuenta con antecedentes en la provincia de Santa Fe. En 2016 la psicóloga María Belén Catalano se infiltró en el equipo de salud del hospital Iturraspe para abordar a una niña, víctima de abuso, que padecía una discapacidad, para convencerla de continuar con el embarazo. Luego de una denuncia, el Colegio de Psicólogos de Santa Fe le quitó la matrícula. Otro mecanismo de este tipo de organizaciones, según declaraciones de profesionales que trabajan en consejerías, es hacerse pasar por Grupos Socorristas, diciendo que te acompañan si decidís interrumpir el embarazo y cuando llegás al encuentro desinforman, asustan e intentan convencer para continuar la gestación. Trabajan de incógnito y de manera irregular, sin embargo, no hay precedentes de un caso como este donde se ocultó y apartó a la niña del equipo de salud que la atendía. Sobre el tema hay una investigación realizada por OpenDemocracy en la que revelan distintas prácticas de agrupaciones antiaborto en latinoamérica. Actúan en forma contraria a las leyes, siguen reproduciendo información que no tiene que ver con la política sanitaria estatal. “Son antiderechos que usan la religión para llegar a la gente”, reflexiona Mariángeles.

“Funcionan desde el oscurantismo, tienen todo tipo de profesionales para resguardarse, desde abogados, escribanos, médicos, . Están organizados para poder actuar de esa manera”, denuncia Barbara Favant, periodista de Diario Uno que sigue el caso desde el primer día.

En tanto, la abogada feminista conoce a la ONG, que también actúa en Tucumán. Soledad recuerda el caso de una niña de 13 años a quien acompañó para acceder a una ILE. La niña cambió de opinión justo después de que personas de esa ONG, que actuaban unidas con el “cura de la Maternidad”, un párroco que recibía sueldo como empleado público (según se pudo saber posteriormente), le invitaran un licuado en el bar de la Institución. “Es muy doloroso, hay mucha capacidad de dañar por parte de esas organizaciones macabras, habría que ver si sirven de alguna forma al bien común, si no lo hacen, no deberían poder funcionar. El Estado debería discernir”.

La relación entre Grávida y el Gobierno de Santa Fe

Favant, quien realizó una investigación sobrela historia de la lucha del aborto en Santa Fe, publicó la semana pasada una nota que visibiliza el vínculo entre el médico Dalla Fontana con la Secretaria de Niñez santafesina Patricia Chialvo.“Hace 32 años que es empleado público del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, según los registros oficiales. El ginecólogo fue asesor de la Comisión de Salud entre 2007 y 2011 de la ex diputada Silvina Frana, hoy Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, y luego de Chialvo, cuando ocupó la banca entre 2015 y 2019”, detalla Bárbara, que insiste en el pedido de explicaciones al gobierno provincial sobre si actualmente hay vínculo entre Grávida y esas funcionarias. En la nota Bárbara relata que la ex diputada provincial Alicia Gutiérrez aseguró que el médico, ya siendo asesor de Chialvo, la denunció por tener en su página web información sobre cómo utilizar el Misoprostol. “Ahora la justicia deberá analizar si se quebró alguna ley y los funcionarios aclarar cuáles son sus relaciones hoy”. Una solicitud que también elevaron un centenar de organizaciones, gremios, ONGs, junto a algunxs legisladorxs, a través de una carta abierta a la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena.

El lunes, el Gobierno de Santa Fe a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, presentaron una denuncia ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) por el caso de la niña. También pidieron a la Justicia que “se inicie la Investigación Penal Preparatoria que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades de quienes actuaron en los hechos”, según detalla el comunicado de prensa. Fuentes cercanas a la Secretaría de Niñez informaron a este suplemento que el vínculo entre Patricia Chialvo y Raúl Dalla Fontana, médico de Grávida, no influye en la actitud del gobierno en la situación con la niña o en situaciones análogas.

Los vínculos políticos expuestos: ¿censura en los medios?

“Hubo una gran cobertura por la magnitud que tiene esta vulneración de derechos. La sociedad entendió que esta organización en particular obstaculizó un derecho e incluso puso en riesgo la salud de la niña”, explica la periodista de Diario Uno. Sin embargo, después del viernes 6 de enero, cuando se publicaron los vínculos cercanos entre funcionarios provinciales y el médico de la organización Grávida, la cobertura bajó “no sabría decir por qué, pero no hubo rebote, tengo muchas fuentes que lo confirman, es algo que pasa y quieren que parezca una mentira”, reclama. Para Bárbara era primordial dar a conocer esa información, hacer un relato, un resumen sobre la historia de la provincia en relación a los abortos legales y cómo se han vulnerado muchos derechos.

Los hospitales más importantes de la provincia tienen objetores de conciencia, que presionan para que estos derechos no se garanticen. Así lo indica el «Primer Monitoreo Social Santafesino de Acceso a los Derechos Sexuales» realizado en el Centro Norte, por la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe y la Asociación Civil Palabras. El documento revela cómo el Estado asegura la salud sexual en la provincia. Según las estadísticas, casi un 20 por ciento de las personas consultadas no recibió asesoramiento en el centro de salud acerca de métodos anticonceptivos. Sobre la entrega de Misoprostol, el dato es alarmante, el 81 por ciento aseguró no disponer de esa información. La falta de conocimiento se convierte en la principal barrera. En muchos lugares de la provincia sigue vigente la idea de los abortos quirúrgicos, cuando alrededor de un 90 por ciento de las prácticas se realizan de manera ambulatoria.

