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diciembre 15, 2022

“La verdad negada” del desplazamiento forzado en las mujeres en Colombia


Madrid, 15 dic. Para las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, el desplazamiento forzado fue “un hecho atroz” que desestabilizó sus vidas y dejó impactos como la estigmatización, la ruptura familiar, el despojo de tierras, la precariedad económica o la violencia sexual.

Lo relatan las protagonistas del informe “La verdad negada: Impactos del desplazamiento forzado en Cartagena sobre cuerpos de mujeres”, de la ONG Movimiento por la Paz (MPDL), la Fundación Movimiento por la Paz y la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar, que financia el Ayuntamiento de Barcelona.

Lucy Sosa es una de esas mujeres que se tuvo que desplazar de su casa en el Sur de Bolívar, y dejar su tierra y su vida como campesina para empezar desde cero en la ciudad de Cartagena, donde hoy es lideresa social.

“El desplazamiento forzado lleva a empobrecer y a revictimizar a las mujeres cuando llegamos a estas grandes ciudades que desconocemos y en las que pasamos a tener roles diferentes”, explica Sosa, quien ha participado la investigación recabando información.

La lideresa, que forma parte de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena, subraya la importancia de este informe para visibilizar la situación de muchas mujeres desplazadas por el conflicto armado a lo largo de todo el país.

“Es un hecho victimizante atroz que desestabiliza a las mujeres y a toda la sociedad colombiana”, asegura.

El departamento de Bolívar, donde se encuentra Cartagena, es el segundo del país con más casos de desplazamiento forzado entre 1985 y 2019, con 631.276 víctimas, según la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV).

En ese periodo en todo el territorio nacional se reportaron 7.752.964 víctimas de desplazamiento forzado.

Debido a la alta incidencia de esta forma de violencia, la investigación recoge de manera cualitativa los impactos individuales, familiares, económicos y sociales en las mujeres de la ciudad de Cartagena con el objetivo de construir recomendaciones para las instituciones.

Entre los efectos económicos, el informe señala la pérdida de bienes materiales, el despojo de tierras y la precariedad económica, lo que fue especialmente victimizante dado que la mayoría de la población era campesina y al huir tuvo que dejar su modo de vida.

A ello se suman el dolor por las pérdidas humanas, materiales, económicas y simbólicas o la sensación de injusticia, frustración e impotencia.

El conflicto armado también ha dejado innumerables impactos familiares como la alteración de roles, la ruptura de los lazos o el menoscabo de la identidad familiar.

“Nunca más hemos tenido la oportunidad de estar juntos en familia, no hemos vuelto a compartir una Navidad”, cuenta Sosa emocionada al reconocer que la separación de su familia ha sido lo que más le ha golpeado en el marco del conflicto.

Además, las participantes de la investigación señalan la estigmatización social, que obligó a muchas mujeres a mantenerse en silencio y no hablar de lo ocurrido.

“Nos estigmatizaban por el hecho de ser víctimas o desplazadas, asumían que si estabas ahí era porque eras guerrillera o amante de guerrilleros”, explica Sosa.

Tras su publicación el pasado 28 de noviembre, se entregó el informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al Ministerio Público, a la Unidad para las Víctimas y al gobierno regional y nacional para que den cumplimiento a las recomendaciones.

Así, se insta a visibilizar los efectos del desplazamiento, garantizar el acceso a proyectos productivos, reparación integral a las mujeres y sus familias, educación para evitar la estigmatización, una política de reubicación en la ciudad o poner en marcha los programas de retorno y restitución de tierras.

FUENTE: INFOBAE


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