La migración forzada proveniente de Venezuela continúa y uno de los grupos poblacionales más afectados son las mujeres, lo que requiere que la respuesta por parte de los países receptores tenga en cuenta sus necesidades particulares.

Para septiembre de este año 7,1 millones de personas habían salido de Venezuela, superando a Siria. El 35% de esta población (casi 2,5 millones) se encuentra en Colombia y de ellas el 51% son mujeres, la mayoría entre 5 y 40 años de edad. El 63% de los hogares de población migrante están liderados por mujeres.

Las causas de la migración, los riesgos que se enfrentan durante el tránsito migratorio y las dificultades para autosostenerse en los lugares de acogida impactan de manera desproporcionada a las mujeres. En este mar de adversidades, una de las principales barreras que enfrentan las mujeres y sus familias es el acceso a alimentos.

Un estudio de la Universidad del Norte encontró que el 37,4% de los hogares con jefatura femenina migrante manifestó haber consumido una sola comida al día, porcentaje superior al de los hogares con jefatura masculina. En el caso de Bogotá, el 13,6 % de los hogares migrantes con jefatura femenina reportaron consumir menos de tres comidas al día durante los últimos siete días antes de la pandemia, mientras que después de la pandemia un 41,8 % (es decir 28,2% más) afirmó que la inseguridad alimentaria en su hogar había aumentado.

Según un informe del Banco Mundial la mayor inseguridad alimentaria de los hogares migrantes con jefatura femenina puede explicarse por las brechas de acceso al empleo que enfrentan las mujeres y la sobrecarga en las labores de cuidado. La tasa de desempleo de las mujeres migrantes es 20% mayor que la de los hombres migrantes, y en el caso de las que cuentan con un ingreso, este es casi un 44% menor que el de sus pares colombianas.

Incluso, según lo ha documentado Dejusticia, cuando las mujeres migrantes logran acceder a un empleo muchas deben renunciar al poco tiempo porque no cuentan con redes de apoyo para el cuidado de sus hijas e hijos.

Si bien Colombia ha hecho esfuerzos para responder a las necesidades de las personas migrantes, adoptando medidas para responder a la emergencia y avanzando en programas de regularización migratoria, aún falta que esas políticas adopten diversos enfoques diferenciales y en particular identifiquen y atiendan las necesidades específicas de las mujeres en situación de movilidad.

Una medida que puede tener un impacto importante para superar la inseguridad alimentaria no solo de las mujeres migrantes y sus familias, sino en general de las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica son las transferencias monetarias no condicionadas, como el Programa Ingreso Solidario (PIS) y los programas de transferencias humanitarios.

Estos programas han evidenciado tener múltiples beneficios. De un lado, han permitido responder a las principales necesidades específicas de la población migrante, como las derivadas de la escasez de alimentos, y a su vez, promover procesos de estabilización e integración en las comunidades de acogida. Y de otro, han otorgado protección y empoderamiento de las mujeres y sus familias, permitiendo la toma de decisiones autónomas en función de sus necesidades. En particular de aquellas que se encuentran sobrecargadas con responsabilidades de cuidado, con una escasa red de apoyo y enfrentan dificultades para insertarse en el mercado laboral.

Los programas de transferencias monetarias han sido criticados por tener un carácter asistencialista. Sin embargo, es importante entender que estos generalmente se implementan en contextos de crisis, deberían ser temporales y complementados con programas de acceso al empleo. Si estos programas son adecuadamente implementados y diseñados, permiten que quienes se benefician puedan satisfacer sus necesidades básicas mientras logran estabilizar su situación económica.

Diversos son los retos que implica para Colombia ser el mayor receptor de población migrante, en especial porque el Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias de 2022 alertó que nos encontramos dentro de los 53 países en riesgo de enfrentar niveles de inseguridad alimentaria cada vez mayores. Por lo que resulta indispensable que el Estado tome medidas articuladas que permitan proteger a las mujeres migrantes y refugiadas de situaciones de inseguridad alimentaria y hambre.

Las transferencias monetarias no condicionadas han demostrado tener un impacto positivo sobre todo en los casos en donde las mujeres migrantes participan activamente del diseño, implementación y evaluación de esas políticas. Colombia ha dado pasos importantes en ese sentido y es clave que estos programas se sigan fortaleciendo y amplíen su cobertura convirtiendo a las mujeres en protagonistas de las políticas y no meras espectadoras.

FUENTE: LA SILLA VACIA