Una guerra contra la autonomía de los cuerpos

El derecho al aborto, la posibilidad de elegir, la autonomía y la capacidad de decisión que propone una ley como la 27.610, son prácticas que dan cauce a la autonomía de los cuerpos de las personas con capacidad de gestar. Tener útero no te hace madre, ser mujer no trae consigo la obligatoriedad de maternar, son roles sociales que pueden elegirse. El abordaje biologicista que tiene la medicina e incluso, muchas políticas públicas, naturalizan ciertas violencias centradas en el autoritarismo conservador. “Nos quieren confirmando roles de género a cualquier edad y bajo cualquier circunstancia. No importa cuán crueles sean, por eso las niñas madres siguen existiendo”, explica Deza.

La periodista, por su parte, lo describe como una guerra contra las mujeres en la que se ponen en juego “las creencias morales y religiosas de un sector conservador de la población, que tiene mucho poder y avanza contra los profesionales que quieren garantizar derechos”.

Tanto Bárbara como Mariángeles coinciden en que el acceso a información, recursos y derechos no funciona de la misma manera en el centro, el norte de la provincia o el sur, las ciudades que tienen sus propios hospitales o los pueblos. Se avanzó mucho, porque se trata de una lucha histórica, fundamentalmente en el trabajo de capacitación para los profesionales de la salud, con una mirada sensible en relación al derecho al aborto.

Otra gran conquista de las organizaciones fue la producción de Misoprostol, que se logró en 2017 y comenzó en 2018. Actualmente cuenta con el primer laboratorio público. Además, fue una de las primeras provincias que comenzó a distribuirlo en su farmacia pública en 2013.

El Hospital Iturraspe es un hospital emblemático para lxs santafesinxs, desde el punto de vista de los derechos sexuales. Allí murió Ana María Acevedo en 2006 una joven de 20 años a quien a pesar de su situación de vulnerabilidad y enfermedad el Comité de Ética decidió no practicarle el aborto y no brindarle el tratamiento terapéutico que ella necesitaba por tener cáncer.En ese entonces, el equipo de ginecología se declaró totalmente objetor de conciencia. Hoy, 17 años después, hablamos de otra situación social y política, que permite el accionar de un equipo interdisciplinario que escucha la voz de una niña de 12 años. Mariángeles afirma que se debe a la lucha y demanda que se sostiene históricamente desde el movimiento feminista en Santa Fe y que hoy está dando sus frutos. A pesar de todas estas conquistas y del trabajo diario de profesionales de la salud, docentes, funcionarixs, militantxs, una organización fundamentalista católica consigue filtrarse, y pretende amedrentar, incidir sobre algo que tanto costó entender socialmente: la soberanía de los cuerpos. Avanzan con sus propias reglas, superando límites impensados y avasallando derechos, accionando de forma paralela al Estado.

No se trata de un hecho aislado, ni se circunscribe a la parroquia de un pueblo, es una situación mundial de grupos fundamentalistas que persiguen a quienes garantizan derechos y a quienes los ejercen. “Eso de la maternidad será deseada o no será, no les cabe en su proyecto político, en su idea de sociedad. Tienen un proyecto fascista y machista. Pretenden amenazarnos, pero nosotras seguimos en pie de lucha”, proclama Mariángeles. ¿Por qué se siguen sosteniendo? ¿Cómo se trabaja para desarticular estos espacios que abonan al incumplimiento de leyes y avasallan sobre conquistas históricas? ¿Quiénes las financian? ¿Qué rol ocupa el Estado y el gobierno provincial en esa tarea?

Según Soledad Deza, está mucho más naturalizado en el horizonte religioso ser madre que decidir no serlo, de ahí las resistencias al aborto como expresión del derecho a decidir y la instrumentalización de los cuerpos infantiles al servicio de una maternidad obligatoria. “Para llevar adelante un embarazo y parir, ningún profesional de la salud te pide un consentimiento informado, para abortar sí. Eso da cuenta de que, sea por la vigencia de la heteronorma, los valores cristianos o el mandato del patriarca”, considera.

Este accionar de las derechas se replica en la región, el fundamentalismo en todo el mundo se organiza en contra de los derechos sexuales. Uno de los ejemplos más recientes a nivel internacional es la revocación del histórico fallo Roe vs. Wade en Estados Unidos, un derecho adquirido hace 50 años que garantizaba el aborto en todo el territorio: el máximo tribunal estadounidense revocó esa sentencia y dejó en manos de cada estado la posibilidad de garantizarlo o no.

¿Y ahora qué?

“La niña está bien y acompañada”, confirmaron desde la Campaña. Las organizaciones priorizan el cuidado de la niña, después de la violencia y exposición a la que fue sometida, primero por su progenitor, después por Grávida y posteriormente por el tratamiento de los medios que constantemente indagaban sobre cada detalle. “Debe volver a su pueblo, a la cotidianeidad de una nena de 12 años, nos importa su integridad y su intimidad”, dice Mariángeles, preocupada por esa situación generada por una organización, en connivencia con la Iglesia. “¿Quién repara los daños que sufren las niñas?”, se pregunta Soledad Deza.

Hay sobrados casos y argumentos que exponen el accionar irregular que tiene Grávida, con niñas y mujeres en todo el país, aunque en su página web se presentan como una organización de asistencia a maternidades vulneradas. ¿Por qué el Gobierno Provincial esperó llegar al extremo de una situación, exponiendo la integridad física y psicológica de una niña para presentar una denuncia? ¿Cuál es la respuesta del Estado, ante la visibilidad de este caso? ¿Cuánto más tiempo se necesita para que los derechos de las niñas sean prioridad? “Ellos actúan desde las sombras de incógnito, no dan la cara, retienen niñas, les mienten a mujeres y pasan por encima de sus decisiones. Nosotras luchamos por la vida digna, por la autonomía, luchamos por los derechos humanos”, resume Mariángeles. 

FUENTE: https://www.resumenlatinoamericano.org/